Ejidatarios de los núcleos agrarios Graseros y Loma Verde, en el municipio de Cuencamé, denunciaron públicamente la presunta intromisión de la diputada local de Morena, Georgina Solorio García y del regidor de Lerdo, Gerardo Delgado Cruz, a quienes señalan de ejercer presiones y engaños con la finalidad de apropiarse de tierras que actualmente se encuentran legalmente arrendadas.
De acuerdo con los denunciantes, existe un contrato de arrendamiento vigente, firmado el 4 de mayo de 2015, mediante el cual los ejidatarios, a través de su comisariado ejidal y de manera individual, otorgaron el uso de las tierras al empresario lagunero Sergio Ignacio Galindo Fierro por un plazo de 15 años, derivado de la inversión necesaria para poner en producción la superficie.
A través de entrevistas telefónicas, ejidatarios señalaron que, durante más de diez años, el acuerdo se desarrolló en completa armonía, cumpliéndose puntualmente con las obligaciones de ambas partes, tanto en el uso del predio como en el pago de la renta conforme a lo establecido en el contrato.
Sin embargo, indicaron que a finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, un grupo aproximado de cinco ejidatarios bloqueó el acceso al predio, impidiendo la entrada del empresario y de sus trabajadores. Estas acciones, aseguraron, habrían sido realizadas por instrucciones de la diputada Georgina Solorio y del regidor Gerardo Delgado, quienes, presuntamente, les indicaron no recibir más los pagos de renta ni los intereses pactados del 5 por ciento.
Los inconformes afirmaron que el objetivo de estas presiones sería forzar la terminación anticipada e irregular del contrato, para exigir al arrendatario un pago considerablemente mayor al acordado originalmente. No obstante, la mayoría de los ejidatarios manifestó su desacuerdo con estas acciones y su deseo de que el contrato continúe vigente, ya que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.
Asimismo, denunciaron que algunos ejidatarios fueron amenazados con ser despojados de sus derechos agrarios en caso de aceptar el pago de la renta, lo cual calificaron como un acto ilegal que atenta contra el interés colectivo del ejido.
Por su parte, el apoderado legal del empresario explicó que el contrato contempla la apertura de mayor superficie de cultivo, estableciendo que el pago adicional por dichas tierras se realizaría cinco años después de su incorporación. En este caso, precisó, solo han transcurrido dos años, por lo que no existe fundamento legal para exigir un pago extra.
Finalmente, los ejidatarios señalaron que actualmente el productor Sergio Galindo Fierro mantiene cultivos en pie e implementos agrícolas dentro del predio, sin poder acceder a ellos debido a las presuntas amenazas, por lo que exigieron el respeto al contrato y a la legalidad agraria.
