I.- SARAMPIÓN: CUANDO LA REACCIÓN LLEGA DESPUÉS.
La confirmación del primer caso de sarampión en Gómez Palacio debería ser motivo de alerta seria, no solo epidemiológica, sino también institucional. Aunque las autoridades sanitarias han reiterado que la menor se encuentra fuera de peligro y que ya no existe riesgo de transmisión, el hecho de que una enfermedad considerada prevenible por vacunación vuelva a aparecer en La Laguna de Durango obliga a una reflexión profunda sobre los mecanismos de detección y prevención. El discurso oficial enfatiza la activación “inmediata” de cercos epidemiológicos tras la confirmación del caso. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿por qué se llegó a este punto? El sarampión no es una enfermedad nueva ni imprevisible. Su reaparición suele ser consecuencia directa de fallas en la cobertura de vacunación, seguimiento deficiente de esquemas incompletos o una vigilancia epidemiológica que reacciona más de lo que se anticipa. Resulta positivo que los dos casos sospechosos detectados en la comunidad de Nazareno hayan sido descartados y que se convoque a jornadas de vacunación. No obstante, estas acciones, aunque necesarias, parecen responder a la presión del hecho consumado y no a una estrategia permanente y preventiva, como lo exige un sistema de salud robusto.
II.- EL LLAMADO A PADRES DE FAMILIA A QUE ACUDAN A APLICARSE LA VACUNA.
El llamado a madres y padres de familia para revisar las cartillas de vacunación es correcto, pero insuficiente si no va acompañado de campañas constantes, visitas comunitarias y una comunicación clara que no dependa de la aparición de un caso para activarse. La responsabilidad de la inmunización es compartida, sí, pero el Estado tiene la obligación de garantizar acceso, seguimiento y confianza en los servicios de salud. La existencia de la “dosis cero” y su relevancia en contextos de riesgo epidemiológico plantea otra interrogante: ¿se estaba aplicando de forma sistemática antes de este caso? ¿O su promoción surge ahora como medida reactiva? Reconocer que la menor está fuera de peligro no debe servir para minimizar el fondo del problema. El verdadero riesgo no es este caso aislado, sino la normalización de respuestas tardías ante enfermedades que el país ya había logrado mantener bajo control. La aparición del sarampión en Gómez Palacio debe asumirse como una advertencia. Más allá de los comunicados tranquilizadores, es momento de reforzar la vigilancia epidemiológica real, anticiparse a los brotes y dejar claro que, en materia de salud pública, llegar tarde también cuenta como un error.
III.- EL PODER NO SE ARRIENDA: POLÍTICA Y PRESIÓN EN EL CONFLICTO EJIDAL DE CUENCAMÉ.
El conflicto ejidal que hoy sacude a comunidades de Cuencamé no es solo un diferendo agrario: es una muestra preocupante de cómo el poder político, cuando se ejerce sin límites claros, puede convertirse en un factor de desestabilización social. Las denuncias públicas de ejidatarios de Graseros y Loma Verde contra la diputada local Georgina Solorio García y el regidor de Lerdo Gerardo Delgado Cruz, ambos de Morena, no pueden ni deben tomarse a la ligera. De acuerdo con los propios ejidatarios, existe un contrato de arrendamiento vigente, fechado el 4 de mayo de 2015, suscrito por un periodo de 15 años y cumplido sin conflicto durante más de una década. La armonía entre las partes, aseguran, se rompió no por incumplimientos contractuales, sino tras la presunta intervención de actores políticos que, lejos de fungir como mediadores o defensores del interés colectivo, habrían incentivado la confrontación y la presión económica. Lo más delicado del caso no es únicamente el intento de modificar de manera anticipada los términos de un contrato legalmente establecido, sino el señalamiento de amenazas directas: advertencias de despojo de derechos agrarios a quienes aceptaran el pago de la renta pactada. Si estas versiones son ciertas —y corresponde a las autoridades investigarlo— estaríamos frente a una intromisión inadmisible en la vida interna de un ejido, una figura que históricamente ha sido vulnerable a abusos de poder.
IV.- Y ESO QUE SON LOS DEFENSORES DEL PUEBLO.
Resulta paradójico que este conflicto surja desde actores identificados con un movimiento político que se asume como defensor de los desprotegidos y enemigo de los abusos. Morena ha construido su narrativa sobre el combate a la corrupción y al despojo; sin embargo, cuando sus representantes son señalados por ejidatarios como promotores de presiones, engaños y cobros “estratosféricos”, el discurso se desmorona frente a la realidad. También llama la atención que, pese a que la mayoría de los ejidatarios manifiestan su voluntad de continuar con el contrato —al haber recibido puntualmente los pagos—, un grupo reducido, presuntamente alentado desde la política, haya optado por el bloqueo del predio, afectando cultivos en pie, inversión productiva y la estabilidad económica de toda la comunidad. La tierra ejidal no es botín político ni moneda de negociación. La función de una diputada local y de un regidor no es intervenir en conflictos privados para torcer contratos, sino garantizar el respeto a la ley, la legalidad y la voluntad colectiva. Cuando el poder se usa para presionar en lugar de conciliar, deja de ser representación y se convierte en imposición. El caso de Cuencamé exige claridad, legalidad y prudencia. Si existen inconformidades, estas deben resolverse por la vía jurídica, no mediante amenazas ni bloqueos alentados desde cargos públicos. De lo contrario, el mensaje es peligroso: que el poder político puede colocarse por encima de la ley y de los acuerdos firmados.
V.- CUANDO ESCUCHAR TAMBIÉN ES GOBERNAR.
En medio de un Cabildo que con frecuencia parece más cómodo en la ausencia que en el debate, el posicionamiento de los regidores de Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio deja una lectura clara: escuchar no debería ser un acto extraordinario, pero hoy lo es. Que la bancada naranja haya sido la única en atender el llamado del Consejo Ciudadano de La Laguna e Iniciativa Privada (CLIP) exhibe, por contraste, el silencio del resto de las fracciones. El diagnóstico planteado no es nuevo: desorden urbano, reglamentos desactualizados y una ciudad atravesada por cables que ya no sirven, pero sí estorban y ponen en riesgo. Lo relevante no es señalar el problema, sino asumirlo como tarea política. En ese sentido, la intención de homologar reglamentos metropolitanos y actualizar el marco de urbanismo apunta a una deuda histórica de los municipios laguneros: gobernar como región y no como islas. La propuesta de obligar al retiro de cableado aéreo en desuso, incluso con un programa municipal que absorba el costo, puede parecer ambiciosa, pero es justamente ese tipo de decisiones las que separan la gestión del simple discurso. Si se concreta, marcaría un precedente en ordenamiento urbano y corresponsabilidad institucional. Movimiento Ciudadano gana espacio no solo por lo que propone, sino por estar donde otros no estuvieron. El reto ahora es que esta apertura al diálogo no se quede en buena voluntad ni en posicionamiento político, sino que se traduzca en reglamentos, acuerdos y acciones visibles. Porque escuchar suma, pero cumplir es lo que realmente ordena el caos.
