La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
La presidenta Claudia Sheinbaum no desmintió la información publicada por Bloomberg sobre la cancelación de los envíos de petróleo mexicano a Cuba. Y en política, cuando no se desmiente, se confirma por omisión. El silencio refuerza la versión de que la presión de Donald Trump para apretar a la dictadura de la isla ya tuvo efectos concretos en las decisiones del gobierno mexicano.
Sheinbaum explicó que es Pemex “la que decide” los envíos, pese a que fue la propia petrolera la que creó una empresa fachada para justificar el suministro de combustible a Cuba. La narrativa oficial habla de solidaridad humanitaria, pero en la vida cotidiana de la sociedad cubana nunca se reflejaron esos beneficios. El petróleo mexicano no alivió al pueblo; apuntaló al régimen, como lo ha hecho desde los tiempos de Enrique Peña Nieto.
Dentro de Morena, los sectores duros hablan de claudicación. La realidad es menos ideológica y más pragmática: la presidenta puso en la balanza el peso de cada relación y decidió con frialdad política.
Los números ayudan a entender esa lógica. Tan solo el año pasado, las operaciones contra los recursos del crimen organizado dejaron al Estado mexicano cerca de 4 mil millones de dólares, dinero que ingresó a las arcas nacionales, principalmente en el segundo semestre, gracias al endurecimiento de la vigilancia financiera desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una parte provino del combate directo al crimen; otra, de la regularización forzada de negocios advertidos por irregularidades. El factor común fue el mismo: más tecnología, más investigación y más presión sobre los flujos ilegales.
En el frente político interno, hace una semana una reunión en Palacio Nacional desató rumores sobre una supuesta mala relación entre Sheinbaum y los liderazgos formales de Morena, Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde. Hoy se sabe que el encuentro tuvo otro objetivo: trazar la ruta hacia la elección intermedia y la revocación de mandato. Las encuestas reales —no las de consumo interno— muestran números que inquietan al partido gobernante: el control absoluto ya no está garantizado.
Y, como si faltara un ingrediente, cada semana aparece algo nuevo sobre Adán Augusto López. El líder de la bancada de Morena en el Senado vuelve a estar en el ojo del huracán. Nos dicen que ya no está cómodo con el trato que recibe de amigos y colegas; algunos incluso le han retirado el saludo. Escándalo tras escándalo, su figura se ha ido desgastando y muchos de sus antiguos incondicionales hoy apenas guardan la cortesía mínima.
En los pasillos del Senado se comenta una posible salida diplomática. Aceptar una embajada podría ser la válvula de escape. Falta saber si él quiere… y si el momento político se lo permite.
Todos lo saben en Palacio y en los pasillos de Morena: Marina del Pilar Ávila atraviesa el momento más delicado de su carrera política.
Quienes han hablado con ella la describen desgastada, presionada y emocionalmente tocada.
Por eso la crisis estatal activó una operación de contención desde el centro. El gesto más claro fue la presencia de Claudia Sheinbaum en Tijuana, encabezando la conferencia matutina con parte de su gabinete, la propia Marina del Pilar y funcionarios estatales. El mensaje fue inequívoco: respaldo político al cargo, aunque los expedientes sigan abiertos.
El operativo en favor de Marina del Pilar es amplio. La semana pasada estuvo en Baja California el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. No fue una visita menor. Delgado fue el principal impulsor político de Marina en 2021, cuando la vía judicial cerró el paso a Jaime Bonilla y se le negó la ampliación de mandato.
El respaldo, sin embargo, no es incondicional. En Morena se protege el territorio y la estructura, no necesariamente a las personas. Y ahí aparece el primer límite del salvamento: el futuro de Carlos Torres, cuya carpeta de investigación (Cedula E-I-3 FEIORPIGAMF), a cargo de la agente del MPF Rebeca Rojo Hernández, seguiría avanzando.
Pero hay un dato adicional —y más delicado— que explica por qué el cerco se ha cerrado con mayor fuerza. Nos dicen que Audomaro García Harfuch, la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad e inteligencia estaría por enfrentar una orden de aprehensión en México por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La iniciativa, aclaran, no partiría de la Fiscalía General de la República… ¡Recuerde que se lo adelantamos en este especio!
En la capital oaxaqueña, cerca del 70% de quienes acudieron a las urnas votaron a favor de la revocación. Lo mismo ocurrió en otros distritos clave. El dato más simbólico —y políticamente demoledor— fue que Jara perdió incluso en su propia casilla. Cuando un gobernador no controla ni su entorno inmediato, el problema ya no es de percepción; es de operación.
Más aún: cuatro de cada diez votantes rechazaron al gobernador. Ese nivel de voto negativo no causa menor para alguien que presume control político de su estado. Salomón Jara sigue en el cargo, sí, pero sale claramente debilitado.
Los números apuntan a una movilización organizada, no a un descontento espontáneo. Y detrás de esa operación estuvo el PT. Pero la ruptura no nació con la consulta. Venía gestándose desde antes.
Lo ocurrido en Oaxaca no es un problema local. Morena impulsa una reforma electoral que requiere mayoría calificada. Sin el PT, no hay reforma. El propio Ricardo Monreal lo ha reconocido. Y el PT lo sabe.
Salomón Jara seguirá gobernando. Pero más débil. La consulta que buscaba legitimarlo terminó por exhibir su desgaste. Y Morena recibió una advertencia clara: los aliados pequeños también cobran facturas. No solo en el Congreso, también en las urnas.
Si algo ha quedado claro desde que rindieron protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte, el 1 de septiembre de 2025, es que el cambio prometido no trajo la ruptura anunciada. No ha pasado un solo día sin que el nuevo Poder Judicial sea noticia. Y casi nunca por las razones correctas.
La elección judicial se vendió como el inicio de una era distinta: austeridad, transparencia, fin de privilegios. Sin embargo, a pocos meses de su arranque, la narrativa se desmorona. El episodio más reciente lo resume todo: la compra de camionetas blindadas de lujo para ministras y ministros que, durante años, criticaron hasta el cansancio las “prácticas neoliberales” de sus antecesores.
Nueve Jeep Grand Cherokee modelo 2026, con un costo base superior al millón de pesos y que, tras el blindaje de alto nivel, superan los tres millones por unidad. Más de 27 millones de pesos solo en ese rubro. A ello se suma una flotilla adicional para magistrados y jueces electos bajo el mismo sistema del acordeón. El discurso de austeridad duró menos que la garantía del proveedor.
En paralelo estalló otro episodio simbólico: el contrato para un retrato al óleo de Lenia Batres Guadarrama. La Corte aseguró que sí hubo adjudicación, pero que la artista incumplió y no se realizó ningún pago. Batres se deslindó de inmediato, alegando que no tuvo nada que ver con la contratación, ni con la no realización ni con el pago inexistente. El detalle es que, en tiempos de austeridad proclamada, el solo contrato ya era un error.
El problema es todavía más profundo. El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano, habría asignado por adjudicación directa un contrato por 252 millones de pesos para la compra de 571 vehículos a Jet Van Car, empresa propiedad de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López. El destino: altos mandos del Tribunal Electoral y de la propia Corte.
La decisión fue avalada por el pleno del OAJ y publicada el 23 de enero. La justificación: renovar el parque vehicular por fallas recurrentes. Lo que no se anexó fueron análisis mecánicos, financieros, operativos ni de seguridad que respaldaran la magnitud de la compra o la necesidad de la adjudicación directa. Tampoco aparecen detalles claros en los registros públicos federales sobre el proveedor.
Jet Van Car no es un actor nuevo. Ha hecho negocios con el gobierno desde el sexenio de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026 acumula 825 contratos federales por casi 19 mil millones de pesos, según Compras MX. Lo llamativo es que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador la empresa fue inhabilitada por incumplimientos, observada por la Auditoría Superior de la Federación y reportada al SAT por temas fiscales. Hoy, vuelve a ser proveedora estrella.
La reforma judicial prometió erradicar corrupción y privilegios. Cambió estructuras, pero no hábitos. Los excesos reaparecieron pronto, las justificaciones también y la austeridad quedó reducida a consigna.
Coahuila vuelve a marcar un contraste incómodo para la narrativa oficialista: aquí las instituciones no se anuncian, se construyen.
La inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo y el Informe Anual de Labores 2025 del magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup no fueron actos protocolarios ni ceremonias de trámite. Fueron, en los hechos, un corte de caja político e institucional sobre el rumbo del Poder Judicial del Estado en un momento nacional donde la justicia está bajo sospecha.
El mensaje fue claro desde el arranque: modernizar no es discurso, es infraestructura; humanizar no es consigna, es capacidad operativa. La Ciudad Judicial no solo concentra juzgados, salas y áreas administrativas; concentra tiempos, reduce traslados, elimina duplicidades y acelera resoluciones. El modelo apunta a atender hasta mil personas al día, con horarios extendidos, servicios especializados y una lógica de atención que rompe con la justicia lenta y fragmentada que tanto desgaste social ha generado.
La presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra, añadió una lectura adicional. No todos los poderes judiciales del país cruzan agendas por compromiso; lo hacen cuando hay modelos que observar. Guerra no llegó a aplaudir, llegó a constatar que en Coahuila se está construyendo una justicia operable, medible y políticamente respaldada.
Y en política, los resultados pesan.
En un país donde la credibilidad institucional se erosiona a diario, Coahuila decidió nadar a contracorriente. Y eso, hoy por hoy, no es poca cosa.
La llamada Alianza Ciudadana por la Seguridad no nació esta semana. Viene caminando desde la elección a gobernador que llevó a Manolo Jiménez Salinas al poder y se ratificó en las urnas durante los comicios municipales, donde PRI y UDC terminaron gobernando a cerca del 90% de la población del estado. Saltillo, Torreón, Monclova, Acuña, Ramos Arizpe y buena parte de La Laguna y la región Centro no son datos menores: son territorio, estructura y voto duro.
El acuerdo es quirúrgico: candidaturas bien medidas, distritos prácticamente definidos y una lógica clara de reparto. Los perfiles priistas encabezarán la mayoría de las fórmulas, mientras que la UDC asegurará suplencias clave —sobre todo en distritos donde su fuerza electoral es determinante, como Ciudad Acuña—. No improvisaron. Ajustaron tuercas con anticipación.
¿Y el PAN? Quedó en la orilla.
El problema para el PAN no es solo quedarse fuera de la alianza, sino quedarse sin narrativa. Mientras PRI y UDC hablan de seguridad, estabilidad, resultados y continuidad, Acción Nacional parece atrapado en la contención de daños internos, sin estructura clara ni socios estratégicos. En política, quedarse solo no siempre es un acto de valentía; a veces es señal de aislamiento.
La ruta es clara: PRI y UDC ya registraron su alianza ante el Instituto Estatal Electoral. También, hicieron lo propio Morena y el PT, con la presencia anunciada de Luisa María Alcalde y Alberto Anaya, en un intento por mostrar unidad que, a juzgar por Oaxaca y otros estados, ya no es automática. El PVEM y Movimiento Ciudadano, por ahora, observan desde la barrera.
Por lo pronto, la alianza ya está amarrada. Y en política local, quien se queda fuera del acuerdo, suele quedarse fuera del reparto.
México aprendió esto a golpes. Durante la hegemonía del viejo PRI, la frase “hasta los muertos votan” no era una exageración retórica. Padrones inflados, duplicados, rasurados selectivos y manipulación abierta eran parte del paisaje electoral. Por eso, cuando hace 25 años se creó un órgano autónomo, la prioridad fue borrar todo y empezar de cero. Reempadronar a la ciudadanía, depurar registros y construir una credencial con fotografía, datos biométricos y controles estrictos.
Fue caro. Tomó tiempo. Generó resistencias. Pero funcionó. Hoy el padrón ronda los 100 millones de registros y es considerado uno de los más confiables del mundo. Sin muertos. Sin duplicados. Sin sesgo partidista. Ese logro no es accesorio: es la columna vertebral de elecciones creíbles.
Las consejeras Carla Humphrey y Arturo Castillo expresaron dudas fundadas. No se trata solo de imprimir plásticos. Se trata de manejar información altamente sensible: nombre, domicilio, fotografía, datos biométricos. Oro puro para campañas políticas.
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