La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Donald Trump cercó a Venezuela por mar y aire hasta lograr el objetivo que se había planteado: arrinconar al régimen y poner a Nicolás Maduro en la antesala de su captura o extracción. Hoy, en Washington, muchos creen que ese mismo manual comienza a desplegarse —con matices— sobre México y otros países de América Latina.
No se trata solo del aviso de la Federal Aviation Administration (FAA) sobre “operaciones militares” en aguas internacionales ni del envío de tropas a la frontera norte sin anuncio previo ni explicación pública. Es el cambio de lógica. La migración, durante años el principal eje de la relación bilateral ya no está sobre la mesa.
Paradójicamente, México ha cumplido como nunca. El gobierno federal cerró la frontera sur, desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional y contuvo las caravanas que marcaron el sexenio anterior. El propio Trump ha reconocido que la migración ilegal cayó a niveles históricamente bajos, pero ese esfuerzo no ha sido capitalizado políticamente. Washington lo registra, pero no lo recompensa.
El foco cambió. Ahora es seguridad, crimen organizado y —aunque no se diga en comunicados— narcopolítica.
El episodio del C-130J Super Hércules del ejército estadounidense aterrizando en Toluca, sin explicación oficial hasta el cierre de este espacio, encendió todas las alertas. Trump ya había advertido su intención de capturar a los capos que México “no encuentra”, y la sola imagen del avión militar bastó para disparar teorías, rumores y mensajes cifrados. No hay portaviones frente a Manzanillo ni destructores en el Golfo, pero la retórica funciona como cerco virtual, condicionando decisiones y estrechando márgenes de maniobra.
En abril del año pasado llegó como embajador Ronald D. Johnson, ex coronel de Fuerzas Especiales y ex Central Intelligence Agency. En México fue recibido con desdén burocrático. Nadie dimensionó —o quiso dimensionar— el movimiento político de Trump al colocar en la embajada a un perfil especializado en guerra irregular, inteligencia y combate al narcotráfico. En Washington, ese nombramiento fue leído como lo que era: un cambio de mando.
Oficialmente, en las llamadas Trump–Sheinbaum y en el grupo binacional se habla de seguridad, no de narcopolítica. La presidenta incluso salió a rechazar lo publicado por The Wall Street Journal sobre un supuesto pedido de Trump para detener a políticos mexicanos vinculados con cárteles. “No sé de dónde lo sacaron”, dijo. También negó que las revocaciones de visas a funcionarios mexicanos estén ligadas a ese tema. Formalmente, no existe un equipo binacional para investigar políticos. Formalmente.
De ahí que en pasillos del propio Morena ya se hable de operaciones de control de daños. Campañas para limpiar trayectorias, reforzar narrativas y blindar perfiles. En la lista aparecen Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández. No necesariamente porque vayan a competir en 2027, sino porque —dicen incluso dentro del partido— podrían convertirse en lastre electoral rumbo a 2027 y, sobre todo, 2030. Las dudas sobre su credibilidad no se ventilan en público, pero circulan con insistencia en los círculos internos..
En los círculos políticos mejor informados se sostiene que la reunión reciente en Palacio no giró en torno a la reforma electoral ni a la agenda comicial que públicamente se quiso colocar como telón de fondo. El verdadero eje fue otro: la presión bilateral posterior a la llamada entre la presidenta Sheinbaum y Trump, en la que el mensaje fue inequívoco: México debe hacer más.
El encuentro habría servido para procesar el endurecimiento de Washington frente a los señalamientos de narcopolítica, en un contexto donde los gestos dejaron de ser suficientes. Incluso la entrega de 37 personas reclamadas por Estados Unidos fue leída, del otro lado de la frontera, como insuficiente. No hubo aplausos ni concesiones. Solo la percepción de que el expediente sigue abierto.
En ese mismo clima comenzaron a circular versiones sobre posibles reacomodos preventivos. Una de ellas apunta a la eventual llegada del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a la Secretaría de Gobernación. No por su perfil como operador fino o negociador parlamentario, sino como movimiento de contención política, ante el riesgo que enfrentarían los gobernadores fronterizos de Morena bajo la óptica del gobierno de Trump, que los tendría en la mira como posibles operadores o administradores de redes criminales.
Mientras hacia afuera se multiplican las exigencias, hacia adentro el blindaje jurídico avanza con precisión quirúrgica.
El dato político no es menor: el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, producto del sistema del “acordeón”, confirmó la decisión a favor de Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Quién solicitó el amparo?... La respuesta añade una capa más de simbolismo.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió información según la cual un particular promovió la solicitud, señalando como domicilio la chocolatería de los hijos de López Obrador. El dato no es anecdótico: es políticamente demoledor. El lugar privado convertido en referencia judicial resume la lógica del poder que se protege a sí mismo mientras exige sacrificios hacia afuera.
La lectura en Washington es inevitable. Mientras se presiona por acciones contundentes contra el crimen y sus presuntos vínculos políticos, en México se refuerzan los escudos legales para las figuras más sensibles del régimen. El contraste no pasa desapercibido.
Y en medio, una presidenta que intenta sostener el equilibrio entre cooperar sin ceder soberanía y proteger sin exhibir debilidad. El problema es que, cuando los expedientes avanzan y los nombres se repiten, el tiempo deja de ser aliado.
Porque en esta nueva etapa, ya no basta con ganar tiempo. Ahora, cada protección también cuenta como señal.
La elección judicial fue vendida como el arranque de una nueva era: jueces, magistrados y ministros electos por voto popular; un sistema renovado, transparente y libre de corrupción. Apenas han pasado unos meses y esa narrativa ya se desfondó.
El corazón del nuevo modelo es el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y concentra la mayor parte del presupuesto judicial. Su función es tan simple como delicada: administrar recursos, contratos, licitaciones y la operación interna de los tribunales. Es decir, donde fluye el dinero… y donde suelen aparecer los problemas.
Y aparecieron pronto.
De acuerdo con reportes periodísticos, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, ordenó en diciembre una investigación interna por posibles irregularidades en contrataciones y licitaciones gestionadas por el propio órgano. El anuncio, lejos de tranquilizar, encendió focos rojos.
Poco después, proveedores denunciaron la existencia de una red de extorsión interna: funcionarios que exigían “comisiones” de hasta 20% a cambio de contratos. Quien no pagaba, quedaba fuera. El OAJ respondió con exhortos genéricos a denunciar ante la contraloría y promesas de transparencia. Pero el hecho central ya estaba ahí: el órgano recién nacido estaba bajo sospecha.
El escándalo escaló a inicios de año con la renuncia de Lorena Josefina Pérez Romo, integrante del pleno del OAJ, apenas cuatro meses después de asumir el cargo. Su salida se manejó con sigilo. No hubo explicación pública inmediata. La información salió por filtración.
Pérez Romo no era una figura marginal. Fue una de las defensoras visibles de la reforma judicial y aspiró incluso a cargos mayores con el discurso de erradicar la corrupción. Su salida, rodeada de versiones sobre presiones y contratos, golpea directamente la credibilidad del nuevo modelo.
No se trata de un episodio menor. El OAJ administra decenas de miles de millones de pesos. Si ahí se reproducen prácticas opacas, el daño se extiende a todo el sistema judicial. La reforma prometió erradicar nepotismo y corrupción; lo que asoma son los mismos vicios, con nuevos nombres.
La reforma abrió la puerta al cambio. Pero sin controles reales, abrió también la puerta al escándalo.
Dé usted por confirmada —salvo ajuste de agenda— la visita del Papa León XIV a México, probablemente en el primer semestre del año. Las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y el embajador mexicano ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, avanzan sin sobresaltos. El trazo diplomático está hecho; falta que el Pontífice cuadre los tiempos.
Siempre ha sido así: las visitas papales cargan un peso político inevitable. Y esta no será la excepción. León XIV llegaría a un país atravesado por una situación económica compleja, con presiones externas inéditas, tensiones internas visibles y una polarización social que no se ha disipado con el cambio de gobierno.
En ese contexto, la visita del Papa adquiere un valor simbólico mayor. No viene a resolver problemas estructurales, pero sí puede atenuar el clima de confrontación, bajar la intensidad del discurso público y ofrecer un respiro en un momento donde el Estado enfrenta cuestionamientos desde múltiples frentes: seguridad, justicia, economía y credibilidad institucional.
León XIV no llegará como árbitro, pero su presencia obligará a bajar el tono, al menos por unos días. Será difícil sostener la narrativa de confrontación cotidiana bajo la mirada del Pontífice. Y eso, en el México de hoy, ya es ganancia política.
Falta el anuncio oficial. Pero cuando el Vaticano mueve fichas y Gobernación acompaña, la visita deja de ser rumor y se convierte en escenario. Uno donde la política buscará algo más que fotografías: un respiro… o quizá absolución.
Con el tablero nacional tensionado por el cerco externo, el cierre interno y una reforma judicial que ya exhibe grietas, la política local no espera. En Coahuila, particularmente en el PRI, los tiempos se están adelantando y las decisiones comienzan a tomar forma antes de que arranque formalmente el proceso.
En la Región Sureste, todo apunta a que Eduardo Medrano, José María Morales, Luz Elena Morales, Marimar Arroyo y Álvaro Moreira cuentan ya con la venia tricolor para encabezar candidaturas rumbo a la renovación del Poder Legislativo. No son improvisaciones: son perfiles conocidos, probados y con estructura. En el PRI, cuando los nombres empiezan a circular con insistencia, es porque la negociación ya pasó por la mesa correcta.
En la Región Laguna, el escenario es similar. Felipe González, Hugo Dávila, Verónica Martínez y Doris Salinas aparecen como cartas fuertes, a los que se suman Héctor Miguel García “Gachupín” por el distrito de Frontera y Federico Quintanilla por Sabinas. El común denominador es claro: candidaturas con arraigo regional y lectura territorial, no apuestas de laboratorio.
El único espacio que sigue abierto —y por eso mismo el más observado— es el Distrito 8. En los corrillos priistas se comenta que Carlos Robles, dirigente estatal del partido, ya tiene los perfiles sobre la mesa para junio de 2026. Si la alianza con el PAN se consolida, el nombre de Gerardo Aguado vuelve a tomar fuerza. Si no, el PRI tiene plan B y plan C. Entre ellos aparece Rodrigo González “El Chovis” y Fernando Simón Gutiérrez “El Guti”, aunque su viabilidad pasa primero por resolver pendientes como el tema del Metrobús, un expediente que sigue abierto y que nadie quiere cargar como lastre.
La lista que circula entre subagentes y operadores no deja mucho a la imaginación: Álvaro Moreira repetiría por el 16; Eduardo Medrano, por el 15; Marimar Arroyo, por el 14; Luz Elena Morales, por el 13; José María Morales, por el 12; Hugo Dávila, por el 11; Felipe González, por el 10; Verónica Martínez, por el 9; el 8 sigue en definición; Sol María Luna, por el 7; Esra Ibn Cavazos, por el 5; Cristina Amezcua, por el 4; Sergio Zenón, como opción en el 3; Sonia Villarreal, en el 2; y Javier Navarro, en el 1. Nombres, distritos y rutas. Nada dejado al azar.
Mientras tanto, desde la capital del “pan de pulque” se reporta un dato que no pasó desapercibido: Jericó Abramo Masso tuvo un primer informe legislativo altamente arropado, con presencia incluso del gobernador. Hubo sonrisas incómodas, sí, pero también señales claras de que el PRI se mueve en bloque, incluso cuando comparte escenario con aliados circunstanciales.
Y en Coahuila, la política local hace lo que siempre ha sabido hacer: leer el momento, cerrar acuerdos y adelantarse al ruido. Porque cuando el entorno es inestable, la ventaja está en quien llega primero con las piezas acomodadas.
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