La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El 2026 arranca con una agenda pública cargada y, sobre todo, con un ambiente de incertidumbre política y económica que el discurso oficial intenta matizar, pero que los datos duros se empeñan en desmentir. En el radar aparecen tres grandes temas que marcarán el pulso del año: la Reforma Electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, la primera revisión formal del T-MEC, prevista para este 2026 conforme a su cláusula de revisión sexenal, y el Mundial de Futbol, que por primera vez se organizará en tres países. Mucho reflector internacional, sí, pero también demasiadas grietas internas.
A esta combinación se suma el factor externo: Donald Trump ha vuelto a colocar a México en una posición incómoda. El libre comercio, la migración y la seguridad vuelven a ser monedas de cambio en Washington, justo cuando el país necesita certidumbre para atraer inversión y sostener empleo. No es el mejor momento para improvisar.
Mientras tanto, la cuesta de enero no solo llegó puntual, sino exponenciada. Basta caminar por cualquier mercado o supermercado para comprobarlo: los precios suben, aunque las cifras oficiales sigan hablando de una inflación “controlada”. El bolsillo no miente y el consumidor tampoco. Hay una desconexión evidente entre el dato macro y la realidad cotidiana.
Donde la narrativa oficial se vuelve más frágil es en el empleo. A pesar del optimismo gubernamental, las señales de alarma son claras. El país cerró 2025 con apenas 72,176 empleos formales generados, la cifra más baja desde 2003, si se excluyen la pandemia y la crisis financiera global. No es un tropiezo menor; es una tendencia.
La presidenta informó recientemente que, en 2025, se generaron 278,697 empleos, pero el dato viene con letra chiquita: 206,521 corresponden a trabajadores de plataformas digitales —Uber, Didi, Rappi— que lograron ingresos suficientes para ser incorporados como formales. Entre junio y diciembre, más de 1.2 millones se inscribieron al esquema de regularización, pero solo una quinta parte cruzó el umbral de formalidad. El resto sigue en una zona gris que el gobierno prefiere presentar como avance.
La comparación histórica es contundente: en 2021, se generaron 846,416 empleos; en 2022, 752,758; en 2023, 651,490; en 2024, 213,993; y en 2025 (sin contar los trabajadores de las plataformas), solo 72,176 puestos de trabajo. La pendiente es clara y va en descenso.
A esto se suma otro dato que pasó casi desapercibido: la caída en el número de patrones registrados ante el IMSS. En diciembre de 2023 había 1,072,858; para diciembre de 2025, el registro bajó a 1,029,280. Menos patrones significa menos inversión, menos confianza y, tarde o temprano, menos empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social no solo registra trabajadores; registra ánimo empresarial.
Tradicionalmente, las caídas decembrinas del empleo se corregían en un trimestre. Hoy el escenario es distinto. Con un incremento al salario mínimo del 13%, muy por encima de la inflación, más días de descanso obligatorios y mayores cargas laborales, el incentivo para contratar formalmente se reduce. El resultado es previsible: la informalidad se convierte en la válvula de escape.
En ese contexto, cada llamada internacional pesa más de lo que aparenta y cada silencio dice más que un comunicado. No es casual que, justo cuando el país enfrenta la revisión del T-MEC, una reforma electoral polémica y un Mundial que lo coloca bajo reflector global, la relación con Estados Unidos se reduzca a llamadas cronometradas, sin visitas de Estado ni fotografías en la Casa Blanca. Por cierto, en Washington no hubo comunicado.
El arranque fue casi cordial. Donald Trump tomó el control del guion con su tema fetiche: narcotráfico, fentanilo, víctimas. Reconoció cooperación mexicana y destacó el trabajo de Omar García Harfuch, el funcionario con acceso real a las agencias estadounidenses. Washington distingue rápido a los interlocutores eficaces de los decorativos.
Hasta ahí, la diplomacia conocida.
Pero el tono viró. Según versiones coincidentes de fuentes diplomáticas, Trump lanzó una advertencia directa: antes del Mundial, México debía entregar a la Fiscalía General de la República a Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal y “Andy” López Beltrán. La frase, según la narración, fue seca.
Y con remate: si no hay acción ahora, la presión vendrá después… incluso sobre la propia presidenta, cuando termine su mandato. No fue una amenaza pública. Fue peor: una advertencia privada.
Ahí la llamada dejó de ser bilateral y se volvió personal. Trump no habla en abstracto: señala nombres, fija tiempos y coloca ultimátums.
Sheinbaum ha sostenido once llamadas telefónicas con Trump en lo que va de su administración y un breve encuentro en Nueva York, en diciembre, con motivo del sorteo del Mundial. Lo que no ha ocurrido es lo verdaderamente relevante: una invitación oficial a la Casa Blanca. En ese mismo periodo, Trump ha recibido a decenas de jefes de Estado. La omisión no es casual, es mensaje.
Sheinbaum puede argumentar que para eso están Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, pero la realidad es conocida: Trump desprecia los carriles diplomáticos tradicionales y personaliza los conflictos. Negocia con quien tiene enfrente, no con quien envían.
Después vino Venezuela. Claudia Sheinbaum sostuvo la línea de neutralidad y respeto a la soberanía. A Trump no le gustó. Abrió otra carpeta: supuestos nexos de políticos mexicanos con el régimen de Nicolás Maduro, una pista que Washington no ha cerrado. El antecedente pesa: la visita de Nicolás Maduro a Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2018, invitado por Andrés Manuel López Obrador, con fotografía desde el despacho presidencial. Para Washington, las imágenes también son pruebas.
Luego, Cuba. Los envíos de petróleo mexicano —política de Estado desde hace décadas— volvieron a la mesa. México los defiende como ayuda humanitaria; Trump los ve como respaldo a una dictadura. Lo dijo. Y cortó la llamada.
Catorce minutos. Ni uno más.
En paralelo, otro mexicano aterrizaba en Washington: Ricardo Salinas Pliego presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política, fiscal y judicial. En la capital estadounidense, los archivos no se aíslan: se conectan.
Si el 2026 pinta incierto en lo económico y tenso en lo internacional, en lo político-electoral el panorama es todavía más delicado. La reforma electoral llega en el peor momento posible para el Instituto Nacional Electoral: dividido, debilitado y sin margen político.
El dato es revelador. El INE presentó ante la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez alrededor de 241 propuestas técnicas. Querían entregar más de 300. No fue por falta de ideas, sino por ausencia de acuerdos. Once consejeros, incapaces de construir una sola voz. Peor aún, ni siquiera asistieron todos al acto de entrega. El árbitro electoral llegó fragmentado al debate más relevante del año… y, además, tocó la puerta equivocada: llevó su propuesta al Poder Ejecutivo, cuando la verdadera discusión ocurrirá en el Congreso.
Pero ese fue apenas el síntoma.
El golpe de fondo se gestó en 2025, cuando el INE organizó —por primera vez en la historia— la elección del Poder Judicial, bajo un recorte presupuestal severo impuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum y avalado por la Cámara de Diputados dominada por Morena. El mensaje político fue claro que las elecciones pueden hacerse con menos.
El instituto cumplió. Pero pagó un precio alto.
Primero, la participación: menos del 13% del padrón, un nivel históricamente bajo para una elección nacional.
Segundo, el precedente: quedó demostrado que el INE puede operar con menos recursos… aunque la calidad, la cobertura y la legitimidad se resientan.
Desde entonces, el presupuesto dejó de ser línea roja. Sheinbaum lo ha reiterado, su reforma busca abaratar elecciones. El problema es que el INE quedó atrapado en una paradoja peligrosa: organizó una elección débil y al mismo tiempo probó que puede sobrevivir con recortes. La combinación perfecta para erosionar su autonomía.
A esto se suma el factor humano. En abril dejarán el Consejo General Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz, un bloque que funcionaba como contrapeso interno. Con su salida, el equilibrio se rompe y se abren dos escenarios, ambos inquietantes.
La paradoja es brutal. Se avecina la gran discusión nacional, reglas de acceso al poder, costos electorales, fiscalización, revocación de mandato, nueva elección judicial y comicios concurrentes en 2027. Y justo ahora, el INE llega sin autoridad moral plena, con pugnas internas y con legisladores irritados.
El conflicto interno se agudiza con la presidencia de Guadalupe Taddei, a quien consejeros críticos acusan de haber cedido ante los impulsos de control del grupo que encabeza Pablo Gómez. No es un pleito menor: en 2027 se pretende llevar a las urnas otra elección judicial, una revocación de mandato y elecciones federales y locales en 17 estados. Una tormenta perfecta… con un árbitro cuestionado.
Pablo Gómez lo dijo sin rubor: la elección judicial va sí o sí en 2027, el calendario constitucional no se toca y blindar el presupuesto del INE sería una postura “conservadora”. Pero fue más lejos. Acuñó una frase que ya pesa como doctrina política: “Ningún órgano administrativo puede ser del todo autónomo, pero sí independiente en sus decisiones”.
Aquí está la grieta. Porque mientras Sheinbaum insiste públicamente en que la autonomía del INE “no está en juego”, desde la Comisión Presidencial se sugiere que basta con que decida “libremente”, aunque se le recorten márgenes institucionales. La historia electoral mexicana se construyó precisamente para desconfiar de ese supuesto.
Del lado legislativo, el frente tampoco está alineado. Morena enfrenta no solo al PRI y al PAN, sino a sus propios aliados: Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que no están dispuestos a perder ni plurinominales ni financiamiento. Defenderán lo ganado. Y eso abre la negociación de siempre: si Morena cede en curules o dinero, algo cobrará a cambio.
Otro frente sensible en la agenda nacional es la revisión del T-MEC, prevista para este 2026. En el papel, se trata de un mecanismo técnico, en la realidad, es una negociación profundamente política. Al frente de la tarea está Marcelo Ebrard, quien ha trabajado en coordinación con el sector empresarial mexicano y mantiene conversaciones con los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá. La ruta institucional avanza. El problema es el contexto.
Y ahí aparece, inevitablemente, Donald Trump.
Trump ha sido ambiguo en la forma, pero brutal en el fondo. Dice que Claudia Sheinbaum “le cae bien”, pero en la misma frase sostiene que en México mandan los cárteles. No es una ocurrencia retórica, es la base de su narrativa electoral y, al mismo tiempo, el argumento para endurecer la presión bilateral. Para Trump, el comercio dejó de ser un asunto económico y pasó a ser una herramienta de seguridad nacional.
Por eso la revisión del T-MEC no puede leerse aislada del discurso sobre narcoterrorismo. En Washington, ambos temas ya están conectados. La lógica es muy clara, si los cárteles operan libremente, el socio comercial es vulnerable; y si es vulnerable, el acuerdo puede condicionarse. Trump no amenaza con tecnicismos comerciales, amenaza con redefinir prioridades.
La reciente llamada entre Trump y Sheinbaum lo dejó claro. Para el gobierno estadounidense, el combate frontal a los cárteles es prioridad absoluta, incluso por encima de los equilibrios diplomáticos tradicionales. El tema es sencillo, la cooperación económica depende de la cooperación en seguridad, bajo los términos de Washington.
Para México, la relación bilateral entra así en una zona delicada. El T-MEC fue diseñado como un tratado de certidumbre, reglas claras y beneficios compartidos. Trump lo reinterpreta como un contrato revisable bajo presión, donde el socio más fuerte fija el ritmo y las condiciones.
El Mundial de Futbol ya no es solo un evento deportivo. En 2026 será, para México, un escaparate político de primer orden. Por tercera vez en la historia, el país será sede de la máxima fiesta del balompié, con partidos en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El reto logístico es enorme, el sector privado está listo y los gobiernos —federal y estatales— asumen el compromiso de seguridad, movilidad y atención al turismo. Hasta ahí, la narrativa oficial.
Pero el Mundial no se juega solo en la cancha.
Porque el Mundial tiene una cualidad que ningún otro evento ofrece: reúne líderes sin necesidad de cumbres formales. En el Palacio de La Zarzuela se mantiene abierta la agenda ante la posibilidad de que Felipe VI acompañe a la selección española, considerada por especialistas como una de las favoritas para coronarse. España tiene programado un partido en Guadalajara el 26 de junio frente a Uruguay. No es un dato menor.
La historia reciente lo demuestra. En la final de 2018, la entonces presidenta de Croacia, Kolinda Grabar, se robó reflectores al presentarse con el uniforme nacional junto a Gianni Infantino, en un acto que mezcló fútbol, identidad y política. Así se ejerce el poder blando.
Si España avanza, México podría recibir también a Luiz Inácio Lula da Silva, quien suele acompañar a su selección en instancias decisivas. No sería la primera vez que el fútbol sirve como puente diplomático. Lo que sí sería distinto es el contexto: relaciones pausadas con España, tensiones latentes con Estados Unidos y una región latinoamericana en reacomodo.
Aquí el Mundial se convierte en ocasión diplomática.
La pregunta es inevitable: ¿qué actitud asumirá Sheinbaum si los jefes de Estado pisan suelo mexicano? ¿Se limitará a la neutralidad institucional o aprovechará el Mundial como plataforma para recomponer relaciones?
El caso de España es paradigmático. La relación no está rota, pero sí congelada desde la pausa decretada por Andrés Manuel López Obrador. En Madrid despacha Quirino Ordaz; en México, Juan Duarte Cuadrado. Hay embajadas, pero no calor político. El deporte podría ser el pretexto perfecto para normalizar el trato binacional sin discursos incómodos.
Mientras la agenda nacional transita entre presiones externas, reformas estructurales y tensiones diplomáticas, Coahuila ofrece una lectura distinta: estabilidad política acompañada de activismo presupuestal. En un contexto donde la incertidumbre se ha normalizado, el anuncio del gobernador Manolo Jiménez Salinas funciona como un ejercicio de control y previsión, no como ocurrencia coyuntural.
La cifra es contundente: 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales y obra pública. El paquete abarca rubros estratégicos —alimentación, servicios, salud, educación, empleo, emprendimiento e infraestructura social— y responde a una lógica clara: amortiguar desde lo local los efectos de la desaceleración nacional.
En un país donde el empleo formal se contrae y la informalidad avanza, el énfasis estatal en empleo social y emprendimiento no es fortuito. El programa de créditos anunciado, con montos de 10 mil a 30 mil pesos a tasa cero, rompe con una constante nacional: el acceso al financiamiento como privilegio. Aquí se plantea como palanca de reactivación desde la base productiva.
El diseño revela intención estratégica. El respaldo preferencial al sector femenino y a grupos vulnerables no obedece únicamente a una agenda social; responde a una lectura precisa del ciclo económico: son quienes primero absorben el impacto del encarecimiento y la pérdida de ingresos. Atenderlos no es asistencialismo, es prevención de tensiones sociales.
El contraste es nítido. Frente a una cuesta nacional que apenas comienza a sentirse, Coahuila busca amortiguar el golpe con inversión social, respaldo al emprendimiento y cercanía institucional. En política, como en economía, el tiempo también es una variable de poder. Y aquí, Coahuila avanza.
Coahuila vuelve a marcar contraste en un momento donde muchas instituciones nacionales discuten su legitimidad. Aquí, el Poder Judicial apuesta por resultados visibles. El próximo 27 de enero, el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup inaugurará la Ciudad Judicial y rendirá su Primer Informe de Actividades del nuevo periodo. No es un acto protocolario ni una ceremonia de trámite: es rendición de cuentas en clave política.
El mensaje institucional es nítido: eficiencia también es legitimidad. Reducir tiempos, elevar productividad y ordenar procesos no solo mejora el servicio; reconstruye confianza pública, un activo escaso en tiempos donde la palabra “justicia” suele pronunciarse con escepticismo.
El mejor ejemplo es la instalación del Juzgado Especializado en Adopciones. Procesos que antes se prolongaban por meses ahora podrán resolverse en 40 a 60 días. No es una cifra menor. Es justicia con impacto social directo: niñas y niños que dejan la incertidumbre institucional para integrarse a una familia. La coordinación entre DIF Coahuila, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila confirma que cuando hay liderazgo y reglas claras, el Estado sí puede funcionar mejor.
En un país donde se debate si los órganos deben ser “autónomos” o apenas “independientes”, Coahuila envía otra lectura: la legitimidad se gana resolviendo, no declamando. Y cuando una gestión logra combinar orden administrativo, sensibilidad social y eficacia institucional, inevitablemente entra al radar político.
El informe será judicial. El impacto, claramente, trasciende lo jurídico.
Mientras la justicia afina engranes, la política en Múzquiz eligió el atajo del espectáculo. El episodio entre Limbar Valdez y el diputado plurinominal del PT Antonio Flores Guerra terminó en reto, ausencia y orden de restricción. El desenlace fue más elocuente que cualquier discurso: mucho ruido en redes, poco valor en el recinto.
El gesto de la “cobija” —dejada en la curul “porque le dio frío”— fue la postal perfecta de una política que confunde valentía con estridencia. La escena se completó con abrazos de cortesía institucional —el diputado Alberto Hurtado señaló la curul— y cámaras expectantes. Contenido: cero.
El trasfondo es más serio. La escalada mediática incluye a Tania “N” Flores, con acusaciones sin sustento probado y un tono melodramático que recuerda por qué la 4T en Coahuila tomó distancia. El mensaje fue inequívoco: nadie salió a defenderlos. Cuando el respaldo político se evapora, el show sustituye a la estrategia.
Incluso Antonio Attolini Murra llamó a la prudencia. Traducido: bajen el volumen. Porque mientras unos juegan a la confrontación, el estado mantiene la calma y la agenda pública sigue su curso.
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