La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros ocurre en un momento fundamental para México, en la víspera de una reforma electoral con la que el partido presidencial pretende hacerse del control constitucional de los órganos electorales.
Más allá del debate sobre las violaciones al derecho internacional cometidos por el gobierno de Estados Unidos —que no es un asunto menor, como no lo fueron los 25 años de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos—, están las implicaciones, directas o indirectas, que el atrevimiento de Donald Trump tendrá sobre el resto de Latinoamérica.
La presidenta invoca el derecho internacional y en especial la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la cual ninguneaba el prócer Andrés Manuel López Obrador.
México ha estado en la mira de Trump desde su primer periodo presidencial, no por el modelo político de la 4T, en camino a parecerse al venezolano —control absoluto de los poderes judicial y legislativo, eliminación de los contrapesos—, sino por sus acusaciones de una alianza tácita entre el gobierno y los cárteles de la droga.
Máxime cuando el partido presidencial a través de su dirigente Luisa María Alcalde ya soba el moretón causado a la dignidad nacional sin algún golpe previo.
Boletinó ella: “… El presidente Donald Trump ha sugerido en entrevista con Fox News que “Algo hay que hacer con México’’, después de la captura de Maduro, lo que demuestra una vez más su intención de afectar el rumbo definido por el pueblo mexicano…” …¡Auxilio, señor López!
El gobierno de Claudia Sheinbaum se ha esforzado por cambiar la narrativa trumpista entregando, a manera de ofrenda, a decenas de los criminales más famosos del país, sin que mediara juicio de extradición, pero justificando la acción en un artículo de la Ley de Seguridad Nacional. Para Washington no basta.
Pero los esfuerzos, reconocidos por el propio gobierno vecino, no han sido suficientes para deshacerse definitivamente de la latente amenaza de una intervención como la vista en Caracas, no para detener a un político, pero sí a un capo de los que se han convertido inatrapables para las autoridades mexicanas.
Por eso habrá que seguir con atención el camino de la reforma electoral; saber si Morena sigue con su intención abierta de reducir a nada a la oposición reduciendo el financiamiento público y los legisladores de representación proporcional y, de manera velada, presiona al PT y al Verde para que avalen una modificación constitucional para permitir la reelección presidencial no consecutiva.
Desde 1999 gobierna el chavismo. Primero con Hugo Chávez y, tras su muerte en 2013, con Nicolás Maduro. Durante 27 años, el poder se concentró en la Presidencia, se debilitó al Congreso, se capturó al Poder Judicial y las elecciones dejaron de ser competitivas.
La economía colapsó, la inflación se volvió crónica y más de siete millones de venezolanos abandonaron el país.
En julio de 2024 ocurrió el quiebre final. La oposición ganó las elecciones presidenciales. El candidato fue Edmundo González, impulsado por la figura de María Corina Machado. El régimen no reconoció los resultados, cometió fraude y, a partir de ahí, endureció la represión y cerró cualquier salida política.
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos bombardeó objetivos estratégicos en Caracas. En pocas horas, fuerzas especiales capturaron a Maduro y a su esposa. Fueron sacados del país y trasladados a Nueva York.
México quedó involucrado por dos vías. La primera, en la acusación contra Maduro se menciona el uso de territorio mexicano para mover drogas: el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Campeche, en abril de 2006, al final del sexenio de Vicente Fox. En aquella operación fue detenido Miguel Vicente Vázquez Guerra, de origen venezolano y uno de los pilotos del Cártel de Sinaloa sentenciado en 2018, pero también un “empleado de menor rango” según describió el Gobierno del entonces Distrito Federal, que, por supuesto, se deslindó de las actividades del auxiliar administrativo de archivo de la Secretaría de Finanzas… La segunda, las declaraciones de Trump tras la captura. Reiteró que Sheinbaum no gobierna nuestro país, sino los cárteles, por lo que advirtió que habrá que hacer algo.
Sheinbaum condenó la intervención militar y defendió la autodeterminación de los pueblos. Esa postura es consistente con la tradición diplomática mexicana.
El problema es el contexto. Fue firme contra los bombardeos, pero, a diferencia de países como Chile, guardó silencio frente al fraude electoral de 2024 y frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
Las intenciones de Estados Unidos son abiertas. Trump lo dijo: el interés es el petróleo. Venezuela concentra enormes reservas. China y Rusia ya tenían presencia económica. Washington decidió cerrar ese espacio.
El gobierno mexicano ya ha cedido en temas clave, sobre todo en seguridad y comercio internacional. Para Washington, eso no es suficiente. En 2026, la presión no va a disminuir. Aumentará.
Lo de Venezuela no cerró un capítulo, abrió otro. Y el foco ahora apunta a Irán, un país de Medio Oriente con más de 85 millones de habitantes.
Tiene petróleo, gas natural y controla una de las rutas más importantes del comercio mundial de energía, el estrecho de Ormuz. Por ahí pasa buena parte del petróleo que consume el planeta. Lo que ocurra en Irán nunca es sólo un asunto local.
Desde 1979 gobierna una república islámica. No es una democracia. El poder real no lo tiene el presidente, sino un líder religioso conocido como Líder Supremo. Hoy ese cargo lo ocupa Ali Jamenei. Él controla al Ejército, a los jueces y a la policía. Las elecciones existen, pero están controladas. Sólo compiten quienes el régimen autoriza.
Desde finales de 2025, Irán vive protestas continuas. Llevan más de una semana. Hay al menos 16 muertos. No comenzaron por ideología, sino por hambre. La inflación supera el 40%. La moneda perdió la mitad de su valor en un año. Hay cortes de luz, falta de gas y escasez de agua. En un país rico en energía, la gente no puede pagarla.
Ese plan empezó a romperse. Israel intensificó su ofensiva en Gaza y debilitó a Hamás. Hezbolá quedó casi destruido. En 2025, Israel y Estados Unidos atacaron directamente objetivos iraníes: instalaciones nucleares, mandos militares y científicos clave. Irán perdió cuadros estratégicos y capacidad de intimidación.
También perdió aliados. El régimen sirio colapsó el año pasado, rompiendo una pieza central del eje iraní en la región. Hoy Irán está más aislado, más debilitado y con menos margen de maniobra externa.
Israel también habló. Funcionarios israelíes dijeron que Irán debería mirar con atención lo que pasó en Caracas. Vaya advertencia.
Las consecuencias serían regionales y globales. En Medio Oriente, se debilitarían los grupos armados que dependen de Irán. Hezbolá perdería aún más fuerza. Irak y los países del Golfo ganarían margen. Israel eliminaría a su principal enemigo regional.
El régimen actual aún resiste, pero ya no es el régimen fuerte de hace unos años. Enfrenta protestas internas, aliados debilitados y enemigos dispuestos a todo. Después de Venezuela, la pregunta ya no suena exagerada.
Quien piense que Venezuela despertó libre se equivoca. La captura de Maduro dejó intacta la arquitectura del chavismo. El aparato militar sigue en manos leales y la represión se institucionaliza bajo decretos de “conmoción”.
Delcy Rodríguez ocupa la Presidencia interina, ella se quedará tres meses, convocará a elecciones y dependerá del reporte a Marco Rubio —el “Virrey” de Trump—, Pete Hegseth y Stephen Miller, el equipo designado para la transición venezolana… Su hermano Jorge Rodríguez controla la Asamblea, o sea, del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, a quién se señala como el operador de todos los negocios ilícitos de los que Estados Unidos acusa a Maduro, al frente del aparato de inteligencia y de los grupos de choque que hicieron presencia en la capital Caracas y como jefe del Ejército, otro chavista irredento, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
¿Es el acuerdo?
Los venezolanos tienen prohibido salir a festejar la captura del dictador Nicolás Maduro o serán llevados a prisión y juzgados como traidores a la patria.
Así lo establece el Decreto de Conmoción Exterior firmado por la presidenta Delcy Rodríguez, cuya asunción a la máxima magistratura venezolana no propicia la ansiada libertad que reclama su población.
El Decreto, por el contrario, faculta a la dictadura a suspender las garantías individuales bajo el argumento de la protección de la patria.
A partir de ayer y por 90 días, con posibilidad de una ampliación por un tiempo similar, toda la infraestructura de servicios públicos estará bajo el control militar.
Se restringe el libre tránsito para personas y vehículos y se suspende el derecho a las reuniones y manifestaciones públicas.
El Decreto establece ordena a las policías y autoridades militares la “búsqueda y captura’’ de toda persona involucrada en la promoción del ataque armado de los Estados Unidos de América para posteriormente ser juzgados.
Venezuela está lejos aún de alcanzar la libertad y la justicia que reclama su pueblo. Días después de la caída de Maduro, los venezolanos tienen, por el momento, poco que celebrar.
Ya se verá en las semanas por venir si la intervención de Trump y su ejército traerá algún beneficio concreto, tangible y medible, a los venezolanos.
Consultores internacionales de energía no están muy convencidos de que la toma del petróleo venezolano por parte de las empresas de Estados Unidos vaya a afectar a México, al menos en el corto plazo.
Es conocido que la calidad del hidrocarburo venezolano es peor que la del crudo Maya de México. Desarrollarlo va a implicar proyectos muy caros y tardados.
Ahora tocará vigilar las relaciones de México con la Cuba de Miguel Díaz-Canel.
En especial si se mantiene el envío de grandes donaciones de petróleo hacia La Habana y la contratación de médicos mientras en el país cunde el desempleo facultativo.
Son apoyos también bajo seguimiento por Washington y ya criticados por congresistas estadounidenses, entre ellos Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar.
Según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de esos señalamientos se han reducido los embarques hacia la isla.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico enlutó al país en los últimos días de 2025… ¿El saldo?... 14 personas murieron y casi 100 resultaron heridas por subirse a una obra que el Estado les dijo que era segura.
Las tragedias no tienen partido. Eso es cierto. Pero la repetición de incidentes en los últimos años no pasa desapercibida. Línea 12 del Metro en 2021. Descarrilamientos del Tren Maya en 2024 y 2025. Y ahora el Tren Interoceánico. Todos ocurrieron bajo gobiernos de Morena.
El Tren Interoceánico se vendió como un proyecto estratégico para detonar el desarrollo del sureste. Pero desde el inicio caminó con vicios. Entre 2019 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación emitió varias auditorías con observaciones graves.
Con tantas advertencias sobre la mesa, nadie quiso escuchar. Y tan evidentes eran que esta semana tres víctimas del descarrilamiento presentaron una denuncia ante la FGR citando esas auditorías.
El obradorismo privilegió la inauguración rápida que la calidad a largo plazo. Ahí está el AIFA. Se prometió como una ciudad aeroportuaria. Hoy no mueve ni la mitad de los pasajeros proyectados y opera muy por debajo de su capacidad, sostenido más por discurso que por demanda real.
Para el gobierno anterior, cortar listones importó más que revisar planos, materiales y sistemas de seguridad.
Lo más grave es que mientras se concentraban recursos en estas megaobras, el gasto total en infraestructura cayó a su mínimo histórico.
A noviembre de 2025, México Evalúa documentó que la inversión pública ronda apenas el 2% de nuestra economía. Hace unos años era casi el doble. Hoy ni se invierte lo suficiente ni lo poco que se invierte se ejecuta bien.
Con Sheinbaum en la Presidencia, el margen de maniobra es corto, pero urgente. Su gobierno insiste en los trenes de pasajeros, así que la seguridad operativa debe ser prioridad absoluta. Certificaciones internacionales, mantenimiento real y supervisión independiente. Sin excepciones.
Otro buen comienzo es atender lo básico. Carreteras federales renovadas a fondo, no parches por encimita. También seguridad en caminos con apoyo real de la Guardia Nacional.
A la FGR de Ernestina Godoy, llegará este lunes la denuncia penal de las víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre y que hasta el momento ha dejado un saldo de 14 personas fallecidas.
La firma Vega Mac Gregor Arellano, que acompaña a los denunciantes, adelanta que la acusación va contra las constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en el siniestro.
Los afectados y su equipo legal presentarán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas y las fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la vía férrea a cargo de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
¿La coalición oficialista sigue siendo una sociedad política… o una factura que empieza a cobrarse rumbo a 2026?
Las negociaciones están en curso. Todavía no hay candidaturas comprometidas para el oficialismo o el partido Verde, pero sí estrategias sobre la mesa.
Por el aliado al poder, el razonamiento parte de un principio simple: sin su apoyo, el gobierno y Morena no ganan la mayoría de las gubernaturas ni la Cámara de Diputados: “… Nosotros les damos ocho por ciento de los votos y sin nosotros no pueden obtener siquiera las nueve más importantes…”, dice el senador chiapaneco Manuel Velasco.
Hay un dato concreto: San Luis Potosí lo pueden ganar solos. No necesitan ir aliados con Morena ni con el PT.
Interpretación simple: Ni Ricardo Gallardo ni su partido están dispuestos a retroceder en el propósito de imponer a la senadora Ruth González, esposa del gobernador, aunque ello represente el riesgo de romper su coalición con el Gobierno federal… ¡Ruth Va!
Manuel Velasco aporta más reflexión: Hemos demostrado en elecciones pasadas la utilidad de nuestra fuerza política en todo el país y determinante en varios estados.
Se explica: “En 2018 Morena no hubiera ganado Chiapas para Rutilio Escandón sin mi aportación política y mi operación, mi popularidad como gobernador saliente”.
En un acto de reflexión, podríamos decir, Escandón fue un gobernador mal habido porque durante su administración el crimen creció exponencialmente, operaron los cárteles a plenitud e hicieron inhabitable al estado.
A esa entidad, precisan versiones oficiales y periodísticas, se expandió con total impunidad La Barredora de Hernán Bermúdez Requena, a quien el entonces gobernador Adán Augusto López convirtió en secretario de Seguridad de Tabasco.
En premio por tal papel, la actual administración federal mandó a Rutilio Escandón al consulado de México en Miami, donde goza de una beca magnífica, de primer mundo.
Vencidas aquellas alianzas de poder, Bermúdez Requena fue perseguido por el gobierno de Javier May, detenido en Paraguay, entregado por ese gobierno y encarcelado en México.
En fin, en las negociaciones la sociedad Gobierno/Morena aspira a imponer sus candidatos a gobernadores con nueve mujeres y ocho hombres.
Pero el Verde quiere ser inflexible: la candidatura de Ruth González en San Luis Potosí y medir popularidad donde cree tener cuadros competitivos.
En eso van rumbo al 2027.
Y mientras el ruido nacional e internacional crece, Coahuila manda señales distintas.
Ese dato cobra mayor relevancia cuando se conecta con otro. Manolo Jiménez Salinas, inicia 2026 como el gobernador mejor evaluado del país, con más del 70% de aprobación y el 90% de compromisos de campaña cumplidos.
No es casualidad. Es método.
Saltillo fue claro. Múzquiz fue contundente. Y el electorado, cada vez más informado, empieza a castigar el circo.
2026, será un año de definiciones.
México deberá decidir si fortalece sus instituciones o sigue tensando la liga. Coahuila, por lo pronto, ofrece una ruta distinta: gobernabilidad, justicia con rostro humano y resultados medibles.
En política, las estrategias no siempre se gritan. A veces se miden.
Y este inicio de año deja algo claro: El poder ya no se disfraza. Se ejerce. Y quien no lo entienda, será rebasado.
Datos incómodos:
México tiene la gasolina más cara entre el top 10 mundial de grandes consumidores, según El Economista. En promedio nos cuesta 23.37 pesos por litro. Del total, casi la mitad (10.28 pesos) son impuestos.
Mientras en 2026 subirán impuestos, aranceles y derechos, como refrescos, cigarros, sueros, importaciones y servicios, los diputados se aumentaron el sueldo en 113 mil pesos anuales. La cuesta de enero pegará… menos en San Lázaro.
La deuda por habitante ya se duplicó en una década: de 68 mil a 137 mil pesos por persona. El saldo total supera 18.2 billones, crece 3 mil 370 millones diarios y el gasto en intereses se come recursos que no van a salud, educación o seguridad.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx