I.- ENTRE EL DISCURSO DE LA TRANSFORMACIÓN Y LA REALIDAD COTIDIANA
El arranque de 2026 fue presentado por la alcaldesa Betzabé Martínez Arango como el año de la “consolidación del Gobierno de la Transformación” en Gómez Palacio. El mensaje, cargado de optimismo y buenos deseos, dibuja un municipio en marcha, con servicios funcionando, programas sociales activos y una administración cercana a la gente. Sin embargo, el reto no está en el discurso, sino en la distancia que aún persiste entre las palabras oficiales y la experiencia diaria de miles de ciudadanos. Hablar de unidad y corresponsabilidad social suena pertinente, pero resulta insuficiente cuando buena parte de la población sigue enfrentando problemas estructurales que no se resuelven con llamados retóricos. Colonias con luminarias inservibles, calles deterioradas, deficiencias en la recolección de basura y rezagos históricos en agua y drenaje siguen siendo una constante en diversos sectores del municipio, a pesar de los anuncios reiterados sobre acciones “concretas”.
La administración presume inversiones, como los más de seis millones de pesos destinados a agua potable y drenaje, así como programas de asistencia social y salud. No obstante, la pregunta obligada es si estos esfuerzos son proporcionales a la magnitud de las necesidades de Gómez Palacio. Entregar zapatos, aparatos funcionales o realizar jornadas médicas es valioso, pero no puede sustituir una política pública integral que ataque de fondo la desigualdad, el deterioro urbano y la falta de planeación a largo plazo.
II.- ¿BUENOS SERVCIOS?...
También llama la atención la insistencia en destacar que el municipio inicia el año con servicios públicos “funcionando”, cuando esa debería ser la condición mínima y no un logro extraordinario. Gobernar implica más que mantener la operación básica; exige resultados medibles, transparencia en el uso de los recursos y una evaluación honesta de lo que aún no se ha cumplido. El discurso de transformación corre el riesgo de agotarse si no viene acompañado de cambios perceptibles y sostenidos en la vida diaria de la ciudadanía. Gómez Palacio no necesita únicamente mensajes alentadores ni convivios simbólicos; requiere soluciones claras, prioridades bien definidas y una administración que acepte la crítica como parte esencial de la rendición de cuentas. El 2026 puede ser, como afirma la alcaldesa, un año de consolidación. Pero esa consolidación no se decretará desde el micrófono ni se confirmará en comunicados oficiales. Se construirá —o se negará— en las calles, en los servicios que realmente funcionen y en la confianza que la autoridad logre recuperar con hechos, no solo con palabras.
III.- ¿SE LE TERMINÓ LA MINA DE ORO AL PROFE BARRIOS?...
La eliminación del decreto que permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera no sólo marcó el cierre de un programa federal, sino que volvió a colocar en el centro del debate a organizaciones como ONAPPAFA y a su dirigente nacional, José G. Barrios, mejor conocido como el “profe” Barrios. Su reacción inmediata, cargada de advertencias y promesas, deja más preguntas que certezas. El discurso de defensa del “patrimonio familiar” ha sido, por años, la bandera con la que ONAPPAFA ha justificado su existencia y operación. Sin embargo, la advertencia de “medidas drásticas” ante posibles decomisos y la garantía de que sí se regularizarán los vehículos de quienes no alcanzaron a concluir su trámite, revela una narrativa que roza más la presión política que la certeza jurídica. ONAPPAFA no es autoridad, ni tiene facultades legales para asegurar procesos que dependen exclusivamente del Gobierno Federal.
El traslado de una comitiva a la Ciudad de México para buscar un nuevo decreto evidencia que la organización ha vivido, en buena medida, de la excepcionalidad. El programa iniciado en 2022 fue una medida temporal, no una solución permanente. Pretender que se renueve indefinidamente abre la puerta a un negocio que, para muchos, ha sido más rentable para las asociaciones que para los propios propietarios de los vehículos.
IV.- ¿ES GENUINA LA RESPUESTA DE ONAPPAFA?
La pregunta es inevitable: ¿la inconformidad de ONAPPAFA responde genuinamente a la defensa de miles de familias o al fin de una “mina de oro” que durante años generó cuotas, afiliaciones y control político sobre un amplio sector social? El cierre del programa federal deja al descubierto un modelo que depende de la ambigüedad legal y del temor al decomiso como mecanismo de permanencia. Si bien es cierto que millones de mexicanos utilizan estos vehículos como herramientas de trabajo, también lo es que la regularización indiscriminada no puede convertirse en política pública permanente. El Estado tiene la obligación de garantizar orden, seguridad y legalidad, no de sostener esquemas paralelos que lucran con la necesidad y la incertidumbre. El reto para el Gobierno Federal será ofrecer alternativas claras, legales y transparentes para quienes quedaron a medio camino. El reto para organizaciones como ONAPPAFA será demostrar que su interés no es económico ni político, sino verdaderamente social. De lo contrario, la eliminación del decreto no sólo marcará el fin de un programa, sino el principio del declive de un modelo que vivió de la irregularidad.
