La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

Diciembre suele prestarse a balances amables, a discursos que buscan envolver el año con un barniz de calma, como si hubiera sido menos rudo de lo que realmente fue. Pero este 2025 no admite envolturas festivas ni autocomplacencias. Fue un año tenso, incómodo, cargado de episodios que nos recordaron que la estabilidad democrática no ocurre por inercia y que las grietas del sistema siguen abiertas.

El país cierra con más preguntas que certezas, con una economía que resiste a golpes de retórica y un ambiente político que huele a 2026 desde hace meses. Y, aun así, en medio de tanta turbulencia, aparecieron señales —unas dolorosas, otras luminosas— que terminaron por definir el verdadero tono del final del año: un país que se tambalea, pero que aún guarda destellos de valentía y de justicia.

2025 fue, sin exagerar, el año del huachicol fiscal, no solo por la magnitud económica del daño, sino porque dejó al desnudo un Estado vulnerado desde dentro. El quiebre llegó con la Operación Altamira, cuando se decomisaron 10 millones de litros de diésel ilegal. Lo verdaderamente explosivo no fue el combustible, sino la red detrás del delito: mandos navales implicados, dos vicealmirantes emparentados con un exsecretario de Marina, uso de infraestructura portuaria y protección institucional. Algunos oficiales terminaron suicidándose ante el avance de las investigaciones. La Marina —símbolo de honor y disciplina— quedó marcada por un golpe que nadie preveía.

El caso La Barredora en Tabasco agravó la crisis. Allí operaba un exsecretario de Seguridad, parte de una organización dedicada al narcotráfico, extorsión y huachicol fiscal. No eran delincuentes periféricos: eran operadores con credenciales del propio gobierno estatal.

Luego surgieron filtraciones que cimbraron la narrativa presidencial. Un testigo protegido afirmó que la red del huachicol fiscal actuaba “con protección del hijo del presidente”. No hubo imputaciones, pero sí un golpe directo al discurso moralista de la 4T. El expediente del empresario Raúl Rocha Cantú añadió más presión: inicialmente acusado por tráfico de armas y huachicol, terminó convertido en testigo colaborador. Más tarde se reveló que empresas relacionadas con él habían tenido contratos con Pemex.

La salida de Alejandro Gertz Manero —disfrazada de nombramiento diplomático— evidenció que el sistema de justicia ya no resistía la presión política y los expedientes que alcanzaban al círculo presidencial, a militares y a empresarios de alto nivel.

Al mismo tiempo, el Congreso aprobó casi dos billones de pesos de deuda para 2026, justo cuando la Procuraduría Fiscal revelaba pérdidas estimadas en 600 mil millones de pesos por huachicol fiscal. Un gobierno que se endeuda al límite mientras pierde ingresos equivalentes a los presupuestos de varias dependencias estratégicas. La contradicción es brutal.

En ese contexto, el gobierno comenzó a construir su narrativa para 2026. La apuesta es clara: fútbol. El Mundial aparece como herramienta emocional, distractor perfecto, elemento de cohesión nacional. Poco o mucho, a todos interesa, a todos llama. Y sobre esa atmósfera, el gobierno pretende montar operativos, anuncios y mensajes de combate al delito para proyectar firmeza. Goles arriba; crisis abajo. El manual de siempre.

Mientras México lidiaba con sus fracturas, el mundo presenciaba un episodio histórico: el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Su llegada a Oslo fue una operación casi cinematográfica. De acuerdo con fuentes internacionales, la opositora venezolana habría escapado en un bote hacia Curazao, con F-18 estadounidenses patrullando el Caribe y helicópteros neerlandeses sobrevolando la zona. Una salida silenciosa bajo vigilancia hostil. Desde Curazao habría tomado un avión privado con matrícula mexicana, propiedad de la firma Go2Jets, con base en Querétaro, para finalmente llegar a Noruega.

En Oslo, su hija Ana Corina Sosa pronunció un discurso que recorrió América Latina: “Nos quisieron dividir, quebrar, detener. No pudieron. Venezuela no se rinde, mi madre no se rinde”.

Luego vino la frase que se volvió símbolo continental: “Cuando una dictadura persigue a una mujer, no puede detener la libertad.”

El presidente del Comité Noruego del Nobel declaró que Machado encarna “la lucha moral y democrática contra una de las autocracias más destructivas del hemisferio”. Y cerró con una sentencia que estremeció a la región: “Su victoria moral pertenece a todas las Américas”.

El único silencio notable fue el del gobierno mexicano.

Y entonces resurgió una verdad histórica: De Venezuela con Bolívar partió la independencia de Iberoamérica. A Venezuela volverá, con María Corina Machado, la libertad de Iberoamérica.

En México, la realidad siguió mostrando contrastes profundos. El norte del país confirmó que existen dos tipos de territorio: donde el Estado gobierna y donde la delincuencia impone sus reglas. Ahí se encuentra la línea divisoria más evidente del cierre de año.

Coahuila demostró de nuevo que la seguridad no es discurso, sino un método. Mientras en muchos estados la violencia terminó normalizándose, Manolo Jiménez Salinas consolidó una estrategia que funciona como modelo porque se ejecuta con precisión. Para su administración, la seguridad no se delega: se conduce. Saltillo cerró el año como la capital más segura del país; la coordinación estatal es operativa y constante; los resultados, sostenidos.

El punto de quiebre se vivió en La Laguna, donde la frontera con Durango volvió a exhibir dos estilos de gobierno completamente distintos. Del lado duranguense, la detención de Édgar “N”, alias “El Limones”, reveló redes criminales que operaban bajo el disfraz de un sindicato, extorsionando a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportistas e industriales. Lo que muchos sabían —pero pocos podían denunciar sin temor— finalmente quedó expuesto.

Su captura confirmó la magnitud del daño. El terror de La Laguna, como se le conocía, se ostentaba como secretario de la CATEM —la central obrera impulsada por la 4T y encabezada por el diputado Pedro Haces— mientras coordinaba operaciones de extorsión, lavado de dinero y cobro de piso. En Durango, había llegado incluso a imponer que la compra de ganado solo podía realizarse mediante un proveedor elegido por él. Su dominio no era territorial: era sistémico.

Nada de esto habría sido posible sin protección de funcionarios municipales y estatales, quienes deben ser investigados. Resulta impensable que un criminal de esta magnitud se moviera con semejante impunidad sin complicidades políticas. Durante meses, comerciantes y ganaderos denunciaron su operación. El gobernador Esteban Villegas respondió con silencio.

Tras su detención, Pedro Haces grabó un video intentando deslindarse del “señor Limones”, y de paso felicitó a la Secretaría de Seguridad por su captura. Pero el vínculo estaba expuesto, y el daño político hecho.

El contraste se volvió inevitable. En Durango, la captura abrió grietas. En Coahuila, se interpretó como un golpe de autoridad.

Y así concluye el año en la Comarca Lagunera: un criminal trasladado en silencio a la capital del país; armas, granadas y celulares asegurados; un sindicato emitiendo comunicados defensivos; y una población que, por primera vez en mucho tiempo, vio un operativo en el que el gobierno actuó como debía. La región necesitaba ese golpe de timón. Lo recibió.

A esto se suman rumores —que no podemos confirmar, pero que circulan de manera persistente— la versión de que, una semana antes de la captura de Édgar “N”, habría sido detenido un hermano del gobernador en una casa de seguridad en Durango capital, así como cateos en propiedades vinculadas a un exgobernador, incluso una en la Ciudad de México; y que ese episodio habría funcionado como moneda de intercambio para entregar al operador criminal. Son rumores, sí, pero su existencia revela el nivel de descomposición institucional.

A esto se suma un hecho confirmado: un operativo en la Vicefiscalía de Lerdo terminó con la detención de elementos de la Policía Investigadora por denuncias de extorsión. Cuando quienes deben perseguir el delito terminan formando parte de él, el derrumbe institucional deja de ser hipótesis y se convierte en evidencia.

Frente a ese panorama, Coahuila aparece como excepción, no como regla. Manolo Jiménez anunció que, antes de que termine el año, iniciará una reconfiguración de su gabinete rumbo a 2026. Algunos funcionarios se irán a competir; otros llegarán para fortalecer el proyecto. La meta es clara: ganar todos los distritos y consolidar el activo más importante del estado: su seguridad, su estabilidad y su cohesión institucional.

Los hechos respaldan su palabra: Coahuila seguirá siendo la entidad más segura de México.

Así termina 2025: con una mujer venezolana que desafió a una dictadura y tocó el cielo moral del mundo; con un criminal que creyó ser intocable cayendo ante la justicia; con un país que enfrenta sus sombras; y con una región que encontró, por fin, un golpe de autoridad donde más lo necesitaba.

Se acerca la Navidad. Se acerca el Año Nuevo. Y este cierre nos invita a detenernos, a mirar a nuestro alrededor, a reconocer que, pese a todo, la esperanza sigue habitando en los hogares donde hay unión, en las familias que no se rinden, en cada persona que apuesta por un mañana mejor.

A nuestros lectores:

Gracias por acompañarnos durante este año duro, luminoso, incierto y desafiante.

Gracias por leer, cuestionar, compartir y sostener este espacio donde la verdad incómoda, pero también libera.

Gracias por cada mensaje, cada minuto de lectura y cada gesto de confianza. Esta columna existe porque ustedes lo sostienen.

Que esta Navidad llegue con paz.

Que el Año Nuevo traiga claridad, fuerza y esperanza.

Que en cada hogar haya un abrazo sincero y un motivo para creer.

Y que 2026 nos encuentre unidos, de pie y con la convicción intacta de construir un país mejor, juntos.

¡Felices fiestas y próspero Año Nuevo 2026!...

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