MÁS PRIVILEGIOS PARA LOS PRIVILEGIADOS
Apenas, la semana pasada, me acabo de enterar, que MINSA, empresa que vende harina de maíz, por cierto, propiedad de la familia de Altagracia Gómez, la súper asesora económica de la presidenta Claudia Sheinbuam, se le adjudicó (sin licitación de por medio), un contrato por 346 millones 175 mil 400 pesos, para que le entregue al gobierno 600 mil toneladas de maíz, ya molido, empaquetado y distribuido, bajo el Programa, “Maíz para Todos”.
Como se sabe, Altagracia Gómez Sierra es Presidenta del Consejo de Administración de Minsa, una de las proveedoras tradicionales de Diconsa en compras de harina de maíz; además, su familia, fue beneficiada con el FOBAPROA, que tanto ha criticado Claudia Sheinbuam.
En el sexenio de AMLO, entre 2022 y 2024, Minsa obtuvo 853 contratos de Segalmex-Diconsa por un monto total de 369 millones de pesos, que fueron para compras de harina por cantidades pequeñas y a nivel estatal para venta en tiendas comunitarias.
Lo que pidió Diconsa en marzo, sin embargo, fue muy diferente, pues implica retirar hasta 60 mil toneladas de maíz de almacenes de la paraestatal, transformarlo en harina, empacarlo en costales de 20 kilos y distribuirlo en 61 bodegas en 13 estados.
O sea, el gobierno “cercano a la gente”, no tiene para otorgar UN SUBSIDIO de mil pesos a los productores del campo, pero sí tiene para financiar a una empresa multimillonaria privada.
Mientras, los campesinos, tienen semanas pidiendo un subsidio al mismo producto, de, alrededor de mil pesos por tonelada, para que ésta quede, en 7 mil 200 pesos, que es lo que ellos consideran justo.
Pero no, el gobierno se ha mantenido, como luego dicen, montado en su macho y, lo que más ofrece, son 6 mil 200 y, la última oferta, llegó a 6 mil 800, por lo que, los campesinos no han aceptado y las movilizaciones y bloqueos, ha seguido en varias regiones del país.
Para colmo, al mismo tiempo, el vecino del norte, léase Trump, exigió a México, de manera perentoria, que cumpla con el tratado que tienen sobre el agua del Río Bravo, que acumula muchos años de ser retenida y, que ahora, so pena de imponer aranceles a los productos mexicanos, exigen que se pague, porque a sus productores, los ha golpeado, también, la sequía.
Pero eso no es todo, a los campesinos, se les sumaron los transportistas, que cansados de las extorsiones y asaltos en las carreteras, se unieron a los bloqueos, lo que complicó más las cosas para la presidenta Sheinbaum y, además, los escándalos de sus hijos y de su “hermano”, Adán Augusto López, ligado a un grupo criminal, Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a salir de sus encierro, con el pretexto de presentar su nuevo libro, “Grandeza”, que, como digo, fue el pretexto para poner orden entre las cúpulas, la presidenta y los grupos en pugna dentro de Morena.
Finalmente, Morena se salió con la suya, en el caso de la Reforma a la Ley de Aguas, lo que significa:
PRIMERO, que los propietarios de títulos, no puedan traspasarlos, significando un duro golpe a su economía, pues, un rancho que se quiera vender, sin agua, no vale nada, ya que el gobierno será el propietario y decidirá, a quién le da ese título.
SEGUNDO: el gobierno será el encargado de repartir los títulos, con lo que tendrá más poder para manejar esos títulos de manera política, o como quiera y darles a incondicionales y quitarlos a los enemigos del régimen.
A estas alturas, la presidenta, Claudia Sheinbuam, ha tenido una baja muy pronunciada en su aceptación, producto del mal manejo de todas estas variantes, que preocupan al país.