I.- UN GRITO CONTRA LA IMPUNIDAD: LA DENUNCIA DEL GOBERNADOR VILLEGAS
LAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR ESTEBAN VILLEGAS VILLARREAL sobre los presuntos malos manejos de recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y del Fondo de Promoción para el Desarrollo Empresarial (Foprodem) no son menores. Son, en realidad, un síntoma de algo más profundo: LA URGENCIA DE ROMPER CON UNA TRADICIÓN DE OPACIDAD que por años ha minado la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando un gobernador afirma: “sí me dan ganas de meterlos a la cárcel”, refiriéndose a exfuncionarios que, según él, habrían manipulado la asignación de obras y cobrado por proyectos inexistentes, no solo está denunciando irregularidades; ESTÁ RECONOCIENDO UN PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE EXIGE RESPUESTAS INSTITUCIONALES DE FONDO.
II.- EL GOBIERNO DE AISPURO DEJÓ EN RUINAS A DURANGO
EL “DESASTRE FINANCIERO” DEL QUE HABLA NO SE CONSTRUYE en un día ni es responsabilidad de una sola persona: es el resultado de años de prácticas discrecionales, de decisiones tomadas en lo oscurito y de un sistema que permitió que quienes debían administrar recursos públicos lo hicieran sin vigilancia efectiva. Sin embargo, estas declaraciones también abren un capítulo delicado, PORQUE SEÑALAR ES UN INICIO, PERO NO ES SUFICIENTE. EN DURANGO —COMO EN TODO EL PAÍS— la ciudadanía está cansada de los escándalos que se quedan solo en la narrativa. La transparencia requiere procesos legales, auditorías serias e investigaciones que se concluyan con responsabilidades claras. De lo contrario, el discurso corre el riesgo de convertirse en una herramienta política más, en lugar de una ruta hacia la justicia.
III.- YA LOS TRAEN EN LA MIRA
EL CASO DEL FOPRODEM E ISN es especialmente sensible porque, según empresarios laguneros, existen entre 100 y 150 millones de pesos pendientes de aplicar. Es dinero que debió haberse traducido en infraestructura, competitividad, empleo y desarrollo para La Laguna. Si esos recursos se desviaron, se perdieron o se administraron bajo criterios ajenos al interés público, la consecuencia no es solo contable: es social.
Por ello resulta relevante que Villegas anuncie un reencauzamiento de estos fondos y un trabajo conjunto con la alcaldesa BETZABÉ MARTÍNEZ para priorizar obras reales y necesarias. El embellecimiento de Gómez Palacio, como el proyecto para intervenir el parque Morelos, puede ser un paso positivo, siempre y cuando, esté acompañado de un mecanismo transparente de seguimiento y evaluación. Y que los empresarios participen solo con voz y no con voto es un gesto que busca ordenar, pero también deberá acompañarse de reglas claras que eviten viejos vicios.
IV.- LA CULTURA DE LA DENUNCIADURANGO ESTÁ EN UN PUNTO CRUCIAL. DENUNCIAR EL PASADO ES IMPORTANTE, PERO CONSTRUIR EL FUTURO, ES MÁS. Si el gobernador quiere marcar un antes y un después, deberá acompañar sus palabras con acciones: auditorías independientes, sanciones cuando correspondan y una estrategia de transparencia que permita que los recursos públicos dejen de ser botín y vuelvan a ser instrumento de desarrollo. Solo así, los dichos sobre “meterlos a la cárcel” dejarán de ser un arrebato comprensible y se convertirán en un mensaje firme contra la impunidad, porque los fondos públicos no pertenecen a un gobierno ni a un funcionario: pertenecen a la gente. Y es ahí donde debe comenzar y terminar cualquier discusión.
