La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó su Segundo Informe de Gobierno en Torreón, y lo que ocurrió aquí no fue un acto protocolario más, sino la ratificación de un estilo de gobernar que hoy distingue a Coahuila del resto del país: la estabilidad no se presume, se construye; y Manolo la construye todos los días.
El Coliseo Centenario lució no solo a reventar, sino rebosante de legitimidad pública. No hubo acarreo ni espectáculo. Hubo algo más difícil de conseguir en tiempos de ruido y polarización: credibilidad social y respaldo real.
La fuerza política de Coahuila se reunió completa. Desde gobernadores, senadores, liderazgos nacionales y figuras de todos los partidos, hasta invitados como Santiago Taboada, Cecilia Guadiana, Carolina Viggiano, Miguel Riquelme, Esteban Villegas y el gobernador potosino Ricardo “El Pollo” Gallardo. Y entre todos, un hecho sobresalió: la presencia, en pleno, del Poder Judicial de la Federación del Octavo Circuito —magistradas y magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito— así como del Poder Judicial de Coahuila, presidido por el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup. Algo que no se ve todos los días y que envía un mensaje claro: en Coahuila se gobierna con instituciones, no contra ellas.
La presencia de prácticamente todas las fuerzas políticas, del sector empresarial, de organismos ciudadanos y de los liderazgos regionales solo confirmó lo que ya sabíamos: Coahuila vive un momento de cohesión que pocos estados pueden presumir. No es suerte, ni coyuntura. Es trabajo. Es credibilidad. Es responsabilidad.
Manolo lo dijo y lo sostiene: aquí no se polariza, aquí se construye. Y hoy, en la fotografía política del país, eso tiene un valor enorme… Porque aquí no vamos ni pa’ la izquierda, ni pa’ la derecha… ¡Aquí vamos puro pa’ delante!...
Nuestro país apareció en el lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2025. Un ranking que no hacen opinadores ni partidos, sino una organización internacional que mide algo básico: si la ley se cumple o no.
Y la respuesta no es inesperada, pero decepciona de todos modos. Estamos junto a Nigeria, Congo y Bangladesh. En América Latina sólo superamos a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. El World Justice Project mide ocho cosas: corrupción, seguridad, justicia penal, justicia civil, derechos, gobierno abierto, contrapesos y cumplimiento de reglas. Y México retrocede en casi todas.
El golpe más duro está en los límites al poder. El índice registra la erosión de los contrapesos durante el último tramo de López Obrador y el arranque de Sheinbaum.
Y, aun así, nuestro país bajó posiciones y perdió confianza internacional. No porque “nos tengan mala fe”, sino porque los gobiernos sin contrapesos convierten la falta de respeto a la ley en una costumbre.
México aparece en el puesto 134 de 143 en ausencia de corrupción. No hace falta un doctorado para entender por qué. Funcionarios que no pisan cárcel, contratos entregados a cercanos, obras infladas y escándalos sin consecuencias.
En resumidas cuentas. Si tienes cargo, tienes fuero. Si tienes cercanía, tienes impunidad. La consecuencia es un país con instituciones que nadie respeta y ciudadanos que ya ni pierden tiempo denunciando.
En orden y seguridad estamos en el lugar 132 del mundo.
En justicia penal estamos en el lugar 135. En justicia civil, en el 134. Significa juicios eternos, carpetas congeladas, jueces presionados y una justicia que llega primero para quien puede pagarla.
México no está en el lugar 121 por mala suerte. Está ahí porque la ley no se respeta y sigue de adorno pese a las promesas de la Cuarta Transformación.
En democracia, estar en desacuerdo debería ser parte del aire que respiramos. No tendría que incomodar a nadie que un maestro reclame, que un joven marche o que un productor del campo exija precios justos. Sin embargo, en su primer año,
Sheinbaum ha recibido cada reclamo como si fuera un desafío personal. La reacción ha sido la misma una y otra vez: minimizar, desacreditar, ridiculizar.
La gira de Sheinbaum por Oaxaca del pasado fin de semana dejó claro el tono. La CNTE protestó. Habitantes reclamaron. Lo normal en una democracia. La respuesta fue negarlo. Dijo que sólo eran “cuatro personas” en Juchitán.
Productores y líderes campesinos bloquearon carreteras por precios injustos, extorsión e inseguridad. La respuesta presidencial fue llamarlos operadores de “asociaciones” vinculadas a PAN, PRI o PRD.
El reclamo no es menor. El campo está colapsando mientras México registra cifras récord en importación de productos básicos como el maíz.
Un dato: México rompió récord, 40.7 millones de toneladas de granos importados en 10 meses, cifra no vista desde 1993. Incluso el maíz blanco, del que presumíamos autosuficiencia, casi se triplicó. Ni maíz, ni país.
En 2024 hubo más de 24 mil robos de carga. Uno cada 25 minutos. En la mayoría hubo violencia armada.
Hay rutas donde todos saben de su peligrosidad. Puebla-Córdoba. México- Querétaro. Morelia-Lázaro Cárdenas. Matehuala-Monterrey. México-Cuernavaca. Las Urracas-Matamoros-Reynosa. Toluca-México.
Las cifras oficiales dicen que los robos bajaron. La Guardia Nacional presume reducciones. Pero el campo, los choferes y las empresas dicen otra cosa. Los robos no sólo siguen, ahora son más violentos.
La razón quizás está en el terreno. La desaparición de la Policía Federal de Caminos dejó un vacío que la Guardia Nacional no ha podido llenar.
No porque no quiera, sino porque no es lo mismo. Los agentes veteranos conocían cada curva, cada banda, cada horario. La GN llegó sin ese mapa. Y se nota.
Aun así, se optó por señalar partidos antes que escuchar problemas. Si cada reclamo se etiqueta como complot, cualquier diálogo nace muerto.
Cada vez que surge una crítica, aparece la misma defensa: la encuesta que conviene. Una presidenta con más del 70% de aprobación… ¡El pueblo está feliz!
Pero hay un dato que el gobierno no menciona: Morning Consult registró en noviembre un 53% de rechazo, casi el doble que hace un año.
A Sheinbaum el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, le aseguró hace unas semanas que las protestas de los productores de maíz se habían resuelto con el acuerdo de entregar un subsidio de 950 pesos por tonelada, pero fue mentira.
El acuerdo solo fue firmado por algunos productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato; ni siquiera fueron todas las organizaciones de productores de esos estados, sino unos cuantos.
El resultado de esa “negociación’’ está a la vista, con el agravante de que a la demanda de mejores precios se suma la de revisar la iniciativa de la Nueva Ley General de Aguas, que se redactó sin consultar a los productores o expertos para evitar lo que justamente pasa hoy en las carreteras del país.
Si la iniciativa se aprueba en sus términos, que terminará con los títulos de concesión para la explotación de agua y los cambiará por permisos anuales, las protestas de los productores del campo que hoy reclaman mejores precios para sus productos se radicalizarán pues el texto de la reforma deja en manos del gobierno la distribución, las tarifas, la infraestructura y hasta el derecho de regar
los cultivos.
La nueva ley, justificada como necesaria “para poner orden’’ en el uso del agua —considerado, por cierto, un derecho humano—, contempla la sustitución de los derechos, es decir, de las concesiones que tienen décadas, por permisos que se revisarán anualmente, lo que, a juicio de productores, no es más que un ejercicio de control político.
¿De qué dependerá de que se renueve o no un permiso? Eso lo puede marcar la coyuntura política, sin duda.
Los módulos y asociaciones de riesgo desaparecerán y serán sustituidos por consejos y comités designados desde la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura, en determinados casos.
Dicha ley también permite al gobierno suspender el riego agrícola en caso de una sequía, es decir, priorizar el consumo humano, pero sin la obligación de compensar a las familias productoras.
Los productores acusan que esta ley rompe el modelo de corresponsabilidad e invade competencias estatales.
Los agricultores ven en riesgo sus cosechas y ganado si se les quita el derecho de heredar pozos y abastecimiento como ha sido al menos desde la reforma agraria.
El gobierno se acerca a terrenos temerarios. Donde no hay solución es con los campesinos. La tierra es todo.
Hasta ahora no ha tocado la propiedad privada y las movilizaciones campesinas tienen mucho de esa sensación. Es ir contra su propiedad privada, ejidal o comunal e históricamente para los mexicanos la tierra es lo más sagrado y por ella arriesgan la vida.
Sheinbaum tiene en sus manos la decisión de corregir lo que no ha funcionado.
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