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Las movilizaciones de campesinos han iniciado; el reclamo es por la iniciativa de la nueva la ley de aguas nacionales propuesta por la presidenta de nuestro país. Desde el punto de vista del oficialismo, la iniciativa busca, en términos generales, poner fin a la compraventa de concesiones de agua. Con base en ello revisemos de manera general las dos posturas en conflicto. ¿Qué reclaman los manifestantes? Pues bien, representantes de los productores señalaron que la reforma en discusión “impactará directamente en la actividad agrícola y en la planta laboral de algunas regiones”, debido a posibles restricciones en el uso de agua para riego, ya que se eliminaría la transmisión de concesiones, centralizaría decisiones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pondría en riesgo la producción de alimentos, ya que al prohibir transmisiones se afectarían herencias y continuidad productiva. Supongamos que una familia de productores de aguacate posee un derecho de agua, que permite la producción de este cultivo, al morir el dueño de la tierra se hereda a quien previamente designe en vida, automáticamente sucede lo mismo con el derecho de agua, con la reforma, esto ya no sería automático y por tanto estaría en riesgo la producción y el sustento familiar que bien puede ser ancestral, pues el derecho pasaría a control gubernamental. Esta es una realidad, por lo que la propuesta de los manifestantes es ampliar plazos de prórroga para concesiones; permitir transmisiones a familiares en línea recta; considerar pozos ganaderos y pecuarios como prioridad social; entre otras acciones. Ahora bien, ¿Qué argumenta el gobierno para defender su iniciativa? El argumento es que el agua se deja de ver como una mercancía y se reconoce como un bien estratégico para la nación, destacando el ordenamiento de las concesiones de agua. Así mismo, se elimina la posibilidad para hacer cambio de uso de las concesiones. Y además, ya no será posible la trasmisión de los títulos de concesión de agua entre particulares, es decir, efectivamente los manifestantes tienen razón en este punto. La propuesta elimina la compraventa de concesiones entre privados; lo cual a mí juicio es bueno, las prórrogas deberán pasar por la Conagua; se crea un Registro Nacional del Agua para dar certeza jurídica, se limita el pago de la cuota de garantía a un máximo de cinco años, no se permitirá transmitir concesiones con cambio de uso de suelo. Es decir, los derechos de agua ya no serán hereditarios, sino prorrogables en su uso previa autorización de la Conagua, lo que implica burocratización y con plazos máximos de permiso y uso de agua de cinco años. Es cierto que hay empresarios que consumen grandes cantidades de agua y hasta de manera irregular, que son quienes atentan contra la existencia y disponibilidad del agua, pero esto no aplica a pequeños campesinos con 2 o 10 hectáreas que dependen de derechos hereditarios para poder subsistir, por ello la reforma debe ser flexible y atender los casos graves y sensibilizarse ante quienes realmente necesitan esos derechos de agua con la premisa de que la nación a final de cuentas, es la verdadera dueña de las aguas de todo México. Finalmente, si desean mejorar la distribución de agua al campo, que auditen a los módulos de riegos distritales, que es en donde realmente se encuentra la corrupción y el negocio lucrativo del agua.