Debido al éxito que se alcanzó la convocatoria para la primera edición de la Marcha de la Generación Z, que se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre en distintas ciudades del país, los
organizadores del evento informaron a través de sus redes sociales sobre la segunda edición del movimiento, que eligió como fecha la conmemoración de un aniversario más de la Revolución Mexicana, lo que dotó al movimiento de un simbolismo todavía mayor.
En la capital del país, durante la primera edición del movimiento encabezado por jóvenes. A los que el gobierno de Claudia y el de la CDMX, utilizaron estrategias de contención, convirtiendo en un embudo todas las calles aledañas, dejando solo la 5 de mayo, donde se agolparon los manifestantes y ahí, se implementaron estrategias de miedo y represión, para evitar que, decenas de miles de participantes a la marcha, no pudieran entrar a la plancha del Zócalo, lo que llevó, nada más, a unos 20 mil a lograr el objetivo, haciendo, parecer, como un fracaso la concentración.
Mientras que el movimiento se replicó en más de 50 ciudades de la república, incluida Torreón, donde los manifestantes se congregaron en la Alameda Zaragoza y enfilaron hacia la Plaza Mayor, sumándose así a los miles de ciudadanos que salieron a las calles a lo largo y ancho del país para mostrar su descontento con el clima de inseguridad y violencia que priva en el país, así como con la falta de oportunidades para los jóvenes.
En la CDMX, las cosas se salieron por un momento de control y varios de los manifestantes fueron agredidos por miembros de los cuerpos de seguridad, incluso, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que se abrieron 18 de carpetas de investigación por presunto abuso de la fuerza por parte de los agentes policiacos, siete de las cuales implican la suspensión de los agentes. En las demás ciudades no se reportaron incidentes mayores.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en manos del crimen organizado, detonó el movimiento al que se sumaron decenas de miles de ciudadanos, quienes exigieron al gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum una solución a la crisis de seguridad que azota a nuestros país desde hace anos, y que a este grado parece incontrolable por el nivel de especialización que los grupos delincuenciales han alcanzado y la corrupción imperante en nuestro sistema político que alcanza las más altas esferas del poder.
Cansados del flagelo de la violencia, los ciudadanos volvieron a tomar las calles precisamente el mismo día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, y justo cuando el oficialismo celebraba con un desfile conmemorativo pero por razones totalmente distintas. Esta vez, los ciudadanos, sin violencia y sin armas, salieron a exigir aquello que el estado mexicano debería proporcionarles sin tener que tomar las calles: seguridad y oportunidades.
Esta nueva movilización partió desde el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, teniendo como objetivo tomar el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón mismo de la patria, un gesto también cargado de un enorme simbolismo; todo, mientras la jefa del estado mexicano presenciaba el desfile del 20 de noviembre en la misma sede, pero con objetivos totalmente distintos.
Tal fue el impacto de la movilización, que desde el partido en el poder no dudaron en hacer público un
contrato que signó Edson Andrade, uno de los líderes del movimiento, con el Partido Acción Nacional (PAN), mismo que fue realizado en febrero del 2025 por 2 millones 106 mil pesos, tratando de evidenciar, según el partido de la presidente Sheinbaum, que la marcha no era ciudadana y que detrás de los convocantes había fuertes intereses políticos. Acto, totalmente reprobable, toda vez, que la Presidenta, de Morena, Luisa María Alcalde, está usando su investidura y el poder del Estado, contra un ciudadano, lo que puede tipificarse, como un ABUSO DE AUTORIDAD y una VIOLACIÓN A LA PRIVACIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS, del señalado, Edson Andrade.
Como respuesta, Edson Andrade publicó en sus redes sociales que, debido a la publicación de esta
información sensible, se vería obligado a abandonar no solo su hogar, sino el país, pues su integridad había sido comprometida luego de la publicación del contrato por parte de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de MORENA.
“... Expusieron mi dirección, mis datos personales, y crearon una falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, expuso el joven activista que comprobó en carne propia el costo que lleva enfrentarse al poderoso aparato con que cuenta el estado para tratar de hacer a un lado aquellos que le resultan incómodos.
Y añadió: “buscan criminalizar mi trabajo exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales…”, al tiempo que se atrevió a desafiar nuevamente al oficialismo afirmando que su crimen su “...alzar la voz…”, junto con otros miles de ciudadanos que salieron a las calles en su legítimo derecho como ciudadanos de este país, y que en lugar de ser escuchados y sus exigencias atendidas, se enfrentaron a todo el poder del estado, no como los criminales que transitan tranquilamente a diario en este país y que pareciera que gozan de total impunidad.
