La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Morena quiere adelantar la revocación de mandato a 2027 y lo hace envuelta en el discurso más gastado de la 4T: “ahorro”, “participación ciudadana” y “fortalecimiento democrático”.
Pero, como suele ocurrir con los grandes movimientos del oficialismo, la narrativa es solo un disfraz. En el fondo, la prisa no nace de la eficiencia presupuestal, sino del miedo: miedo a que la elección intermedia no sea el paseo triunfal que la maquinaria promete; miedo a que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum no sea suficiente para arrastrar votos; miedo a que la inseguridad, la economía frágil y la volatilidad política terminen por pasarles una factura severa en 2027. Morena no confía en su propia popularidad, y ese es el dato incómodo que nadie en el oficialismo quiere admitir.
La jugada, aunque presentada como innovación democrática, tiene antecedentes claros en América Latina. Venezuela fue pionera en usar la revocación no como un mecanismo de fiscalización, sino como una herramienta de control político desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro. Bolivia siguió la ruta, activando consultas en los momentos más estratégicos para Evo Morales. Ecuador y Perú la convirtieron en arma de polarización. Pero en todos los casos, la constante es la misma, la figura presidencial se coloca en el centro de la boleta para operar como tractor electoral del partido.
México está a nada de replicar el modelo, pero con una diferencia notable, aquí se hará mediante una reforma constitucional a la medida de las necesidades políticas del partido en el poder, con la ventaja de que ahora Morena cuenta con mayoría calificada y puede mover la Constitución como si fuera plastilina.
La propuesta de adelantar la revocación al primer domingo de junio de 2027 —el mismo día en que se renovarán diputaciones federales, congresos locales, alcaldías, gubernaturas y hasta jueces— no busca simplificar el calendario electoral. Busca, más bien, presidencializar la elección intermedia. Dicho de otro modo: si la popularidad de Claudia Sheinbaum aparece impresa en la boleta, Morena espera repetir el efecto López Obrador de 2021, cuando el simple peso simbólico del liderazgo central aseguró triunfos donde el partido no tenía estructuras sólidas.
La preocupación real del oficialismo es evidente, incluso con altos niveles de aprobación (75%), Sheinbaum no garantiza el resultado por sí sola. Mucho menos en un país donde la inseguridad es el principal punto débil del gobierno y la economía depende del humor del ocupante de la Casa Blanca.
A eso se suma un elemento que el oficialismo no menciona, pero que opera como eje subterráneo: la reaparición política de Andrés Manuel López Obrador. Aunque ya no ocupa cargo alguno, el expresidente sigue siendo el faro emocional de la 4T.
Su gira para presentar su nuevo libro —el pretexto perfecto— podría convertirse en un recorrido político disfrazado, una especie de campaña paralela que avive la base morenista justo cuando el país acuda a las urnas. Su presencia, aunque no sea formal, es una herramienta propagandística demasiado valiosa para dejarla guardada. Y Morena lo sabe.
También está el riesgo que pocos señalan, actualmente, Sheinbaum mantiene alrededor del 70% de aprobación, si la participación supera el 40% por la simultaneidad electoral, pero la seguridad pública es su flanco más débil. Y si para 2027 la violencia aumenta, una revocación concurrente con más de 40% de participación podría volverse vinculante y letal. La tentación de intervenir políticamente en un proceso así sería enorme. Y el conflicto institucional, inevitable.
Si la mayoría vota por quitarle el cargo, la Presidenta de la Cámara de Diputados asumiría interinamente y el Congreso, liderado por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, designaría un sustituto hasta 2030. Si la mayoría vota por quitarle el cargo, la Presidenta de la Cámara de Diputados asumiría interinamente y el Congreso, liderado por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, designaría un sustituto hasta 2030. Sheinbaum busca legitimidad a mitad del sexenio, el mecanismo podría transformarse en un bumerán político capaz de poner en riesgo la estabilidad del propio gobierno, dependiendo de la aprobación de legisladores federales y al menos 17 Congresos locales.
El argumento del “ahorro” es la justificación más débil de todas. La 4T gastará mucho más que esos 5,000 millones en programas sociales, infraestructura electoral paralela, campañas de difusión, movilización territorial y propaganda oficial. Si el presidente López Obrador jamás escatimó recursos para mantener viva su narrativa política, nadie cree realmente que Morena quiera ahorrar en una elección que definirá su futuro de largo plazo. El ahorro es un eslogan, no un argumento.
México está a punto de seguir el camino de países donde la revocación fue convertida en herramienta política, no en instrumento ciudadano. Y la motivación es tan simple como contundente, Morena quiere a Claudia Sheinbaum en la boleta del 2027, quiere a López Obrador en el escenario, quiere convertir la elección intermedia en un plebiscito emocional y quiere asegurarse el control total del Congreso, los estados, los municipios y el Poder Judicial. Cuando un partido necesita mover la Constitución para proteger su hegemonía, el problema no es el mecanismo, es la desconfianza que ese partido tiene en sí mismo.
Adelantar la revocación no fortalece la democracia; fortalece al partido en el poder. Y aunque la maniobra es astuta, también es peligrosa. Porque en política, quien juega con la revocación corre el riesgo de terminar revocado. Y esa posibilidad —aunque hoy parezca remota— explica por qué el oficialismo tiene tanta prisa. Porque saben que el 2027 será la elección más importante desde 2018… y no están dispuestos a perderla.
Pero mientras Morena mueve la Constitución para asegurar la revocación adelantada, hay un elemento externo que el oficialismo finge no ver: Estados Unidos ya discute abiertamente intervenir de manera directa contra los cárteles mexicanos.
Y aquí aparece un dato que la propia Sheinbaum prefirió no profundizar cuando, tras el asesinato del edil de Uruapan, lanzó en la mañanera aquel reto infantil a la oposición: “¿quieren la guerra de Calderón, el regreso de García Luna o una intervención extranjera?”. Lo que no dijo —o quizá no sabía— es que varias agencias estadounidenses respondieron sin discursos ni conferencias, sino con movimientos internos muy serios. Hoy, en la administración de Donald Trump, existe un ambiente favorable a estudiar operaciones directas contra el crimen organizado en territorio mexicano, bajo el argumento de que los cárteles ya controlan más del 70% del país y, más preocupante aún, controlan zonas clave para la logística de trasiego: San Luis Potosí y Zacatecas por tierra; los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Altamira; las fronteras de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana y San Luis Río Colorado, este último conectado hacia el sur con Caborca y Cajeme.
Paradójicamente, Coahuila no aparece en el mapa de intervención gracias al modelo de seguridad que inició hace más de una década y que hoy continúa Manolo Jiménez Salinas.
En Washington no hablan de reeditar una guerra contra el narco, sino de algo mucho más profundo: romper los pactos tejidos entre poder político y delincuencia, desmantelar redes de contrabando y robo de combustibles, frenar el avance del fentanilo y liberar regiones donde el Estado mexicano simplemente cedió el control. Para la Casa Blanca —dicen los rumores— esa sería la diferencia entre un México que todavía puede sostenerse… y un México al borde del colapso.
Este contexto hace aún más evidente por qué Morena tiene tanta prisa en intervenir el sistema electoral, no es solo cálculo interno, es un intento de blindaje ante una realidad internacional que podría rebasarlos.
Mientras el país discute la revocación, Coahuila ya está en modo electoral rumbo al 2026, donde se renovará el Congreso local, y aquí sí vale decirlo sin rodeos: lo que se juegue en La Laguna definirá el control político del estado para la siguiente década.
Y entre todos los nombres que se mueven, uno sobresale por lógica, fuerza, estructura y operación política: Román Alberto Cepeda González. Si el alcalde de Torreón es designado candidato a diputado local, el PRI tendría prácticamente asegurados los cuatro distritos laguneros. Así de simple. Así de brutal. Así de incómodo para muchos.
El detalle es otro: si Román brinca al Congreso, ¿quién se quedaría en la alcaldía?... Ahí empieza la carnicería política.
Los que realmente suenan —no los que se anotan solos— son Ariel Martínez, joven con respaldo fresco, y Eduardo Olmos, actual secretario del Ayuntamiento y operador curtido. Ahí está el dilema: juventud o estructura, aire nuevo o músculo probado. Ambos tienen con qué, pero cada uno representa un camino distinto para la sucesión en Torreón.
Otros perfiles que al PRI le conviene meter al tablero, sí o sí, son Rodrigo González Fernández, hoy director del Centro de Convenciones de Torreón, con capital político creciente; y Xavier Herrera Arroyo, un operador serio y disciplinado que suma, no resta. Son cartas reales, no fantasías.
Lo que se ve más borroso es el futuro de perfiles como Felipe González Miranda o Hugo Dávila. Después del escándalo en Ex Hacienda La Perla, quedaron tocados, y en política, los errores públicos no se olvidan: se archivan, pero para usarse en el momento oportuno. Hoy, ambos tienen pocas probabilidad de volver a la cancha en 2026.
En la alianza PRI-PAN —que en Coahuila y Nuevo León será de supervivencia, no de amor—, uno de los distritos de Torreón quedará en manos del blanquiazul. Y las cartas son claras: si es hombre, irá el diputado Gerardo Aguado, mejor conocido como “El Quillo”, a la reelección. Si toca mujer, sería Astrid Casale de Zermeño, para cumplirle el compromiso a Jorge Zermeño. Y si las negociaciones se atoran, aparece otro nombre pesado: Jesús de León Tello, notario, exdiputado y excandidato a alcalde.
El problema es que el grupo de Memo Anaya y el clan Zermeño no se ponen de acuerdo ni para escoger el color de un mantel. La alianza está hecha, sí. Pero internamente es una olla exprés.
El distrito rural, la mina de oro que el PRI no puede volver a perder, el distrito de Matamoros, Francisco I. Madero y Viesca es otra historia. Ahí el PRI juega con fuego si insiste en las cartas del alcalde Miguel Ángel Ramírez López, alias “El Charro”: Sol Luna y Efraín “El Payo” Agüero.
Allá no dan los números. Y en política, los números no perdonan. El nombre que podría recuperar ese distrito es solo uno: Alfredo Vázquez Rocha.
Ya compitió en 2017, sacó 32,000 votos y perdió por apenas 500 frente a Graciela Fernández, esposa del cacique Raúl Onofre.
Si el PRI quiere ganar ahí, la fórmula es simple: quieren números, tiene que elegir Alfredo Vázquez Rocha. Quieren derrota, sigan con los recomendados del “Charro”.
Del lado de Morena, la historia es aún más divertida —o más triste— dependiendo desde dónde se mire.
El único seguro para repetir es el polémico Antonio Atolini Murra, cuya verdadera fuerza no está en la calle ni en territorio, sino en vender humo a las élites priistas, que por alguna razón siempre caen en su encanto teórico.
De Shamir Fernández Hernández y su esposa… nada aporta mencionarlos. Morena sobrevivió sin ellos, crecerá sin ellos y, francamente, respira mejor sin ellos. Su principal enemigo no es el PRI: es el olor político que dejó el apellido Riquelme. Y eso en Morena se percibe como veneno puro, desde los Servidores de la Nación hasta Palacio Nacional.
Las apuestas reales del morenismo están en perfiles frescos como José Luis Hotema o Luisa Morales, joven ingeniera con discurso nuevo, aunque sin estructura consolidada.
La grilla está declarada. Las operaciones ya comenzaron. Y aunque la discusión pública gira en torno a la revocación presidencial, la realidad es que las definiciones del 2026 en Coahuila moverán piezas nacionales.
Porque si el PRI retiene Torreón y asegura cuatro distritos, Morena se estanca. Y si Morena no avanza en La Laguna, el proyecto nacional de la 4T pierde fuerza simbólica rumbo a 2027.
Coahuila es el laboratorio real del poder. Y en 2026, nadie quiere ser el dato incómodo… pero varios terminarán siéndolo.
Y mientras todo esto ocurre —la revocación adelantada, la intervención de Estados Unidos en la mesa, la grilla de Coahuila camino al 2026—, otra bomba silenciosa empieza a sonar en el norte del país: la crisis del tren Coahuila–Durango.
En un momento donde se habla de nuevos impulsos ferroviarios, esta ruta concesionada a Industrias Peñoles y al moribundo Grupo Acerero del Norte amenaza con convertirse en el próximo foco rojo.
La concesión vence en 2028, y si este proyecto sigue en terapia intensiva, el colapso logístico y social será inevitable: el norte lanzará un grito de auxilio como no se ha escuchado en décadas. No es metáfora ni exageración. Altos Hornos de México ya es un cadáver industrial, y hoy la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet), bajo la tutela de Plácido Morales, vigila los derechos de más de 14 mil trabajadores que cargan sobre sus hombros la incertidumbre de una región entera.
Si el tren cae, no solo se descarrila una concesión, se descarrila la estabilidad económica del norte, donde cada mina, cada planta, cada centro logístico depende de un sistema que ya cruje por todas partes.
Y mientras la política nacional se concentra en plebiscitos, alianzas improvisadas y cálculos electorales, el verdadero riesgo para México puede venir desde las vías oxidadas que anuncian un futuro que nadie quiere ver… pero que ya está llegando.
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