La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Omar García Harfuch llegó al Senado y convirtió la comparecencia en espectáculo.
Fue, sin duda, la función más taquillera de la temporada. Senadores de todos los colores, especialmente de Morena, formaron fila para tomarse la foto con el secretario de Seguridad Pública.
No era solo por simpatía, estar cerca de Harfuch se ha vuelto políticamente rentable.
El funcionario mejor evaluado del Gabinete representa resultados, imagen limpia y una narrativa de control en medio del caos.
Y, además, porque detrás de esa sonrisa institucional hay algo que inquieta a más de uno.
Harfuch tiene bajo su responsabilidad la investigación del huachicol fiscal, el mayor crimen financiero del México moderno.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, reconoció que el daño al erario podría alcanzar 600 mil millones de pesos.
Ningún otro hecho de corrupción cometido en el paso ya sea la “Estafa Maestra’’, la “Estela de Luz’’ o incluso el robo descarado e impune en Segalmex, el sexenio pasado, se comparan con este caso que involucra lo mismo a particulares que a funcionarios de todos los niveles.
Y, lo más delicado, el caso toca fibras dentro y fuera del gobierno, con funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno involucrados.
De todos.
En su visita al Senado, Harfuch pisó terreno sensible. Ahí lo esperaba Adán Augusto López, hoy senador, antes gobernador de Tabasco.
Durante su mandato, contrató a Hernán Bermúdez Requena, exjefe policiaco con denuncias que ignoró hasta el final.
Años después, la justicia les dio la razón a los denunciantes: Bermúdez era el líder de La Barredora, un cártel local que sembró terror en Tabasco con secuestros, extorsiones y asesinatos.
La comparecencia tuvo también aroma de precampaña.
No solo por la fila de senadores buscando foto, sino por el tono del discurso: firme, técnico y sin triunfalismo.
Temido por los duros de Morena, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum y admirado por buena parte de la oposición, Harfuch se ha vuelto un encantador de serpientes.
El político que todos quieren cerca, pero pocos entienden hasta dónde llega su poder.
Mientras tanto, en San Lázaro, la mayoría morenista aprobó una reforma que formaliza la militarización marítima.
La Ley de la Armada de México ahora da sustento legal a los acuerdos firmados entre López Obrador y Sheinbaum: los marinos podrán ejercer funciones de vigilancia en aduanas, aeropuertos y zonas económicas exclusivas.
Nace, además, la Jefatura de Operaciones Navales, cuyos integrantes serán designados directamente por la presidenta.
Adiós al Estado Mayor de la Armada.
Y para rematar la semana, el gobierno mexicano “donó” 60 mil millones de pesos en petróleo al régimen cubano.
A cambio, La Habana extraditará al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, acusado de ser uno de los principales proveedores de fentanilo para los cárteles mexicanos.
Un intercambio peculiar: combustible por criminal.
El problema es que, para ayudar a los damnificados de Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, el gobierno dispone de apenas 19 mil millones de pesos.
Así que el mensaje es claro: la ideología cuesta… y la solidaridad selectiva también.
Buen negocio, ¿no?
La Ley de Amparo: los “representantes del pueblo’’ vs. el pueblo.
Imagínese que en un partido de fútbol el primer tiempo se juega con un reglamento y el segundo con otro. Y para colmo, el árbitro encargado de aplicar las reglas fue impuesto por el dueño de uno de los equipos.
Más o menos eso ocurrió con la reforma a la Ley de Amparo aprobada por Morena y sus aliados.
El nuevo marco no es una actualización técnica, como se quiere vender. Es una cirugía al corazón del sistema de control constitucional.
El texto dice palabras más palabras menos —Artículo Tercero Transitorio del Decreto— que las etapas procesales de los amparos ya iniciados se respetarán, pero que las etapas siguientes se ajustarán a las nuevas reglas.
Traducido: una parte del procedimiento se juzgará con una ley, y otra parte con otra.
Por ejemplo: si un ciudadano obtuvo un amparo provisional antes de la reforma, su caso se mantiene igual hasta la audiencia.
Pero a partir de la reforma, la audiencia para decidir si el amparo es definitivo se regirá por las nuevas disposiciones.
¿Y cuál es el problema?
Que las nuevas reglas encadenan al juez y encarecen la justicia. El ciudadano tendrá que demostrar que la acción del gobierno le causa un daño real y directo —una carga probatoria casi imposible frente al aparato estatal—.
Y, además, el juzgador deberá valorar si la suspensión o concesión del amparo no afecta el “interés social”, ese concepto elástico que en la práctica suele confundirse con el interés del gobierno.
La reforma a la Ley de Amparo no fortalece la justicia: la somete. Y en ese nuevo terreno de juego, el poder ya no teme a la ley… porque la ley juega de su lado.
Todos perdemos.
El PAN se relanza… hacia el precipicio
Se entiende que el PAN haya decidido anunciar que no hará más alianzas con ningún partido. Lo que no se entiende es que lo haga justo cuando más las necesita.
En un afán por recuperar glorias pasadas, su dirigencia nacional presentó el “relanzamiento” del blanquiazul con discurso reciclado, promesas vacías y un eslogan que suena más a nostalgia que a renovación: abrirse a la ciudadanía.
Y para completar el cuadro, prometen reformar los estatutos… como si los estatutos fueran el problema.
En su obsesión por “recuperar identidad”, el PAN olvidó que sin poder no hay identidad que valga.
Lo que debería preocuparles no es sumar dos o tres gubernaturas, sino recuperar el control legislativo, desde donde Morena ha reformado leyes y doblado instituciones sin resistencia real.
Eso era ver el bosque.
El caso de Chihuahua es el más claro. Sin alianza, el PAN podría perder su bastión ante el crecimiento del morenista Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, que solo necesita no ser vetado para competir.
¿Y Querétaro?
Ahí, el gobernador Mauricio Kuri juega doble: amable con Claudia Sheinbaum, callado ante Morena.
¿Gestión institucional o cálculo diplomático rumbo a una embajada?
El panorama no mejora en los congresos locales. A falta de alianzas, Acción Nacional podría pasar de oposición relevante a testigo de honor del dominio guinda.
Paradójicamente, el único problema real de Morena no es la oposición, sino la falta de candidatos competitivos para 2027.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar se hunde en escándalos diarios. Pretende dejar a Julieta Ramírez o Norma Bustamante, aunque ambas cargan con desgaste. El expriista Fernando Castro Trenti se ofrece como “solución técnica”.
En Sinaloa, Rubén Rocha maniobra para imponer sucesor; suenan Teresa Guerra o Imelda Castro.
En Guerrero, las opciones son igual de endebles: Beatriz Mojica y Abelina López intentan sobrevivir al legado de Félix Salgado Macedonio.
Y en Colima, el nombre de Mario Delgado empieza a circular como premio de consolación.
¿La Mossad en México?
El crimen que sacudió a la comunidad israelí y el silencio del poder.
No de manera institucional —como antes, cuando apoyaba en capacitación policiaca—, pero el asesinato del abogado David Cohen Sacal despertó algo más que consternación en la comunidad israelí en México.
Despertó miedo. Y también organización.
Empresarios judíos de alto perfil se han movido rápido: contrataron agentes e investigadores con experiencia en inteligencia israelí, algunos ligados —aunque discretamente— al Mossad. No confían en las versiones oficiales, ni en los informes que entregan los fiscales. Quieren su propia verdad.
El crimen fue brutal y simbólico: un abogado ejecutado en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el espacio donde la ley debería imponerse al caos.
Los detenidos —dos jóvenes, Héctor Hernández y Donovan N.— no convencen a nadie.
Cohen Sacal no era un litigante cualquiera: defendió a Guillermo “Billy” Álvarez, histórico dirigente de la Cooperativa Cruz Azul, y también al actor Sebastián Rulli.
Tenía relaciones, clientes poderosos y una reputación de hombre discreto, con ascendencia en la comunidad israelí de Polanco.
En el centro de esa disputa siempre estuvo Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, durante años dueño absoluto del club y de la empresa.
A su alrededor, personajes como Víctor Garcés Rojo —el director jurídico de antaño—, hoy bajo proceso, mientras otros actores que hicieron maniobras para apoderarse de la cooperativa siguen libres.
De acuerdo con información disponible, David Cohen Sacal no aceptó traicionar a Billy Álvarez.
La tragedia en San Pedro de las Colonias: murió un niño en la escuela.
El silencio que duele más que el accidente.
Y aunque el parte oficial lo reduce a una “lamentable pérdida”, la tragedia de Anuel Esquivel Cruz, estudiante de la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel, en San Pedro, Coahuila, trasciende el hecho y desnuda el abandono estructural del sistema educativo.
La Secretaría de Educación Pública emitió su tarjeta informativa con el tono que ya conocemos: condolencias formales, “acompañamiento integral”, coordinación con autoridades locales y una promesa más de investigación.
Pero detrás del lenguaje burocrático se esconde la historia de miles de escuelas rurales donde los niños aprenden entre paredes resquebrajadas, techos improvisados y patios sin mantenimiento.
Las tragedias escolares casi nunca son resultado del azar. Son consecuencia de años de desatención, de presupuestos insuficientes y de la simulación institucional que presume programas como “La Escuela es Nuestra” mientras los planteles carecen de lo básico: seguridad estructural, servicios sanitarios y personal suficiente.
La muerte de Anuel —en un municipio con alta marginación y poco eco mediático— es también el retrato de la doble realidad educativa de México: una donde los discursos se pronuncian desde oficinas con aire acondicionado y otra donde los niños caminan kilómetros para asistir a clases bajo techos de lámina.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, estableció comunicación personal con los familiares, según el boletín.
Pero la empatía no se mide en llamadas, sino en acciones.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿quién responde por la seguridad de los alumnos dentro de los planteles? ¿Quién revisa la infraestructura, quién supervisa los protocolos de emergencia, quién garantiza que las escuelas rurales no sean zonas de riesgo?
Cada tragedia parece inaugurar un nuevo compromiso institucional. Y, sin embargo, nada cambia.
Porque en el fondo, las autoridades educativas se han acostumbrado a reaccionar, no a prevenir
El ejido San Miguel, en San Pedro, Coahuila, no es una excepción: es la regla.
Un espejo de la distancia entre el México oficial y el México real.
Anuel no volverá a casa.
Y su nombre debería ser recordado no solo por la tristeza de su partida, sino como un símbolo de lo que el Estado mexicano sigue sin entender: que la educación no se defiende con discursos, sino con seguridad, mantenimiento y presencia real.
Ojalá esta vez las condolencias oficiales no se pierdan entre comunicados y homenajes.
Ojalá sirvan para algo más que un titular.
Porque mientras los niños mueran en sus escuelas, la educación seguirá siendo la promesa más rota del país.
Descanse en paz.
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