POR: JESÚS M. MORENO MEJÍA
Todos los políticos
mueren envenados
por sus mentiras.
Parafraseando a
Richard Garnet.
Da vergüenza saber que innumerables políticos de nuestro país están en la mira de la justicia del vecino país del norte, en especial gobernadores y ex gobernadores, pero también se incluyen a otra clase de funcionarios públicos que figuran en una supuesta “Lista Negra”, donde aparecen los que son requeridos por autoridades judiciales de los Estados Unidos de América.
Recientemente, el periodista Salvador García Soto, enumeró en su artículo “La Lista de Marco” a 44 políticos aparentemente solicitados por la justicia estadounidense, entre ellos a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Layda Sansores, de Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Samuel García, de Nuevo León.
También están en la mencionada lista, Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco, imputado con altos índices de violencia y desapariciones en esa entidad; Ricardo Monreal Ávila, actualmente diputado federal y ex gobernador de Zacatecas; Adán Augusto López Hernández, senador de la República y ex gobernador de Tabasco, a quien se le relaciona con el grupo criminal denominado “La Barredora”, que encabeza Hernán Bermúdez Requena, quien fuera jefe policiaco de Tabasco, detenido recientemente en Uruguay y trasladado a nuestro país a fin de ser investigado por autoridades judiciales.
Se presume que otras autoridades pudieran estar implicadas con el crimen organizado, a partir de haber intentado ingresar a Estados Unidos de América, impidiéndoselo y retirándoles la visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmedo, así como a su esposo, Carlos Torres Torres, y más recientemente al diputado federal y ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Mario López Hernández.
En esa “Lista Negra” a la cual se refiere el colega García Soto, en la cual sólo se incluye a políticos de la oposición, aparecen además: Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública y ex dirigente nacional del partido Morena; Manuel Barlett Díaz, ex director de la Comisión Nacional de Electricidad, y ex Secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid; Clara Luz Flores Carrales, Directora de asuntos religiosos de la Segob.
También se incluye en dicha lista a Alberto Granados Favila, actual Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas. Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas; Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua; César Iván Sandoval y Erasmo González, ediles de San Luis del Río y ciudad Madero, Tamps., respectivamente
Es obvio que también existen políticos de oposición, aunque no estén incluidos en la mencionada “Lista Negra” a que hace referencia García Soto, quienes son buscados por las autoridades judiciales del vecino país del norte, mientras que otros ya han sido detenidos y procesados, comenzando con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El primero en haber sido detenido en México y procesado en EUA, fue Mario Villanueva Madrid (a) “El Chueco”, ex gobernador de Quintana Roo, acusado de complicidad con el criminal Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, líder del Cartel de Juárez.
Jorge Juan Torres López, ex gobernador interino de Humberto Moreira Valdés, desvió recursos del erario del gobierno de Coahuila y fue acusado por las autoridades estadounidenses de lavado de dinero sucio.
César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua; Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, al igual que Fidel Herrera; Mario Marín, de Puebla; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; Andrés Rafael Granier Melo, de Tabasco; Roberto Sandoval, de Nayarit; Roberto Borge, de Quintana Roo, entre otros gobernantes, que si bien no todos requeridos por autoridades extranjeras, si con carpeta de investigación por peculado y otros delitos en México.
En conclusión, sean de un partido político o de otro, todo parece indicar que nuestros gobernantes, del rango que sean, tienen el sello de ser unos auténticos delincuentes, por ser todos perseguidos por la justicia o pendientes de ser investigados y procesados.
¿Es válida entonces la designación que dan a México en el extranjero? ¿Que vivimos en un país en el que reina la corrupción? José López Portillo lo afirmó: “La corrupción somos todos”.