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La SHCP ha presentado al congreso la propuesta del paquete fiscal 2026; toca a las y los legisladores la discusión y aprobación de dicha propuesta, pero en lo que se da el proceso de negociación política, vale la pena realizar un breve análisis sobre los elementos que integran esta propuesta del gobierno federal sobre los ingresos y egresos proyectados para el siguiente año. Para empezar, se planea ingresar a las arcas públicas de la federación 10.20 billones de pesos; y egresar, es decir, gastar 10.1 billones. Al parecer va a sobrar para imprevistos. De los ingresos, el rubro que desde luego preocupa es el relativo al endeudamiento, y para este rubro se tiene planeado solicitar deuda por 1.47 billones de pesos, es decir, el 14.4% de los ingresos serán deuda pública, por otro lado 28.3% serán de ingresos petroleros, también organismos y empresas con 1.3 bdp; y 57.3% de impuestos impulsados por nuevos gravámenes a bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos. Siguen siendo los impuestos y el petróleo la base del ingreso gubernamental a nivel federal y la deuda se mantiene en porcentajes aceptables hasta el momento en tiempos de “estabilidad social”; y sobre este tema hay que señalar que el indicador de deuda per cápita sustituye el PIB por el tamaño de la población y este indicador parte del supuesto de que, si la deuda pública se distribuyera de manera uniforme, se obtendría una estimación del compromiso financiero por persona, lo que resulta que para 2026, esta equivalencia sería de aproximadamente 151 mil pesos por habitante. No es a final de cuentas una deuda pequeña. Ahora bien, en lo que toca a los egresos o gastos, se planea erogar en infraestructura física la cantidad de 960.1 mil millones de pesos (mmdp). De este monto, 536.8 mmdp (5.3% del gasto total) se destinará a proyectos prioritarios, con énfasis en el desarrollo de nuevos trenes de pasajeros. Un tema lamentable es que se proyecta una asignación de 995 mmdp para el sector salud, lo que supone ser un 2.6% del PIB. México necesitaría aumentar 2.3 veces más la inversión en salud para cumplir el estándar internacional (6% del PIB); y es una lástima que no se le dé a este rubro la importancia que merece a nivel internacional. Lo mismo pasa en educación que reciben una asignación de 1.3 billones de pesos lo que equivale a 3.3% del PIB, monto por debajo del promedio que destinan los países de la OCDE (4.3% del PIB) y el 8% establecido en la Ley General de Educación. Por otro lado, se proyecta un gasto del 10% del presupuesto en los 16 programas sociales prioritarios, gasto cercano a los mil millones de pesos destacando el incremento presupuestal de la Pensión Mujeres del Bienestar (267%), Salud Casa por Casa (93.2%) y Beca Rita Cetina (58.6%). Con recortes al INE, INEGI y un aumento de presupuesto al Poder Judicial del 17% con respecto a 2025 (se proyectan 85,960 millones de pesos), el presupuesto parece ser un tanto inercial, con los mismos rezagos de siempre, con un endeudamiento consistente y con incremento en programas sociales, no parece haber nada nuevo presupuestalmente hablando para 2026.