La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
En el viejo régimen se decía que septiembre era “el mes del presidente”. No era una ocurrencia retórica: el Informe, las efemérides de los Niños Héroes, el Grito de Independencia y el desfile militar componían un ritual político que enviaba un mensaje claro de unidad, disciplina y control. Gobernadores, empresarios y legisladores se alineaban en torno al Ejecutivo para dar la impresión de que México era una república sin fisuras.
Ese modelo se agotó, pero los símbolos sobreviven. Este lunes, Claudia Sheinbaum, bautizada por sus adversarios como la Ochema, presentó su primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. Formalidad cumplida, aunque la verdadera fiesta política será el próximo primero de octubre, cuando cumpla un año en el cargo. Lo hace con una aprobación aún sólida, fruto de la inercia de su triunfo contundente en las urnas, pero también con una agenda atravesada por nubarrones: la seguridad pública, la tensión con Estados Unidos y la fractura incipiente en el grupo gobernante.
Sheinbaum presume avances en seguridad con un sello propio: la centralización de la estrategia, la apuesta por inteligencia y el respaldo militar intacto. Coparmex reconoció la construcción de un plan con cuadros preparados y la apertura de diálogo en mesas empresariales. Pero, al mismo tiempo, la realidad golpea: desapariciones, extorsiones al alza (8.2% en un año), robo en carreteras y la impunidad que alimenta la percepción de que nada cambia en el fondo.
El panorama económico no es alentador. La inversión fija bruta encadenó nueve meses de caídas; el ánimo para arriesgar capital se desploma, y la creación de empleos no despega. El plan Pemex 2025-2030 abre una puerta al capital privado, pero el mercado no olvida que la sobrerrepresentación política permitió reformas constitucionales sin consenso: la judicial, la desaparición de organismos autónomos y la erosión del Estado de Derecho.
El sistema de salud es otro pasivo: 34.2% de los mexicanos —44.5 millones de personas— carecen de acceso a servicios médicos. Las cifras de corrupción e impunidad se acumulan, pero la voluntad de investigar y sancionar sigue ausente.
En este escenario, dos gobernadores de oposición dieron un espaldarazo público: Mauricio Kuri, de Querétaro, y Manolo Jiménez, de Coahuila. No es un dato menor. Ambos provienen de trincheras opositoras (PAN y PRI, respectivamente) y ambos saben lo que significa dialogar con un Ejecutivo fuerte que concentra poder.
En particular, Manolo Jiménez ha sabido jugar fino. Su reconocimiento a los avances en seguridad bajo el liderazgo de Sheinbaum y del Gabinete federal no se reduce a una cortesía política: es un movimiento estratégico. Coahuila, frontera con Texas, es pieza clave en la agenda binacional de seguridad, migración y energía. Al subrayar que los indicadores delictivos en su estado han mejorado gracias al trabajo conjunto, Manolo se coloca como un interlocutor confiable para la Presidenta y, al mismo tiempo, se blinda de acusaciones de confrontación inútil con el centro.
No hay que perder de vista que Jiménez encabeza un gobierno priista en tiempos donde el PRI sobrevive más como aliado que como oposición. Su presencia y su mensaje en el marco del Informe lo perfilan como uno de los gobernadores que entienden que, en el México de hoy, la gobernabilidad pasa por la coordinación con Palacio Nacional. Y ese gesto, aunque matizado con prudencia, tiene lecturas nacionales: reconocimiento al poder presidencial, pero también un guiño a su propia capacidad de interlocución.
El primer Informe de Sheinbaum es, en suma, un acto cargado de símbolos. Vuelve a plantear que la “República unida” existe, aunque los jaloneos en Morena y la desconfianza empresarial digan lo contrario. Marca un estilo de gobierno que busca diferenciarse de su antecesor, pero que hereda las mismas tensiones estructurales: violencia, economía estancada y polarización política.
La presidenta arranca su segundo año con el beneficio de la duda intacto en buena parte de la población, pero con la exigencia creciente de resultados tangibles. Lo simbólico puede llenar plazas y titulares, pero lo real —empleo, seguridad, salud, inversión— es lo que terminará marcando su sexenio.
El primer Informe de Claudia Sheinbaum pretendía proyectar institucionalidad y una narrativa de transformación democrática. Sin embargo, pocos imaginaron que, mientras ese mensaje tensaba las fibras del relato presidencial, en el Poder Judicial se cocía otro guion: el de la justiciabilidad por voto popular. Dos escenas distintas, aunque con el mismo dramaturgo detrás.
El proceso extraordinario 2024‑2025, el primero en su tipo en México, renovó por voto —directo y universal— cargos clave: 9 ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF, del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgadores de distrito. Una reforma constitucional de Morena, empujada en septiembre de 2024 sin consensos amplios, aceleró una renovación marcada más por el corporativismo que por la equidad.
Un experimento democrático sin precedentes, que ha sido leído como fin del autoritarismo judicial… o como preludio de una subordinación total al poder político.
Columnas políticas críticas han advertido que, pese al brillo simbólico, el voto popular puede convertirse en un boomerang: “la Corte fue electa, pero su independencia está bajo tutela del Ejecutivo”, alertan quienes ven una reinstitucionalización del presidencialismo. En este contexto, la nueva Suprema Corte, encabezada por Hugo Aguilar, enfrenta el gran reto: resguardar la ley, no la política.
La renovación del Octavo Circuito —con sede en Torreón y Saltillo— no fue solo simbólica: el Senado tomó protesta este 1° de septiembre a cientos de jueces y magistrados. Entre ellos, el influyente Bloque Judicial de Coahuila, con nombres como Jorge Trejo Veloz, Maribel Villanueva Salas, Elda Karen Carral Chávez, Nuvia Jannely Aguillón Rodríguez, Ma. Guadalupe Carranza Galindo, Jazmín Ramos Cortez, Abril González Vázquez, Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Carlos Guillermo Fernández Gallardo, Olga Guadalupe Montoya Zablah, Alejandro Miguel Camacho Gil, José Daniel Olvera López y Jorge García Sotomayor, presentes en el desfile institucional del poder. Pero hubo quien faltó: Claudia Valeria Delgado Urby, magistrada electa para el Octavo Circuito (materias civil y laboral), alegó causas personales. Tomará protesta en una sesión especial posterior.
Los órganos de vigilancia, como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), ya operan en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Ambos fueron electos directamente, prometen revisar patrimonio, sancionar retrasos y fomentar transparencia… aunque su filiación partidista genera desconfianza.
México entra a una nueva era judicial votada… y vigilada. La democracia judicial suena bien en boleta y discursos, pero mañana será juzgada por sentencias duras y sin padrinazgos. Si triunfa el constitucionalismo, habrá valido la pena. Si gana la obediencia, estaremos ante la elección más costosa del sistema.
El primer Informe de Claudia Sheinbaum buscó mostrar a una presidenta con control político interno, capacidad de diálogo y narrativa de fortaleza. Pero la visita de Marco Rubio puso el contrapunto inevitable: mientras en Palacio Nacional se hablaba de soberanía y unidad, en la Embajada de Estados Unidos se recordaba que la agenda real del país se mide en seguridad, migración y economía, con Washington como juez y parte.
La noticia no estuvo en Palacio Nacional, sino en la Embajada de Estados Unidos. Ahí, en los reportes de Ronald Johnson y en los documentos que circulan entre agencias de seguridad norteamericanas —Defensa, ICE, Inmigración— se concentró la verdadera agenda.
El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó por primera vez a México desde que asumió el cargo y encontró lo que ya conocía en papel: un país atravesado por la violencia, la migración y la dependencia económica. Lo demás fue diplomacia.
El encuentro con Claudia Sheinbaum fue descrito como “respetuoso y productivo”. El guion estaba escrito: ambos gobiernos, dijo Rubio, mantienen la mejor cooperación en materia de seguridad. La presidenta, a su vez, presumió que México “no es Colombia de los noventa” y que no habrá subordinación. Pero en la realidad, el resultado concreto fue un memorándum de entendimiento, no un acuerdo, no una alianza estratégica.
En política internacional, la semántica importa. Un acuerdo genera compromisos claros, estrategias conjuntas y metas verificables. Un memorándum es apenas un protocolo, una hoja de buenas intenciones con frases como “respeto a la soberanía” y “confianza mutua”. En Palacio lo festejaron como alivio; en Washington lo registraron como trámite.
Rubio vino a México precedido por la exhibición de un video en el que una lancha cargada de cocaína, atribuida al Tren de Aragua, explotaba en aguas venezolanas. Mensaje explícito: Estados Unidos tiene la mira puesta en los cárteles, y los atacará con todos los medios a su alcance.
En ese contexto, las cifras que presumió el secretario fueron parte del libreto: 55 capos entregados en lo que va del año, 26 en julio. Una cooperación que no es gratuita: cada detención es capital político para Sheinbaum, pero también evidencia de que la agenda de seguridad sigue dictada desde el norte.
La narrativa oficial fue un éxito diplomático: reunión cordial, respeto mutuo, cooperación garantizada. Nadie quiso salirse del script. Pero la pregunta de fondo permanece: ¿qué es más peligroso para México? ¿Un secretario de Estado complaciente, sonriente, pero con activos encubiertos y objetivos ocultos en territorio nacional? ¿O un funcionario frontal que exige acciones concretas, fija metas y compromisos, y presiona con amenazas de aranceles del 30% si no se cumplen?
Las tribus de Morena no se ponen de acuerdo. Los obradoristas puros, cada vez más desplazados, acusan entreguismo. Los pragmáticos, en cambio, suspiran de alivio porque no hubo choque frontal. Y en los pasillos del norte del Pacífico, más de un gobernador estaría feliz de convertirse en activo protegido por Washington.
El estilo de Rubio recuerda al del mítico Fernando Gutiérrez Barrios: mano de hierro en guante de terciopelo. Sonrisa diplomática, discurso amable, pero un mensaje claro: la prioridad de Washington no es la retórica de Palacio, sino la efectividad de México para contener migración, frenar drogas y garantizar inversiones.
El memorándum puede servir para llenar titulares y discursos. Pero, como siempre, lo que realmente importa no está en el papel, sino en los próximos 90 días: el plazo que Donald Trump fijó antes de imponer aranceles generalizados del 30%.
En Palacio Nacional respiran tranquilos, por ahora. Pero en política exterior, como en la vida, las sonrisas se borran pronto. Y en esta historia, como siempre, la última palabra no la tiene México.
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