Imagine Usted, amable lector, que alguien de su vecindario no solo no paga el agua que consume, sino que ni siquiera tiene medidor, o lo tiene, pero no funciona, o funciona, pero es manipulado por el usuario. Usted, que puntualmente paga su consumo de agua, aunque a veces solo sea aire lo que sale de la llave sentirá, seguramente, que le están robando. Pues algo muy similar es lo que pasa, desde hace muchísimos años, con el agua del subsuelo que se extrae para las actividades agrícolas en nuestra región.

En efecto, aparte de que es exagerada la cantidad de agua que legalmente se extrae con pozos agrícolas, está los miles y miles de metros cúbicos que se extraen de manera ilegal. ¿Cómo le hacen? Pues no cuentan con medidores, y si cuentan con ellos los alteran de manera que terminan sacando el agua que quieren y pagando lo mínimo.

Por eso nos encontramos en la región en una situación que le llaman de “estrés hídrico” lo que significa que nos encontramos a punto del colapso económico porque el agua subterránea ha mermados no solo su calidad sino su disponibilidad. Cada vez tenemos menos agua y cada vez de peor calidad.

Lo anterior según lo reconoce la Comisión Nacional del Agua, misma que a través de su Organismo Cuencas Centrales del Norte reconoce que ha inspeccionado 970 pozos agrícolas y que 124 de ellos se encuentran en “revisión administrativa por incumplimientos, como contradicciones en los datos de extracción o la ausencia de medidores”. Por esa razón, dice Conagua, se procede a la instalación de medidores telemétricos del consumo del vital líquido ya que, se supone, así no se puede alterar su lectura ni se les puede dañar intencionalmente.

Esto, por supuesto, no es nuevo. El investigador José Soto sostiene lo que ya todos sabemos en la Comarca Lagunera, que extraemos más agua de la se infiltra al acuífero, la diferencia es que Soto le pone números. Así, de acuerdo con sus investigaciones, ya para los años setenta del siglo pasado, con el total de agua que aportaban los caudales de los ríos Nazas y Aguanaval, más las aguas subterráneas se podían regar 156,000 hectáreas y, sin embargo, había autorización para regar casi 177,000 hectáreas, legalmente.

Sin embargo, en su libro Distribución del agua en la Diferenciación Social, José Soto sostiene que, se utilizan volúmenes mayores a los autorizados “mediante mecanismos informales de apropiación en trato directo con funcionarios y aforadores”. En otras palabras, hay una política hidráulica desde hace muchos años diseñada para favorecer a la propiedad privada por encima de la ejidal, a pesar de lo que establece la ley pero ni siquiera esos límites, legalmente establecidos se respetan. Por eso el libro en mención habla de una diferenciación social estatalmente inducida o, por lo menos tolerada, en la que los grandes perdedores son el acuífero y los productores ejidales de bajos ingresos.

¿Por qué hasta ahora se hace algo para evitar el robo del agua de subsuelo mediante los medidores telemétricos? Por que así lo determinó la Suprema Corte de Justicia que ordenó al gobierno federal que, a través de Conagua, garantice “el derecho humano al agua, tanto en cantidad como en calidad, trabajando en coordinación con autoridades locales.

La agricultura y la ganadería han sido un gran negocio regional pero solo para algunos, mientras que a quienes habitamos la región nos ha tocado lidiar con la escasez de agua que, además, está cada vez más contaminada con sales de arsénico.