La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Al interior de Morena se vive un ambiente que no es de calma ni de consolidación, como pregonan sus voceros, sino de fracturas que apenas comienzan a asomarse a la superficie. Los nuevos liderazgos que pretenden ocupar espacios estratégicos tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, lejos de sumar cohesión, han generado un reacomodo de fuerzas donde cada tribu defiende su parcela de poder. La disputa por las gubernaturas que se renovarán en 2027 y por las candidaturas federales de 2028 ya comenzó, y con ello el partido en el poder vuelve a mostrar sus contradicciones: un movimiento fundado en torno a un liderazgo personalísimo que, sin ese eje, corre el riesgo de fragmentarse.
Las narices de gobernadores, legisladores y operadores regionales ya están puestas en el reparto de recursos y en el control de las estructuras del bienestar. La narrativa de “unidad” que se intenta vender desde Palacio Nacional contrasta con la pugna soterrada que se palpa en los estados y que pronto será inocultable. Morena, en suma, no vive su mejor momento interno, aunque aún conserve el poder del aparato federal: Morena vive una guerra civil.
Sí, hermanos contra hermanos. Un día, en la mañanera de Palacio Nacional, se presumirá que “estamos más unidos que nunca”; al siguiente, los propios cuadros del partido se clavan cuchillos entre sí por cuotas de poder. La narrativa oficial de “unidad” es solo un espejismo que pretende cubrir un hecho inocultable, el partido en el poder es hoy un volcán en plena erupción.
El origen de esta fractura tiene nombre y apellido: la disputa por la Secretaría de Gobernación. Ese cargo que, en la práctica, es lo más parecido a una vicepresidencia en México, y que representa el corazón de la política interior, la seguridad y la sucesión. La aún secretaria Rosa Icela Rodríguez ya anunció que irá por la gubernatura de San Luis Potosí, dejando vacante un asiento clave en Bucareli. Y ahí es donde estalló la guerra interna.
Por un lado, el bloque de Claudia Sheinbaum impulsa a Omar García Harfuch, el hombre fuerte de su círculo, con la intención de repetir la fórmula Peña Nieto–Osorio Chong: fusionar Gobernación y Seguridad en una sola mano para construir un presidenciable de hierro. Harfuch ha cultivado el aval de Washington —al haber enfrentado al huachicol, golpeado laboratorios de fentanilo y endurecido la narrativa de “balazos, no abrazos”—, lo que lo convierte en un candidato serio para controlar el tablero político.
Del otro lado, el bloque tabasqueño no está dispuesto a entregar el timón. El triángulo de las “A´s” —Andrés Manuel, Adán, Audomaro y, por supuesto, Andy— ve con recelo que un cuadro cercano a Sheinbaum concentre tanto poder. De ahí se desprenden los choques soterrados, las filtraciones y los escándalos recientes: el caso de Adán Augusto y La Barredora en Tabasco, los viajes de lujo de Andy, Monreal, Mario Delgado, Noroña o Layda Sansores, que revelan cómo se les “afinó el paladar” a los cuatroteístas. Ya no quieren turismo nacional, les quedo corto; ahora el anhelo es Japón, Portugal, España, Cannes, Niza o la costa italiana.
Lo que a simple vista parece una lluvia de ocurrencias y escándalos mediáticos en realidad responde a una lucha de bloques: Sheinbaum–Harfuch contra Tabasco. Y esa tensión definirá el rumbo del sexenio. Si Harfuch logra instalarse en Gobernación con el control de Seguridad, se habrá convertido, inevitablemente, en el candidato natural para 2030. Si Tabasco lo bloquea, Morena seguirá desgarrándose en su propia guerra civil, mientras el discurso oficial sigue repitiendo, sin sonrojo, que “no pasa nada, estamos más unidos que nunca”.
En contraste, Coahuila se presenta como un caso particular. Desde el inicio de su administración, Manolo Jiménez Salinas ha mantenido niveles de aprobación que lo colocan entre los gobernadores más populares del país. Su estilo pragmático y la continuidad del modelo de seguridad de Coahuila han consolidado una percepción de estabilidad, en un país donde la violencia sigue siendo la constante.
Incluso, hoy se le coloca en el radar nacional como “candidateable” presidencial por su mismo partido y también por alguno de los partidos emergentes que lograron registro. Más allá de que ese escenario sea todavía remoto, lo cierto es que la figura de Manolo se fortalece porque ofrece algo que escasea en la política mexicana: gobernabilidad y resultados en materia de seguridad.
El episodio reciente de las narcomantas difundidas en Torreón puso a prueba esa estrategia. La coordinación entre la Mesa de Seguridad de Coahuila, el Mando Especial de La Laguna y los mandos municipales logró contener la zozobra y mandar un mensaje de control territorial. En Torreón, la población sabe que, si bien el entorno regional es complejo por la vecindad con Durango, la prioridad del gobierno estatal sigue siendo blindar a Torreón y la Región Laguna de Coahuila.
Pero el tablero político no se mueve únicamente en los despachos estatales. La boda del fiscal Federico Fernández Montañez fue, en los hechos, el punto de quiebre para que el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda González ajustaran cuentas y definieran nuevos rumbos. De ahí derivaron cambios de alto calibre en la administración municipal: la salida de José Elías Ganem de la Secretaría del Ayuntamiento, de Óscar Luján Fernández en Tesorería, de Luis Morales en Tránsito y Vialidad, y de Juan Adolfo von Bertrab en Obras Públicas.
El arribo de Eduardo Olmos Castro a la Secretaría del Ayuntamiento no es casualidad. Exalcalde, exdiputado local y federal, y hasta hace unos días secretario de Desarrollo Regional, Olmos es quizá el operador priista con más experiencia en la región. Su presencia marca un giro claro: el gobernador toma control del Grupo Torreón y manda un mensaje inequívoco de que no habrá improvisaciones en el camino hacia 2026, 2027 y 2029.
A la par, Javier Lechuga Jiménez Labora en Tesorería y Raúl Sifuentes Guerrero en la administración municipal refuerzan la idea de que el edificio de la Plaza Mayor de Torreón será el centro de operaciones políticas del PRI en La Laguna. El objetivo es transparente: asegurar el control del Congreso local en 2026, retener el control político de Torreón en 2027 y, con ello, preparar la sucesión de 2029.
Y no se trata solo de estos ajustes. Se rumoran cambios —en el corto plazo— en áreas clave como lo son: Dirección de Ingresos, Egresos, Urbanismo, Inspección y Verificación, la Contraloría y la Gerencia General del SIMAS Torreón. Todo apunta a que la recomposición continuará hasta que la estructura municipal quede alineada a una sola estrategia, la del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El Congreso local de Coahuila renovará sus 25 distritos en 2026, y la prioridad del PRI no será únicamente mantener la mayoría, sino administrar la coalición con el PAN y el PRD para asegurar gobernabilidad rumbo a 2027.
En la elección de 2023, la Alianza Ciudadana por la Seguridad funcionó bajo una fórmula clara: el PRI se reservó 9 distritos, el PAN 5 y el PRD 2, aunque en los hechos la estructura priista terminó cargando con la mayor parte de la operación. Para 2026, el cálculo político será diferente: el PAN exigirá al menos un distrito en Torreón y otro en Saltillo, plazas donde aún conserva base social y cuadros competitivos, habrá que dar señales de flexibilidad con aliados, sin mostrar debilidad.
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