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Los datos son contundentes; el INEGI reporta 13.7 millones de personas que han abandonado la pobreza en nuestro país, el dato es de 2024 en comparación con 2016, es decir, los resultados apuntan directamente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador; por lo que sus políticas sociales de combate a la pobreza dieron efectivamente resultados aunado al incremento al salario mínimo también impulsado por el gobierno izquierdista de AMLO que, hay que decirlo, dicha referencia salarial ha tenido un aumento acumulado de 135% en el lapso de medición del INEGI. Desde luego que son cifras sugestivas y aceptables, sobre todo bienvenidas, y aunque ciertamente no somos un país ideal y existen otros serios problemas, la realidad es que ningún país cambia en un lapso tan corto, por ello las cifras son importantes, porque si se priorizan otras necesidades, podemos estar hablando del inicio de una verdadera transformación. Desde luego que no todo son buenas noticias, pues la dimensión social de la pobreza multidimensional empeoró, ya que pasó de 26% a 32% de la población, y esto se enfatiza principalmente en el acceso a servicios de salud, que por cierto tiene su origen en el inmenso rubro del trabajo informal en México que supone ser de más del 50% de la población económicamente activa. Aquí el gobierno tiene ahora dos retos; el primero es enfrentar la informalidad con políticas de incorporación a la formalidad y la cobertura de servicios de salud que sin duda deberán ser prioridad en el próximo presupuesto de egresos para 2026. Si bien es cierto la informalidad laboral disminuyó dos puntos porcentuales en el mismo lapso de medición, la realidad es que el avance es insuficiente, al respecto mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Puebla (sur y centro de la República) se registraron tasas por encima del 70 %, en entidades como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur (norte de la República) las tasas de informalidad se colocaron entre 33.8 y 37.6 % de su población ocupada. Como la informalidad laboral está ligada a menores niveles de ingresos promedio, los estados con mayor informalidad laboral son también los estados con los niveles más altos de pobreza laboral en el país. Estamos, pues, frente a un problema regional que debe combatirse con políticas públicas diseñadas para enfrentar el problema por regiones, que desde luego tiene su origen histórico en donde el norte industrializado contrasta con el sur tradicionalmente cerrado al desarrollo. No se trata de enfocar programas asistencialistas hacia el sur, sino de generar empleos que se traduzcan en incorporación de personas a la formalidad y con ello el acceso a la salud y educación para fortalecer estos dos rubros que siguen rezagados desde siempre en nuestro país. Bien por el avance, ahora hay que ajustar la estrategia.