El senador de la república por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís, afirmó que la recién aprobada Ley General del Sistema de seguridad pública, representa: “un grave retroceso que amenaza la esencia misma de nuestra democracia, los derechos humanos y la autonomía constitucional de los estados y municipios”.
El legislador destacó que “esta ley en particular, en lugar de ofrecer soluciones reales y efectivas… consolida la militarización de la seguridad pública, se amplían las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y se da un carácter operativo y de reclutamiento a la Guardia Nacional, ignorando lo que establece la Constitución en el artículo 21: la seguridad debe ser una función civil”.
Dijo que, “al militarizar la seguridad, esta ley difumina las fronteras entre las funciones civiles y militares, abriendo la puerta a abusos de poder y, sobre todo, a la reducción del escrutinio democrático. Además, esta reforma centraliza facultades en el Consejo Nacional de Seguridad, debido a que se incluye la suspensión discrecional de fondos federales a estados y municipios, lo cual vulnera el federalismo, y la autonomía Constitucional de los gobiernos locales queda sometida a un control arbitrario”. Asimismo, el también ex gobernador de Coahuila, no dudó en señalar que la nueva ley “debilita el equilibrio entre poderes y la gobernanza democrática”.
Insistió en que los recursos no deben ser negociables en ningún momento, “y lo sabemos quienes hemos gobernado un estados; los recursos son indispensables para la capacitación y para la certificación policial, sobre todo, cuando se trata de municipios pequeños o con pocos recursos, esto, lo único que está haciendo es generar desigualdad en la capacidad de brindar seguridad”.
Riquelme Solís, manifestó que “México no necesita más control desde el poder, sino más justicia desde la ley y lo que propone el partido del oficialismo es un sistema de vigilancia masiva que, en la más completa opacidad y sin controles, dará acceso ilimitado tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como al Centro Nacional de Inteligencia para que manejen datos biométricos, fiscales, financieros, médicos, telefónicos y de geolocalización”.
Por ello, el legislador coahuilense votó en contra de esta ley: “es una ley que ha sido impuesta sin el debate y consenso democrático necesario, incumpliendo procedimientos normativos y marginando voces críticas. Esto refleja un autoritarismo de mayoría que desprecia la pluralidad, la deliberación y la confianza ciudadana”.
Advirtió que con la nueva Ley de Seguridad Pública se “legalizan prácticas de vigilancia sin regulación judicial, autorizando el espionaje de dispositivos personales y la censura, lo que representa una violación clara al derecho a la privacidad y a la protección de datos”.
Añadió: “el tema de la seguridad se debe atender por regiones y según la realidad de cada entidad, pero esta ley difumina las fronteras entre funciones civiles y militares, abriendo la puerta a abusos de poder y la reducción del escrutinio democrático”.
Finalmente, advirtió que con “con los cuerpos normativos que se desean imponer de manera arbitraria, están construyendo una dictadura perfecta disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar la disidencia y aplastar la esperanza”, concluyó.
