La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Nada nuevo bajo el sol: cuando Estados Unidos decide actuar, México apenas bosteza.
La inacción mexicana en el combate al lavado de dinero y la debilidad de sus controles financieros quedó exhibida con la intervención del Departamento del Tesoro en tres instituciones: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Las advertencias no faltaron. Desde tiempos de Joe Biden —cuando todavía había voluntad de “cooperación”— se pidió endurecer la vigilancia sobre clientes sospechosos. Pero aquí la respuesta fue la habitual: reuniones, discursos y burocracia.
Mientras tanto, en Washington tomaron nota y avanzaron. Ahora acusan a las tres instituciones mexicanas de blanquear 186 millones de dólares, y en el caso de Vector, de administrar al menos 40 millones ligados a las empresas del exsuperpolicía Genaro García Luna, uno de los grandes trofeos políticos de la justicia estadounidense.
Por supuesto, la Secretaría de Hacienda se curó en salud: “No tenemos datos que confirmen las acusaciones”, dijeron con la seriedad de quien anuncia el clima. Lo mismo la CNBV, que abrió investigaciones… cuando el agua ya estaba en el cuello.
El tema no es menor. Vector, fundada por Alfonso Romo —sí, el exjefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador—, queda ahora en el ojo del huracán. Aunque Romo haya tomado distancia, el golpe resuena en la 4T y deja una herida profunda en la narrativa de “honestidad” que tanto presume la clase política.
A esto se suma el balazo diplomático que disparó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, al incluir a México en la lista de “adversarios extranjeros” junto a Rusia, China e Irán. Un mensaje claro: ya no somos socios ni amigos, apenas un vecino incómodo que deja pasar fentanilo como si fueran aguacates.
Hoy, en medio de las desmentidas oficiales y los comunicados que hablan de “deficiencias administrativas” (eufemismo elegante para no decir “omisiones graves”), el verdadero problema es la confianza.
Porque si algo duele en el mundo financiero es el descrédito, y si algo cuesta recuperar es la credibilidad.
Los clientes de CIBanco comenzaron a evaluar salidas rápidas tras los señalamientos de lavado de dinero lanzados por Estados Unidos. Algunos ya cortaron vínculos, mientras otros, con el pánico en la cartera, apenas buscan una salida decorosa antes de que se les congele el dinero.
De esos valores, al menos 164 corresponden a CKDes (Certificados de Capital de Desarrollo) y CerPis (Certificados de Proyectos de Inversión), instrumentos sofisticados que manejan grandes capitales. Entre sus clientes brillan nombres como BlackRock, Mexico Infrastructure Partners, GBM, Actis Gestor de Capital México y Alignmex Res Manager I. Es decir, no estamos hablando de pequeñas empresas de provincia: hablamos de pesos pesados del capital global.
CIBanco también juega un rol estratégico administrando fideicomisos de inversión en bienes raíces. De los 17 fideicomisos que cotizan en la bolsa (las llamadas Fibras), seis llevan su firma como fiduciario: Fibra Macquarie, Fibra Inn, Fibra Shop, Fibra Hotel, Fibra Storage y Terrafina. Además, administra el fideicomiso Fibra E de la CFE, encargado de canalizar inversiones en infraestructura y energía. Un negocio que toca fibras sensibles en Palacio Nacional y en el sector energético.
BlackRock, ese titán mundial, tampoco se quedó de brazos cruzados. Anunció que revisará las posibles consecuencias que la prohibición de operar con CIBanco pueda tener sobre sus fideicomisos y que evaluará todas las opciones para proteger a sus inversionistas. Un paso calculado para no verse arrastrado por el tsunami.
Lo que se juega no es solo la reputación de un banco. En el trasfondo están las redes de poder, las concesiones energéticas, los fondos inmobiliarios y la confianza (ya mermada) en la transparencia mexicana. La participación de CIBanco en fideicomisos clave como el de la CFE añade presión a un gobierno que presume de honestidad, pero que sigue actuando con opacidad cuando se trata de dinero grande.
CIBanco era el banco verde, la bandera eco-friendly (amigable con el medio ambiente) que se vendía como “la opción diferente”. Hoy se pinta de otro color: el del dinero sucio que nadie quiere tocar.
Porque en este juego, los clientes huyen primero, los gobiernos reaccionan después y la reputación… esa no vuelve.
¿Se cocina el nuevo Fobaproa?
Pemex no tiene salvación. Sus números son un monumento al fracaso: una deuda financiera superior a los 506 mil millones de pesos, más los 101 mil millones de dólares oficialmente reconocidos al cierre de 2024, que en pesos suenan a dos billones. Si eso no basta para espantar, súmele pérdidas por 43 mil millones de pesos solo en el primer trimestre.
La pregunta no es si Pemex va a quebrar. La pregunta es cuándo y cómo nos van a pasar la factura.
El gobierno ya cocina la receta: en tres o cuatro meses, se estaría oficializando la conversión de toda la deuda de Pemex en deuda soberana, es decir, que usted, yo y todos los contribuyentes la pagaremos. Un verdadero Fobaproa petrolero.
La decisión recaería en Edgar Amador Zamora, actual secretario de Hacienda y la nueva figura que inspira —dicen— confianza en la clase empresarial. Pero el reto es monumental: sumar 2.5 billones de pesos a una deuda nacional que ya ronda los 17 billones, para dispararla a casi 20 billones en cuestión de meses.
No se trata solo de números. Hay regiones completas que dependen de la paraestatal: Campeche, Veracruz, Tamaulipas… cualquier maniobra imprudente pondría en jaque miles de empleos y toda una cadena productiva que vive al ritmo del crudo.
La antesala del Fobaproa.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a su propio Fobaproa, ese fantasma político que todavía persigue a varios expresidentes. Si no hay un plan alternativo, la solución será tragarse el sapo: socializar las pérdidas y privatizar el descrédito.
¿Y la CFE?
Como si no bastara, la Comisión Federal de Electricidad ya espera turno. Las pérdidas se acumulan, las finanzas tiemblan y la narrativa de “autosuficiencia energética” es cada día más difícil de sostener.
¿Qué pasará cuando decidan también convertir los pasivos de la CFE en deuda soberana?
Porque si Pemex necesita un salvavidas, la CFE no tarda en pedir el suyo.
Al final, el cuento siempre es el mismo: socializar el fracaso, privatizar la esperanza y pasarle la cuenta a los mismos de siempre, los ciudadanos.
A estirones y jalones, el INE decidió, por fin, aplicar la Constitución.
Determinó cancelar los triunfos a 24 candidatos a magistrados de Distrito y a 21 candidatos a jueces de Distrito. En total, 45 aspirantes al nuevo Poder Judicial que nunca debieron haber competido si los comités de evaluación hubieran hecho, desde el inicio, la tarea que les corresponde.
Tras revisar expedientes (tarde, pero al menos lo hicieron), el INE descubrió que estos 45 candidatos no cumplían con el requisito constitucional de promediar 8 en la carrera de Derecho y 9 en la materia de especialidad (penal, laboral, administrativo, civil, etc.).
Por si fuera poco, el Instituto solicitó al Legislativo y al Ejecutivo los expedientes completos, y recibió archivos incompletos, parchados y con calificaciones “sobrepuestas” para maquillar los perfiles y habilitarlos. Un auténtico escándalo, digno de la mejor novela de corrupción política.
Este error monumental deja vacantes críticas en el Poder Judicial Federal, y aún no se define con claridad el método para cubrir esos espacios. Aún queda en el aire la lista enviada por el Senado para que el INE bajara a candidatos con presuntas ligas con el narcotráfico, asunto que seguramente recaerá en el Tribunal Electoral.
Las denuncias contra los integrantes del Comité de Evaluación del Legislativo hoy parecen tener fundamento.
Este jueves 3 de julio, en las instalaciones del INE, se entregaron las constancias de mayoría a magistradas, magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito electos.
Un acto protocolario que, más allá del simbolismo, consolida el nuevo mapa de la justicia en el Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, léase, el bloque judicial de Coahuila.
Este nuevo reparto refleja la aplicación del principio constitucional de paridad de género y, a la vez, deja claro que la disputa en el Poder Judicial no solo es jurídica, es profundamente política.
Porque al final, detrás de cada toga, hay un tablero de alianzas y futuros proyectos que se empiezan a tejer desde ahora.
Nada en la política es casualidad.
Coahuila lo volvió a demostrar con la aprobación de la reforma electoral 2026: una cirugía mayor que, aunque disfrazada de modernización democrática, es una jugada quirúrgica para mantener la estabilidad y blindar el tablero político.
El Congreso local aprobó cambios clave:
Las coaliciones exprés, ahora forzadas a registrarse entre el 1 y el 15 de diciembre. Menos tiempo para el regateo político y menos margen para los “frentes improvisados” que tanto le gustan a Morena.
El proceso electoral se adelantará al 1° de diciembre. Oficialmente para “planear mejor”, en realidad para darle ventaja a quien ya tiene estructura y no necesita hacer castings de última hora para ver quién se lanza de candidato.
Las campañas y precampañas se reducen a 30 y 20 días respectivamente. En teoría para ahorrar recursos, pero en la práctica para evitar candidatos inflados de TikTok o forasteros que buscan colgarse de la ola mediática.
Las fotos en las boletas: un detalle que suena insignificante, pero que en política pesa. Quien ya tiene exposición mediática (adivinen quién) sale con ventaja.
Tope máximo de 16 diputaciones por partido, supuestamente para evitar monopolios. Aunque Morena, siempre tan creativo en el drama, lo llama un “candado” para frenar una eventual mayoría opositora.
Y la cereza: partidos nuevos protegidos si logran al menos 3% en gubernatura o diputaciones, aunque fracasen en ayuntamientos. Una cláusula que, según Morena, “abre la puerta a partidos satélite”.
El gobernador Manolo Jiménez fue claro y directo: “Se trata de una reforma responsable y moderna, que busca fortalecer la democracia y evitar excesos o improvisaciones. Queremos que quien compita tenga propuestas, estructura y compromiso real, no ocurrencias de última hora”.
El trasfondo.
La reforma electoral es, en el fondo, una medida preventiva. Una jugada de ajedrez político que reconoce dos cosas:
Morena no tiene estructura sólida en Coahuila.
El PRI (y aliados) saben jugar en la cancha local mejor que nadie.
Y, por si fuera poco, mientras la oposición se enreda en berrinches y hashtags, el PRI Coahuila fortalece cuadros, municipios y bases sociales.
El berrinche de Morena hoy suena a pataleta de niño al que le quitaron el control remoto.
Una vez más, Manolo Jiménez Salinas sonríe y avanza, demostrando que la mejor defensa en política es tener estrategia y piso firme.
Porque, en política —como en el billar— el que pega primero, pega dos veces.
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