El martes 01 de julio, la Cámara de Diputados a nivel federal, aprobó en lo general la propuesta de Ley de Telecomunicaciones, que previamente había sido rechazada pero que, finalmente, fue aprobada en la cámara baja con 369 votos a favor, 104 votos en contra y tres abstenciones.
Con la aprobación de la ley, ahora el gobierno federal podrá crear un padrón de telefonía con los datos de millones de usuarios (que ya antes había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), y se podrá geolocalizar a cualquier ciudadano en tiempo real, algo que preocupa a legisladores de oposición y a organizaciones de la sociedad que han externado sus reservas con este tipo de medidas.
De esta manera, el número de telefonía celular estará asociado directamente a la CURP del usuario, misma que contará con todos los datos biométricos del ciudadano, y según los defensores de esta ley, la medida busca limitar los delitos de alto impacto; sin embargo, para muchos integrantes de la oposición será la manera perfecta de mantener bajo vigilancia a quienes no comulgan con el régimen.
La sesión no estuvo exenta de polémica, pues los integrantes del PRI llegaron hasta el pie de la tribuna con un ataúd de color blanco con la leyenda “murió la libertad”, mismo que fue decorado con una corona fúnebre.
Ante los señalamientos hechos por la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a defender la nueva ley y asegurar que con la misma no se busca “espiar” a los ciudadanos mexicanos: “no hay censura, no hay espionaje, ni nada que se le parezca”, declaró ante los medios de comunicación la mandataria mexicana.
Durante su conferencia mañanera, la jefa del estado mexicano presentó al titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, quien dijo que “es falso” que la normativa de esta ley sea el espionaje, y afirmó que en ese sentido, el de la obligación de los operadores de telefonía móvil para colaborar con autoridades de seguridad y procuración de justicia que se establece el artículo 183 de la misma, la ley aprobada es igual a la vigente del 2014 aprobada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y aprobada en su momento por legisladores del PRI y el PAN que hoy critican la medida.
Asimismo, dijo que tampoco se pretende ejercer la censura por parte del gobierno federal, sino que se apeguen en sus contenidos a los derechos de las audiencias, que serán quienes tengan acceso a interponer una queja ante los contenidos que puedan llegar a ser difundidos por los medios de comunicación, aunque, eso, evidentemente, abre la puerta a que los seguidores de la cuarta transformación se lancen en contra de los medios críticos y sus contenidos.
Por supuesto, quienes no opinan igual son los integrantes de la oposición, quienes en voz de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó que la nueva ley es una “aberración jurídica”, y agregó que la misma “no busca proteger a nadie, sino acallar al pueblo de México, para censurar y controlar”.
Afirmó que en Morena lo que están buscando es el “poder absoluto, y para ello buscan someter y silenciar a quienes no piensan como ellos, pero nuestro partido no va a permitir que nuestro país se convierta en una narcodictadura”, concluyó.
