La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
MORENA YA JUEGA EL 2027
¿Adelantados?
Para nada. En Palacio y en Morena ya mueven piezas para la elección de 2027. La prioridad: sostener la alianza oficial.
Pero no todos están convencidos.
En el PT, Alberto Anaya digiere con ego inflado el resultado en Veracruz… y valora romper filas. Su apuesta: Saúl Monreal en Zacatecas.
El PVEM tampoco se queda atrás. Siente que su momento ha llegado. Gobernador en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo ya piensa en el relevo: su esposa Ruth Miriam González.
El problema: Rosa Icela Rodríguez es la carta del oficialismo.
Y no es el único frente.
En Quintana Roo, Mara Lezama luce débil. Demasiado.
Desde hace tiempo suenan los tambores por Rafael Marín Mollinedo, viejo operador de López Obrador, a pesar de las sombras en su paso por Aduanas.
Esta semana, Claudia Sheinbaum lo arropó desde la mañanera. Habló de limpieza institucional y de recaudación récord: más de 100 mil millones este año.
EL INE ENTRAMPADO EN LA ELECCIÓN JUDICIAL
La elección del nuevo Poder Judicial no cuaja. Y no es por falta de voluntad… sino por exceso de problemas.
Primero: más de 60 candidatos ganadores no cumplen con el requisito constitucional de promedios mínimos. Ni el 8 general ni el 9 en materias de especialidad.
Así de claro.
El problema no es nuevo, pero estalló cuando se discutió en el Consejo General del INE una propuesta para “redondear” calificaciones. Convertir 7.9 en 8… y 8.9 en 9.
El consejero Uuc-Kib Espadas lo frenó en seco: no se trata de interpretar la ley, sino de cumplirla. Y la Constitución es explícita.
Lo respaldaron otros consejeros, entre ellos Carla Humphrey.
Resultado: 37 jueces y juezas electas fuera por no alcanzar el promedio. Y otros tantos por debajo del 9 en materias claves: penal, laboral, civil…
A eso se suma otro requisito: paridad de género.
Obliga a bajar a mujeres o a hombres, según el distrito, para cumplir con el mandato constitucional. Y eso duele.
Pero hay más.
El INE también detectó perfiles con antecedentes penales o como deudores alimentarios. Los Comités de Evaluación —sobre todo los del Legislativo y Ejecutivo— los dejaron pasar.
El Instituto, acorralado, sólo puede hacer una cosa: aplicar la Constitución.
Y mientras tanto, fuego amigo.
Cinco consejeros desdeñaron el proceso desde el inicio. Ni siquiera quisieron formar parte de la Comisión Temporal que organizó la elección judicial.
Ahora objetan sus acuerdos… pero ya es tarde: el Tribunal Electoral los validó.
Resultado: tensión creciente en la interna del INE.
El miércoles fue el punto de quiebre. En plena sesión, el consejero Martín Faz no aguantó más. Reclamó, alzó la voz… y azotó el micrófono.
Así, literal.
Los ánimos están encendidos y el proceso judicial… entrampado.
El país vive un momento clave. La gobernabilidad futura dependerá no sólo de quién ganó las urnas, sino de cómo se preserva la arquitectura institucional. El INE, los tribunales, los contrapesos: todos están a prueba.
Y si no se protege la legalidad hoy, mañana no habrá legitimidad suficiente para contener la frustración ciudadana.
HUGO, EL ELEGIDO
La suerte alcanzó a Hugo Aguilar Ortiz.
Sirvió al régimen como se le pidió: primero en campaña con López Obrador, luego como pieza útil en el gobierno y finalmente en la operación territorial para Claudia Sheinbaum.
Siempre estuvo donde se le necesitó. Y entregó resultados.
Desde la manipulación de asambleas indígenas en el sureste hasta los ritos del Tren Maya: pedirle permiso a la madre tierra para abrirle las entrañas o destruirle la epidermis.
Por eso le dieron premio.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas —aquel bastión de resistencia contra el viejo PRI— terminó en sus manos. Hoy, apéndice palaciego.
Fiel a la doctrina: 90 por ciento lealtad, 10 por ciento eficiencia.
Y ni siquiera se colgó medallas como indígena o como vocero del EZLN. Sabía que en este sexenio el Subcomandante Marcos no era buena carta.
De abajo… hasta arriba
El premio mayor llegó cuando nadie lo veía venir.
A inicios del año, Hugo Aguilar buscaba una magistratura. Lo suyo eran litigios de tierras, derechos humanos… nada fuera del promedio.
Pero la voz llegó —dicen que desde “La Chingada”— con una instrucción clara:
–No te quedes corto… ve por más.
Y fue.
Apoyó la reforma judicial sin chistar. Con la bendición de Monreal y Adán Augusto, el camino se abrió. Y en Palacio ya tenían su gallo.
Se registró como aspirante. Encabezó acordeones. Superó a las tres favoritas del régimen: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y muy lejos, Loretta Ortiz.
¿Sorpresa?
Para nadie.
En la democracia modelo 4T, los procesos se simulan para que el elegido sea ungido como legítimo.
Y así, el más democrático de los países tendrá al más obediente al frente del Poder Judicial.
Sus cercanos lo defienden:
–Es muy rígido consigo mismo.
Falta ver si lo es con el poder que lo puso ahí.
LA TENTACIÓN DE COLONIZAR AL INE
Parece que la presidenta no quedó conforme.
Y no es para menos: la anulación de la elección judicial estuvo a un solo voto de consumarse en el Consejo General del INE.
¡Un voto!
Eso bastó para encender alarmas en Palacio Nacional.
Y como en los viejos tiempos —no tan viejos, apenas el sexenio pasado— la solución ya está sobre la mesa: renovar consejerías, colocar leales, asegurar mayoría.
Porque si las decisiones del INE ya son cuestionadas por propios y extraños, ¿qué impide dar el siguiente paso y colonizar lo que fue modelo electoral a nivel mundial?
Nada.
Una nueva elección extraordinaria ya se discute en los pasillos del poder. Podría celebrarse en 2027, junto con las intermedias.
Así, la elección judicial que nació con problemas, terminará sepultada… y reeditada.
Pero esta vez, con un INE a modo.
La receta ya se conoce: primero la crisis, luego la purga… y finalmente, el control.
Todo sea por la democracia.
LA RUTA AL PARTIDO ÚNICO
La próxima parada del lopezobradorismo es la reforma electoral.
Y no es un secreto.
Reducir diputados y senadores plurinominales. Recortar, o incluso desaparecer, el financiamiento público a los partidos. Y elegir consejeros del INE por voto popular.
Tres líneas de acción. Un solo objetivo.
Si la reforma prospera —primero se redacta, luego se aprueba— el efecto será claro: marginar a la oposición del Congreso y del juego político nacional.
Alejandro Moreno lleva meses advirtiéndolo. Lo dice con todas sus letras: esa reforma es el siguiente paso tras la elección judicial.
Y no se equivoca.
Eliminar el financiamiento público sería letal para todos los partidos… menos para Morena y sus aliados. Porque cuando se gobiernan 23 estados y el Ejecutivo federal, los recursos nunca faltan.
Menos aún cuando se tiene control sobre los órganos electorales, por más autonomía que se presuma.
Tampoco la eliminación de los pluris es novedad. Se cocina desde hace años. Pero hoy, bajo el discurso de la austeridad, se le quiere dar el tiro de gracia.
En abril de 2022, López Obrador ya había presentado un proyecto. Prometía ahorros por 20 mil millones de pesos.
Ese será el anzuelo para justificar la embestida.
Costos, sí. Pero democráticos.
Porque detrás del cálculo está el verdadero propósito: restaurar el viejo modelo del partido hegemónico. Y dar el salto al partido único.
Morena, PRD reciclado y PRI de antaño incluido, nunca quiso debatir en serio la reducción presupuestal. Hoy sí.
Y lo hace con el poder en la mano.
La presidenta no oculta su molestia con el INE, dividido y aún no sometido. La reforma será la revancha. O el tiro de gracia.
Ojo.
Porque la democracia mexicana está en juego… y nadie parece dispuesto a defenderla.
LA GUARDIA YA ES MILITAR
Se acabó el disfraz.
La Guardia Nacional ya no será “civil por mandato constitucional”. Eso quedó en los discursos.
Ahora, por ley, es militar. Así, sin filtros.
La mayoría oficialista en San Lázaro lo concretó: aprobaron la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformaron otras nueve leyes para blindar el giro castrense.
Nuevo mando. Nueva lógica. Nuevas atribuciones.
La Guardia podrá hacer labores de inteligencia: intervenir comunicaciones, infiltrar organizaciones, operar sin dar cuentas civiles.
Y si comete abusos, no se preocupe: será juzgada por tribunales militares.
Pero no es todo.
Los elementos de las fuerzas armadas ya podrán pedir licencia para competir en elecciones populares. Gobernadores, senadores… hasta por la Presidencia, si así lo desean.
Antes, la Constitución exigía separarse del cargo tres meses antes. Hoy, basta con una licencia firmada por el Secretario de la Defensa.
De uniforme verde olivo a traje y corbata… con permiso oficial.
Del cuartel al Congreso, con la bendición del alto mando.
El PRI y el PRD, en su momento, llevaron generales retirados al Legislativo. Funcionaban como enlaces, no como operadores políticos.
Esto es distinto.
La 4T ya entregó a las Fuerzas Armadas las obras del sexenio pasado. El AIFA, el Tren Maya, Mexicana, aduanas, aeropuertos. Todo.
Ahora, también quiere entregarles el Poder Legislativo.
No es reconocimiento. Es poder. Poder real.
Y ese poder —históricamente contenido en el marco civil— podría, más temprano que tarde, fracturar la propia estructura militar.
Y detonar algo aún peor: un conflicto social inimaginable.
La militarización ya no es tema de debate. Es política de Estado.
Y todo apunta a que no termina aquí.
MENOS MANDO PARA HARFUCH
La oposición disparó… pero falló.
Mientras gritaban por la militarización del país, dejaron pasar un detalle clave: la eliminación del único artículo transitorio que impedía que la Guardia Nacional cayera formalmente bajo control castrense.
Ese artículo fue el último bastión de la oposición cuando, en su momento, aceptó la creación de la Guardia a cambio de un mando civil.
Hoy, ese candado ya no existe.
Y con él, se va también el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la Guardia Nacional.
El cambio no es menor. Omar García Harfuch lo sabía.
Cuando aceptó el cargo, lo hizo con una condición: tener bajo su coordinación no sólo a la Guardia, sino también al Centro Nacional de Inteligencia, que en el sexenio pasado respondía al general Audomaro Martínez.
Un reordenamiento institucional que le daba algo raro en este sexenio: poder.
Y más raro aún: autonomía.
El nuevo organigrama lo despoja de eso. García Harfuch queda ahora como “coordinador”, pero sin el control operativo sobre la Guardia.
El mando —el real— regresa a los cuarteles.
Y con ello, se diluye también cualquier posibilidad de que el flamante secretario de Seguridad federal construya una carrera propia en el tablero de sucesión política.
Pierde poder. Pierde control. Y pierde margen.
Mientras tanto, los militares siguen ganando terreno… sin resistencia.
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