La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
La justicia de acordeón: todo está consumado.
Nada cambiará las decisiones tomadas desde hace meses en Palacio Nacional, ejecutadas con la precisión de un acordeón bien digitado por la maquinaria oficial.
No fue elección, fue entronización.
Desde estructuras gubernamentales en los tres niveles, pasando por sindicatos adosados al poder, hasta Morena, administrado sin rubor por Andrés II, el hijo del fundador, todos operaron con esmero quirúrgico para “convencer” a poco menos de 13 millones de votantes, cifra que el discurso oficial presume como una gesta democrática sin precedentes, aunque ni la OEA compró ese cuento.
Eso ya lo sabíamos.
Lo nuevo está en el desenlace: este domingo comienza la entrega de constancias que acreditan a los nuevos héroes del sistema, encabezados —por supuesto— por los nueve ministros inminentes de la Corte.
Todo en lo oscurito. Todo como en libreto. Todo con solemnidad anticipada.
El primero en desfilar será Hugo Aguilar Ortiz, el mixteco oaxaqueño bendecido por Palacio, presentado como defensor indígena, aunque cuestionado por sus paisanos como pieza clave en la imposición del Tren Maya en sus comunidades. Un defensor de la tierra… mientras no moleste al proyecto.
Detrás vendrán las ya conocidas: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, reelegidas con votos justificados —según los acordeones distribuidos por el oficialismo.
Y con ellas, el resto del elenco: María Estela Ríos, la jurídica presidencial; Sara Irene Herrerías, la fiscal “de confianza”; Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero, todos de casa, todos leales, todos bajo la rúbrica de una “justicia real e intercultural”, según el discurso para el 1° de septiembre.
¿Justicia? No. Ritual. Pompa. Legitimación.
Y así, con esta Corte sometida, entra en funciones otra joya del nuevo andamiaje: el flamante Tribunal de Disciplina Judicial, esa instancia encargada de vigilar, premiar o castigar a jueces y magistrados según el termómetro de la lealtad.
¿Quién lo encabeza?
Como aquí se anticipó, Celia Maya García, excandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, acompañada por Eva Verónica de Gyves, Indira Isabel García, Bernardo Bátiz y Rufino León Tovar. Todos, sin excepción, identificados como cercanos a López Obrador.
En contraste con este aparato de obediencia, Coahuila ha sido escenario de una expresión distinta. Se consolidó el llamado bloque de estabilidad judicial, encabezado por perfiles como Elda Karen Carral Chávez, Claudia Valeria Delgado Urby, Maribel Villanueva Salas, Nuvia Jannely Aguillón Rodríguez, Ma. Guadalupe Carranza Galindo, Abril González Vázquez, Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Jorge Trejo Veloz, Carlos Guillermo Fernández Gallardo, Jorge García Sotomayor, José Daniel Olvera López y Pedro Alberto Castañeda Ortíz, entre otros.
Ahí donde el centro impone sumisión, Coahuila apuesta por legitimidad y solidez institucional.
Morena: el mito del invencible.
La realidad empieza a pesar más que el relato. Mientras Morena organiza celebraciones por su “triunfo popular” en las elecciones judiciales, los resultados municipales de Durango y Veracruz dejaron claro que el guinda no es color eterno… ni garantía de victoria.
En Veracruz, donde Cuitláhuac García fue promovido por López Obrador como “el mejor gobernador del país”, el desastre fue monumental: perdieron municipios clave.
¿La razón?
Ninguna estrategia. Solo soberbia.
Durango fue peor.
Allí, bajo la operación directa del “Andy Team” —sí, Andrés Manuel López Beltrán, heredero político de Palacio Nacional—, Morena apostó fuerte: programas sociales, presiones abiertas, amenazas veladas de perder apoyos si se votaba por la oposición. Y aun así los duranguenses dijeron no.
¿La explicación?
El mito del partido invencible se derrumbó.
Y en ese contexto, se hace visible una figura: Omar Castañeda, de Movimiento Ciudadano. En Gómez Palacio logró lo que parecía imposible: captar un voto crítico que antes se dispersaba o se anulaba. MC, que muchos daban por muerto tras su tibieza nacional, dio un golpe de realidad local.
El mensaje es claro: la ciudadanía empieza a distinguir entre el oficialismo embriagado y las propuestas alternativas con rostro y barrio.
Mientras tanto, en Coahuila, el PAN ensaya su propia coreografía: dividido, pero no distanciado. La fractura formal entre el grupo oficial y el bloque de Alfredo Paredes, Edith Hernández Sillas y Blanca Lamas Velázquez es más bien una separación de camas, no de casa. Un divorcio civilizado para guardar las apariencias.
¿El motivo?
La dirigencia estatal de Elisa Maldonado, impuesta a la vieja usanza y resistida por una base que exige algo más que sumisión.
¿La consecuencia?
Más que debilidad, es un reacomodo estratégico de cara a 2026, donde se juegan posiciones importantes… pero no el poder. Ese, en Coahuila, ni en Morena se lo creen.
Este 10 de junio, tres de sus diputados locales decidieron dar un portazo, romper con el grupo parlamentario “Alianza Coahuila” y fundar uno nuevo bajo un nombre que huele a nostalgia e insurrección: “Manuel Clouthier”.
No es poca cosa.
¿Qué denuncian los escindidos?
Secuestro del partido. Exclusión sistemática. Simulación.
Y una caída libre sin fondo: el PAN apenas obtuvo el 3.03% de los votos en las elecciones de 2024. Hoy gobierna solo un municipio. Es la cuarta fuerza política.
La fractura no es ideológica, es ética.
En el último año, Alfredo Paredes, Edith Hernández y Blanca Lamas, fueron marginados de reuniones, de decisiones, de cualquier espacio que comprometiera el monopolio interno del grupo en el poder.
Se cansaron y reventaron.
¿El resultado?
Una ruptura que no es sólo parlamentaria, sino simbólica.
En el fondo, lo que estos diputados dicen —sin decirlo— es que el PAN en Coahuila ha dejado de ser oposición, y eso no se perdona. Por eso el nuevo bloque parlamentario lanza una advertencia: si no se cambia el rumbo, el PAN puede desaparecer en el estado… ¡El PAN en Coahuila ya no sufre una crisis, la padece a gritos!
No es exageración. Es diagnóstico. Y aviso.
Porque partidos han muerto antes, pero lo más triste es cuando mueren sin saber que ya están muertos.
La alcaldía de Torreón: la trampa de tres bandas y el cálculo estratégico del PRI rumbo a 2026–2027.
Aunque los partidos apenas calientan motores, la carrera real ya empezó. Y no con propuestas, sino con maniobras.
Guillermo Anaya Llamas, eterno aspirante y operador sin tierra, volvió a destaparse. Esta vez sin alianza, sin estructura, sin narrativa y, lo más grave, sin posibilidad.
¿Realmente cree que puede revertir el descrédito?
Porque quien sí tiene números es Luis Fernando Salazar. El senador de Morena —mejor dicho, su padre del mismo nombre— superó los 100 mil votos en Torreón en 2024 y cuenta con el respaldo absoluto del Comité Ejecutivo Nacional. Pero si bien su narrativa es guinda, su historia reciente es tricolor.
Salazar Fernández ha sido el mejor aliado informal —esquirol— del PRI en Coahuila, desde los tiempos de Miguel Riquelme. Nunca estorbó. Nunca incomodó.
El PRI sabe que 2026 es una estación clave: las diputaciones locales estarán en juego, y necesitan mayoría para mantener el control del Congreso Local. Y después, en 2027, recuperar municipios perdidos, mantener bastiones y reconstruir imagen.
Y el epicentro de esa estrategia se llama Torreón.
El PRI busca blindar la plaza, ampliar su margen legislativo y afianzar el control político del estado.
Todo está fríamente calculado. Salazar juega a competir, Anaya a dividir, y el PRI a ganar.
A menos que algo —o alguien— rompa el tablero antes de tiempo.
Coahuila no será guarida sindical del narco: Manolo Jiménez Salinas.
La advertencia no fue menor.
Y el destinatario, aunque no fue nombrado, quedó claro: quien quiera lavar dinero u operar bajo las siglas de un sindicato disfrazado, mejor que ni intente poner un pie en Coahuila.
Así de directo fue el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la toma de protesta del nuevo presidente de la CMIC Laguna, Alejandro Jiménez Algara: “Aquí no andamos por las ramas… quien tenga vínculos con el narcotráfico, que ni se asome”, dijo.
El mensaje se enmarca en un contexto tenso. Empresarios de la construcción, cámaras industriales y organismos regionales han encendido las alarmas por casos recientes de extorsión sindical, particularmente en contratos públicos y privados donde presuntamente se han colado grupos vinculados al crimen organizado.
Y aunque el gobernador cuidó las formas, la operación política ya está en curso. Las fiscalías estatales y federales, junto con la Marina y la Guardia Nacional, han reforzado presencia e inteligencia en La Laguna, epicentro de esta nueva batalla.
Coahuila no se va a convertir en lo que hoy son Zacatecas o Guerrero, parece decir el gobernador con cada declaración. Aquí, asegura, “mandan las instituciones”, y en ese tono reiteró que no hay pacto ni tolerancia con sindicatos que funcionan como brazos financieros del narco.
Pero más allá del discurso, lo relevante es quién empujó el tema: el sector empresarial. Fueron ellos quienes tocaron la puerta del gobierno, preocupados por la cooptación de obras, amenazas directas y la aparición de viejas prácticas, ahora con actores más peligrosos.
En tiempos donde la debilidad institucional es el peor de los riesgos, el gobernador de Coahuila marca distancia de los vacíos que otros estados han dejado crecer.
Además, adelantó que, en conjunto con el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se fortalecerá el Mando Especial Laguna, para llevar a cabo operativos conjuntos que eviten que las fronteras estatales se conviertan en zona de refugio.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ya está al tanto del problema, y Manolo Jiménez Salinas ha dejado claro que espera respaldo, no complicidad. El mensaje es doble: hacia adentro, para que nadie se equivoque; y hacia arriba, para que el gobierno federal entienda que la paz no se negocia ni con abrazos ni con sindicatos sospechosos.
Porque en Coahuila, al menos por ahora, la línea entre poder y crimen no está difuminada.
Y antes de cerrar, un saludo para el buen Arturo Rodríguez Gámez. Nos dicen que pronto habrá noticias… buenas noticias. Estaremos atentos.
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