Todos los que votamos el pasado domingo 1° de junio, en las elecciones judiciales, que se llevaron a cabo por primera vez en la historia de México,  lo hicimos de buena fe y con la esperanza de que se transforme la impartición de justicia, de una justicia que es injusta a una justicia verdadera que dé a cada quien lo suyo o lo que le corresponde, pronta, gratuita y expeditamente; sin ver signos de pesos; que no sea en favor de unos cuantos muy pocos sino en beneficio de  absolutamente todos los mexicanos y extranjeros que estén en nuestro país, de paso o residiendo.

Deben todos los juzgadores, desde el más modesto Juez de Primera Instancia en los estados,  hasta los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por Magistrados y Jueces de Distrito, tener conciencia  de que ahora no le deben el puesto ni a los integrantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, ni a los gobernadores ni a la Presidenta de la República, que los propusieron como candidatos, sino que al único que se lo deben  es a los votantes.

Y no porque los votantes hayamos sido solo alrededor de 13 millones, no por eso los nuevos juzgadores no están obligados a cambiar su concepción de la justicia y la forma de impartirla;  pues la cantidad  no  importa  sino  lo  que  vale  es la calidad del acto de sufragar  -sean muchos o sean pocos-, que es la expresión de la voluntad popular, el ejercicio de la soberanía, garantizadas en el artículo 39 Constitucional.

Si no entienden esta transformación los nuevos juzgadores y si no la llevan a la práctica lo más pronto posible, entonces quiere decir que no se merecieron ser electos, que defraudaron a sus votantes, y que no tienen la capacidad para entender los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón, en 1813; lo cual también significaría que no hemos avanzado mucho en 212 años; y que por eso se entiende también que los mexicanos no hemos sabido aprovechar todas las grandes riquezas naturales, geográficas, marítimas; pero sobre todo la grandeza histórica y espiritual de esta maravillosa nación, que nos hace ser un país privilegiado en el mundo.

Como ahora no podrá reclamarse ni al Ejecutivo ni al Legislativo, la designación de los juzgadores; el pueblo tiene el inalienable derecho de reclamarle directamente a los propios juzgadores en su cara la corrupción en que pueden estar incurriendo, y exigirles por todos los medios legales y constitucionales, su renuncia, pues: ¡su voto no fue un cheque en blanco!.