La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®
La reciente gira de senadores mexicanos a Washington tenía un objetivo claro: rechazar la propuesta impulsada en el Congreso estadounidense para imponer un impuesto del 5% a las remesas que millones de mexicanos envían desde aquel país. Una causa que, en el papel, parecía digna, urgente y consensuada.
Pero lo que debería haber sido una muestra de unidad nacional terminó siendo, como tantas otras veces, un desfile incompleto y políticamente torpe. De los 44 senadores oficialistas que integran la mayoría, apenas una docena se animó a pisar territorio norteamericano. El resto, curiosamente, prefirió ausentarse de la batalla que ellos mismos dijeron defender.
Entre las ausencias más sonadas: Adán Augusto López, quien hace apenas meses era el secretario de Gobernación y uno de los pilares del obradorismo. También se ausentó Ricardo Monreal, experto en estos temas y acostumbrado a los reflectores internacionales. ¿Qué los detuvo? ¿Compromisos ineludibles o temores bien fundados sobre los expedientes que corren en cortes estadounidenses?
Y es que Washington ya no es terreno neutral. Allá, el fuero no existe y las investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero y vínculos con redes criminales sí tienen consecuencias. Esa es la verdadera frontera: no la geográfica, sino la jurídica y moral.
Los pocos senadores que sí fueron apenas lograron reuniones protocolarias y declaraciones políticamente correctas. Nada que frene de fondo la propuesta fiscal, impulsada por sectores conservadores en Estados Unidos, que ven en las remesas un flujo sospechoso o mal vigilado. Un pretexto perfecto para endurecer la narrativa antimexicana en tiempos electorales.
El escenario se complica aún más por los recientes hechos ocurridos en la capital del país. La muerte de dos altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México —Ximena Guzmán y José Muñoz—, en circunstancias aún bajo investigación, ha generado inquietud dentro y fuera del país. Aunque el discurso oficial insiste en desvincular el homicidio por ajuste de cuentas, en Estados Unidos ya hay voces —como la del secretario de Estado, Marco Rubio— que apuntan a posibles vínculos con estructuras del crimen organizado. Sus declaraciones, lejos de ignorarse, ya están marcando una línea de presión hacia el gobierno mexicano.
Rubio no improvisa. Cuando habla, lo hace con información y con intenciones claras: presionar, exhibir y condicionar. Y en ese contexto, cualquier visita de diplomacia legislativa mexicana queda reducida a una puesta en escena, sobre todo si quienes más debieran dar la cara, ni siquiera se atrevieron a cruzar la frontera.
La crisis no es solo de representación, sino de confianza. México quiere defender el derecho de sus migrantes a enviar dinero sin penalización, pero sus representantes más visibles parecen tener cuentas pendientes que los mantienen anclados a este lado del río.
Hoy, la frontera con Estados Unidos no solo divide naciones: separa a quienes pueden mirar de frente a la justicia internacional, de quienes prefieren no tentar a la suerte. Porque en Washington, el poder no impide que la ley alcance. Y eso, para muchos en el Senado mexicano, es motivo suficiente para quedarse en casa.
La elección judicial está en marcha. O al menos, el simulacro. Lo que se vende como el primer gran ejercicio democrático para renovar el Poder Judicial no es más que una puesta en escena con el guion escrito desde hace meses en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum hace su parte: promueve la jornada, instruye a los ciudadanos, se toma la foto. Pero el libreto no lo escribió ella. Detrás del telón, el verdadero director de escena sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, con Andy López Beltrán como operador de casting, reparto y premios.
No hay lugar a sorpresas. Las cartas ya están marcadas, las fichas distribuidas y los vencedores perfilados. Desde las salas regionales hasta las nuevas estructuras de control judicial, como el flamante Tribunal de Disciplina, los nombres ya fueron palomeados. Las boletas sólo cumplirán el protocolo.
Habrá ministros fieles, jueces reciclados, defensores de causas cuestionables y hasta exconvictos con carta blanca. No importa el expediente, sino la obediencia. Lo que se elige no es justicia, sino subordinación.
El aparato está aceitado. Los operadores del Bienestar, los sindicatos afines y los gremios funcionales ya tienen sus listas. Las instrucciones son claras: movilizar, repartir, marcar. Nada nuevo en la técnica, aunque sí en la escala.
No se trata solo de renovar cargos, sino de blindar los próximos años. Los nuevos magistrados no juzgarán a los poderosos, sino que serán la primera línea de defensa del proyecto político. Contendrán impugnaciones, cerrarán el paso a los tribunales superiores y protegerán las victorias electorales de Morena rumbo al 2027.
La narrativa del Poder Judicial “ciudadano” esconde la creación de un tribunal leal, vertical y domesticado. Uno que no cuestione, no investigue y no frene lo que viene.
Mientras tanto, Estados Unidos observa sin intervenir. Donald Trump, más concentrado en su reelección y en cerrar la frontera, deja que México se ahogue en su propia simulación. Ya lo hizo en 2018 y lo repetirá ahora.
Pero la factura llegará. Primero con el T-MEC, después con las remesas, más tarde con las sanciones. Porque no hay democracia judicial sin consecuencias internacionales. Y un sistema que permite que los operadores del narco y sus defensores lleguen a ser juzgadores, inevitablemente cobrará su precio.
El gobierno mexicano podrá disfrazar la elección con urnas, boletas y discursos. Pero lo que está en juego no es una votación, sino el destino de la justicia. Y con eso, también, la estabilidad política del país.
La elección judicial: entre la simulación nacional y el modelo coahuilense.
Por momentos, pareciera que la elección judicial en México es solo un ensayo general dirigido desde Palacio Nacional, con libretos repartidos, actores previamente elegidos y un público confundido entre el show y la realidad.
Pero mientras en el país se anticipa una jornada plagada de imposiciones, en Coahuila se respira un aire distinto.
En medio del vendaval político que amenaza con devorar la independencia del Poder Judicial a nivel federal, Coahuila levanta la mano como ejemplo de gobernabilidad, legalidad y madurez institucional. Y gran parte de ese mérito corresponde al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup.
El magistrado Mery Ayup no solo ha consolidado un Poder Judicial eficiente y profesional, sino que ha logrado algo que pocos pueden presumir en estos tiempos: credibilidad. Su conducción al frente del Poder Judicial coahuilense ha sido técnica, sin estridencias, pero con resultados palpables. Digitalización de procesos, acceso a la justicia y cercanía con la ciudadanía son solo algunos de los pilares que sostienen su gestión.
No es casualidad que encabece la planilla que, según todas las proyecciones, arrasará en las elecciones judiciales de este 1 de junio en nuestro Estado. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, su continuidad al frente del Poder Judicial se interpreta como un mensaje claro: en Coahuila, el orden, la paz y la certeza jurídica no están en juego. Mientras en otros estados la elección parece una ruleta rusa con fichas partidistas, aquí es un proceso de consolidación institucional.
En esta elección judicial, hay nombres que comienzan a destacar y que, con alta probabilidad, encabezarán la nueva etapa de la justicia federal en Coahuila.
En el Distrito 1, que comprende la zona poniente y norte de Torreón, los municipios del norte y centro de Coahuila, así como los municipios de Gómez Palacio, Mapimí y Tlahualilo de Durango, el nombre de Maribel Villanueva Salas (Boleta Amarilla #09) resuena con fuerza como favorita a ocupar el cargo de jueza de Distrito. En cuanto a la magistratura Elda Karen Carral Chávez (Boleta Rosa #01) representa la continuidad técnica y el equilibrio institucional que tanto necesita el Poder Judicial.
En el Distrito 2, que comprende la zona oriente y sur de Torreón, los municipios de Matamoros, Viesca, Parras de la Fuente, General Cepeda, Saltillo y Ramos Arizpe de Coahuila y el municipio de Lerdo en Durango, todo apunta a un triunfo contundente de Jorge Trejo Veloz (Boleta Amarilla #19) para el cargo de juez de Distrito Mixto, quien ha generado simpatías por su trayectoria firme y su discurso comprometido con una justicia veloz y cercana. En el mismo distrito, la candidata a magistrada Claudia Valeria Delgado Urby (Boleta Rosa #06), se perfila como una figura joven, pero con amplia preparación, símbolo del relevo generacional con visión jurídica.
Y no podemos dejar fuera a Juan Daniel Olvera López (Boleta Amarilla #16), quien compite por el cargo de juez de Distrito Penal en Saltillo, dentro del Distrito 2. Con una sólida experiencia en juicios orales, su candidatura se fortalece cada día con el respaldo de litigantes y académicos. Finalmente, en ese mismo distrito, la candidata a magistrada Nuvia Jannely Aguillón Rodríguez (Boleta Rosa #02) se proyecta como una pieza clave para la defensa de los derechos humanos y la aplicación estricta del marco legal con perspectiva de género.
Todos ellos conforman lo que ya se conoce como el bloque de estabilidad jurídica en Coahuila. No hay lugar para improvisaciones ni postulaciones por consigna. Aquí se vota con convicción, con expediente profesional y con una mirada puesta en el futuro de las familias coahuilenses.
Mientras en el centro del país se libran guerras internas por el control del Poder Judicial, en Coahuila la justicia se construye con trabajo, orden y liderazgo. Habrá elecciones el 1 de junio, pero en Coahuila, ya hay certezas.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas firmó convenio para construir el tren Saltillo-Monterrey y mejorar la conectividad, la mira es fija en el llamado nearshoring y las exportaciones hacia Estados Unidos. Este proyecto no solo busca fortalecer la infraestructura logística del estado, sino también posicionar a Coahuila como un nodo clave en el corredor industrial del norte de México. La firma del convenio con la Federación y los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe marca el inicio de una obra estratégica que conectará la zona industrial de Derramadero con Monterrey, y eventualmente con Nuevo Laredo, facilitando el flujo de mercancías y personas en una región vital para el comercio internacional.
Para Coahuila, los beneficios son múltiples: mejora en la movilidad industrial, atracción de inversiones vinculadas al nearshoring y generación de empleos en sectores clave. Políticamente, para Manolo Jiménez, este proyecto representa una oportunidad para consolidar su liderazgo regional, fortalecer la colaboración con el gobierno federal y proyectar una imagen de modernización y desarrollo que puede traducirse en capital político a nivel nacional.
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