La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Coahuila sí le entiende al modelo judicial:
No dan los números.
El primer gran experimento nacional para elegir ministros, magistrados y jueces amenaza con convertirse en un naufragio electoral. Ni las pensiones, ni las amenazas, ni los programas sociales han logrado entusiasmar al ciudadano.
En las proyecciones más optimistas del gobierno federal, apenas alcanzan un cinco por ciento de la lista nominal del INE, oficialmente de 100 millones y medio. A estas alturas, y con toda la maquinaria del Estado operando, Morena apenas rebasa los cinco millones de afiliados movilizados para lo que debiera ser el debut triunfal del “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.
Pero mientras la elección nacional tambalea, Coahuila parece caminar por otro carril. Uno más institucional, más serio y menos improvisado.
El 9 de mayo inició formalmente el proceso electoral judicial del Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup. Coahuila marca distancia del desorden y el clientelismo que imperan en otras entidades.
Mientras algunos estados ya alistan procesos igual de cuestionables que el federal —con ternas armadas al gusto del gobernador o con pactos de impunidad disfrazados de evaluaciones—, en Coahuila se ha construido un modelo innovador, que sin aspavientos ha logrado combinar legalidad, técnica jurídica y participación ciudadana.
La meta es ambiciosa: alcanzar 400 mil votos, no como un trámite más del sistema, sino como una muestra clara de legitimidad social hacia un Poder Judicial que se abre a la opinión pública.
En el caso específico del Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, también se observa una efervescencia importante. Destacan perfiles sólidos que han sabido combinar su formación jurídica con presencia territorial y una comunicación eficaz en redes sociales: Valeria Delgado Urby, aspirante a magistrada, así como Jorge Trejo Veloz y Maribel Villanueva Salas, aspirantes a jueces de distrito mixtos, quienes han construido una campaña seria, con contacto real en sus jurisdicciones y una narrativa clara de cara a la ciudadanía.
También es destacable la inclusión del magistrado del Segundo Tribunal Distrital con residencia en Torreón, Francisco José Adame Acosta, cuya trayectoria, conocimiento jurídico y compromiso institucional refuerzan la solidez del proceso. Su participación agrega profundidad y equilibrio a una contienda que requiere más que popularidad: exige solvencia jurídica.
Coahuila demuestra que sí se puede. Que las elecciones judiciales no tienen por qué ser una simulación, ni una extensión del poder político. Aquí, la legitimidad se construye desde la legalidad, el mérito y el respeto al Poder Judicial de Coahuila.
Claudia Sheinbaum bajó del monte.
No fue el Sinaí, pero sí el estrado del Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado en septiembre del año pasado, poco antes de rendir protesta como presidenta constitucional.
En una escena simbólica, Sheinbaum pidió licencia como militante activa y a cambio presentó un decálogo con pretensiones de doctrina. Diez mandamientos para la regeneración moral del movimiento.
Un intento por suceder no sólo en el cargo, sino en el dogma. Pero al igual que en la historia original, apenas había pronunciado las tablas, cuando ya adoraban al becerro de oro.
Los mandamientos fueron claros:
1. Amarás la unidad por sobre todas las cosas, y no caerás en la tentación del sectarismo.
2. Morena es pueblo, y como tal, vivirás con honestidad, rechazando el lujo y la ambición.
3. No harás del poder un negocio familiar.
4. No serás partido de Estado: saldrás de casa en casa a repartir el Regeneración.
5. Fortalecerás el Instituto de Formación Política.
6. No olvidarás que eres partido y también movimiento: caminarás con el pueblo.
7. No elegirás por dedazo ni por consigna: escucharás la voz popular a través de las encuestas.
8. Vivirás bajo la austeridad republicana: sin lujos ni privilegios.
9. No pactarás con la delincuencia, ni la organizada ni la de cuello blanco.
10. Lucharás contra toda forma de discriminación.
Ideal, en el papel. Pero en la realidad política, los fieles ya habían olvidado el decálogo antes de terminar de aplaudir.
Andrés Manuel López Obrador se había retirado. Y con él, la única autoridad moral real del movimiento. Sin él, ¿quién habría de juzgar a los infieles?
Un decálogo que no pesa.
Morena aprobó esta semana un documento de principios éticos. Supuestamente, con ello pretende reencauzar la conducta de su militancia y blindarse de cara al nuevo gobierno.
Pero en los hechos, se trata de recomendaciones sin dientes. No son obligatorias, no son vinculantes y en muchos casos, son incluso violatorias de la Constitución.
La supuesta prohibición del nepotismo es el ejemplo más burdo: no se aplicará sino hasta el año 2030. Y aun entonces, será impugnable. Cualquier militante puede rebatirla ante el Poder Judicial, pues ningún documento partidista está por encima de la Carta Magna.
Y mientras Morena presume congruencia, deja el camino libre para que sus partidos aliados —Verde y PT— sí puedan postular a familiares sin problema.
Ahí está San Luis Potosí. Morena no sólo toleró, sino que cedió ante el gobernador Ricardo Gallardo, quien exigió la postulación de su esposa, Ruth Miriam González Silva, como candidata en 2027. Todo para no romper la alianza.
Nepotismo, sí. Pero por vía alterna.
También aprobaron el principio de no usar recursos públicos con fines personales o electorales. Pero esa regla vive muerta desde su redacción.
Hay testimonios en todo el país sobre cómo los delegados del Bienestar y los llamados “Siervos de la Nación” condicionan los apoyos sociales al voto por Morena. Amenazas disfrazadas, pero efectivas.
Prohibir viajes en primera clase, portar ropa de marca o usar joyería es otro exceso de ficción. ¿En serio pretenden que legisladores y altos funcionarios como Patricia Armendáriz, Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña —que ganan bien y pueden pagarlo— se trasladen en aerolíneas de bajo costo o se vistan con ropa de paca? La retórica no alcanza para regular el ego.
El pecado en los estados.
Mientras la dirigencia nacional se viste de pureza, en los estados la realidad es otra.
En Veracruz, la candidatura de la actual gobernadora, Rocío Nahle, fue impuesta a pesar del rechazo interno. Hubo dedazo, hubo recursos públicos y hubo operación directa del aparato federal.
En Puebla, la estructura estatal operó desde hace meses para posicionar a Alejandro Armenta, desplazando a aspirantes legítimos. Todo con encuestas internas y sin transparencia.
En Chiapas, se ha documentado el uso sistemático de programas sociales para coaccionar a las bases. Y en Guerrero, el control político pasa por las manos de familiares, operadores y aliados sin más mérito que la cercanía con el poder.
¿Y la Comisión de Honor y Justicia? Callada. Inactiva.
Porque al final, Morena no castiga, Morena perdona. El partido-movimiento ha sustituido los juicios éticos por cálculos políticos. La lealtad pesa más que la ley. La conveniencia más que la congruencia.
Los diez mandamientos de Claudia Sheinbaum son, hoy por hoy, una liturgia. Un acto de fe que nadie sigue y pocos recuerdan.
Y mientras el becerro de oro sigue recibiendo sacrificios… la toga, la ética y la palabra, siguen esperando su turno.
Botín Fobaproa.
El Fobaproa se usa como se usa el INE, los organismos autónomos y hasta el pasado: a conveniencia.
Esta semana volvió a ser carne de cañón política en la mañanera. Desde Palacio Nacional se lanzó el grito: Ernesto Zedillo debe ser juzgado. Vieja consigna, pero con nuevo impulso, justo cuando los números de la sucesión comienzan a cerrarse y las encuestas ya no se prestan a capricho.
La respuesta no tardó. El PRI, que se ha vuelto reactivo en tiempos de orfandad, publicó un desplegado firmado por su presidente Alejandro Moreno. En él, acusa al gobierno de utilizar a Zedillo como distractor, para desviar la atención de los problemas reales: la inseguridad, la economía estancada, y la crisis de credibilidad del oficialismo.
Zedillo, dice el PRI, impulsó la alternancia democrática y sostuvo la estabilidad de un país que se caía a pedazos. Morena, replican desde el poder, salvó a los banqueros.
Y es cierto. Pero también es cierto que, cuando se tuvo la oportunidad de terminar con la deuda heredada del Fobaproa, Morena se echó para atrás.
Lo propuso Rubén Moreira. Durante la discusión del presupuesto 2024, el coordinador del PRI en San Lázaro pidió no aprobar otros 50 mil millones de pesos para el pago de esa deuda bancaria, ya amortizada, según cálculos del mismo Poder Legislativo.
Pero Gerardo Fernández Noroña, entonces diputado y hoy presidente del Senado, salió al quite. No de los ciudadanos, sino del sistema financiero: …“¿Quieren que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión privada?”…
Ahí está la doble moral. El mismo Noroña que exige juicio a Zedillo, salvó con su voto la permanencia de los pagos multimillonarios a los banqueros. Porque es más cómodo atacar a los expresidentes que a los capitales reales.
Zedillo es útil como blanco electoral, pero intocable como pasivo bancario.
La banca en su fiesta.
Y mientras eso ocurre en la arena política, los banqueros se congregan en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ahí se celebra la Convención Nacional Bancaria 2025, inaugurada este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de un clima que exige estabilidad, pero anticipa tormenta.
En la agenda: ciberseguridad, criptomonedas, la redefinición del rol de la Condusef, e inclusión financiera.
Pero el verdadero tema, el que se discute en los pasillos y las cenas privadas, es Donald Trump. El presidente norteamericano representa una disrupción económica y financiera de alcance global. Sus amenazas de guerra comercial, su beligerancia monetaria y su retórica antiglobalista ya comienzan a inquietar al sistema bancario mexicano.
Por eso esta Convención no es una más. Los bancos, que históricamente juegan un papel de estabilidad aparente, serán determinantes para mantener la calma de los mercados, los inversionistas y los ahorradores, en un año donde el ruido político y la incertidumbre internacional podrían convertirse en pánico financiero.
Zedillo es historia. Pero el Fobaproa sigue vivo. Y hoy, como ayer, sigue siendo botín político para unos… y negocio asegurado para otros.
Compromiso cumplido.
Desde Aguascalientes, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio una noticia que confirma gestión, oficio y resultados: la Convención Nacional Ganadera 2026 se celebrará en Coahuila.
El anuncio no es menor.
Se trata del evento más importante del sector pecuario a nivel nacional, que reúne a más de mil delegados de todo el país y representa a una red de más de 700 mil productores ganaderos. Un encuentro clave para la política agropecuaria, los esquemas de financiamiento rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico regional.
Manolo Jiménez acudió como invitado de honor a las instalaciones del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, donde fue recibido con cortesía institucional y cálido reconocimiento por su homóloga hidrocálida, la gobernadora Tere Jiménez.
Ahí, con agenda clara y sin protagonismos, tomó la estafeta para que Coahuila sea sede de la siguiente edición de la Convención.
Compromiso cumplido, como él mismo lo dijo.
Y es que no es sólo un evento más. Es posicionamiento estratégico. Un reflejo de la confianza nacional en Coahuila como entidad segura, con infraestructura, gobernabilidad y capacidad de organización.
La designación es también un mensaje: Coahuila está en el radar del desarrollo nacional. No sólo en lo político y electoral, sino en sectores productivos reales, como la ganadería, que sostienen empleos, inversiones y economías regionales.
Una buena noticia para el campo, para los productores, y para el país.
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