La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

El adiós a los símbolos: Vargas Llosa, el Papa y el vacío de gigantes.

Por donde se le mire, fue un parteaguas.

La muerte de Mario Vargas Llosa no solo apagó la pluma de un Premio Nobel, sino también de un intelectual incómodo que, sin pelos en la lengua, llamó a México “la dictadura perfecta”. Una frase que marcó época y que describió con una claridad quirúrgica el entramado de simulación democrática que dominó durante décadas.

Vargas Llosa era de los que no se callaban. Criticó al chavismo, al castrismo y, sí, también al lopezobradorismo. Por eso sorprendió —y se agradece— la altura política con la que reaccionó Claudia Sheinbaum. La presidenta supo cerrar con dignidad un capítulo espinoso. Le bastó un pésame sobrio, sin mezquindades. Hizo lo correcto. Nada más, pero tampoco nada menos.

Distinto sería el juicio si en Palacio aún se escuchara el tono marrullero del inquilino anterior.

Pero no fue el único símbolo que nos dejó.

El Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, fue el 266º Papa de la Iglesia católica. Como tal, fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano.

El Papa Francisco (1936-2025), también emprendió el viaje sin retorno. Se va el primer Papa latinoamericano, el reformista que intentó empujar a la Iglesia hacia el siglo XXI, sin romper con sus raíces. Se va el pastor de las causas sociales, de los migrantes, de los pobres.

Y con su muerte se abre una grieta que no es menor: ¿hacia dónde va la Iglesia católica?

Entre fuerzas retrógradas que exigen volver al cristianismo del siglo XVI y otras más progresistas que piden acabar con el celibato, permitir mujeres en el clero y abrazar los derechos civiles, la Iglesia se enfrenta a su propia encrucijada existencial.

Y con su muerte se abre una grieta que no es menor: ¿hacia dónde va la Iglesia católica?

Hay fuerzas que quieren un retorno radical al cristianismo puro, sin interpretaciones, sin concesiones a los nuevos tiempos. El riesgo es claro: regresar a un dogma sin diálogo, sin empatía, sin comprensión de los nuevos desafíos.

Otros —menos ruidosos, pero igual de firmes— empujan por una Iglesia más cercana, más libre. No se trata de ser “woke”, sino de ser humanos. Celibato, participación de mujeres, derechos de las minorías, son temas que ya no se pueden esconder bajo el altar.

Y mientras se da esta pugna en los pasillos vaticanos, en México la veladora sigue encendida con una esperanza tan ingenua como recurrente: que ahora sí “nos toque” un Papa mexicano.

El nombre de Carlos Aguiar Retes aparece entre susurros, pero no entre las listas serias. El que sí figura —y con fuerza— es Pietro Parolin, secretario de Estado, diplomático, mediador y moderado. Su perfil gusta, su experiencia también. Pero en el Vaticano, como en la política, no hay certezas, solo intereses.

Y hablando de gigantes, de esos que moldearon épocas y no solo las habitaron, este mes se conmemora el 125 aniversario del natalicio de Fidel Velázquez, el último gran tótem del sindicalismo mexicano.

Sí, hay quien lo acusa de autoritario, de ser parte de la maquinaria priista. Pero nadie puede negar su estatura. Fidel era un negociador nato, un hombre de temple, de carácter, que entendía el poder, lo leía y lo ejercía. Con él, el movimiento obrero tenía voz, aunque fuera incómoda.

Pero mientras el mundo despide a gigantes intelectuales y espirituales como Vargas Llosa y el Papa Francisco, en México se libra otra batalla silenciosa, menos poética pero igual de decisiva: la lucha por el alma del poder institucional.

Así como en Roma se discute el futuro de la Iglesia, aquí se reorganiza el pasado para simular un nuevo orden.

La muerte de los gigantes, al parecer, también deja espacio para el renacer de los viejos vicios… pasamos del charrismo al lopezobradorismo, la nueva cara del viejo control sindical.

Dicen que la historia no se repite, pero rima. Y hoy el sindicalismo mexicano vuelve a sonar a control, a sumisión y a cuotas… pero esta vez no bajo la voz del PRI, sino bajo el puño invisible de Morena.

Los dirigentes sindicales, antes llamados líderes obreros, hoy responden a llamados desde oficinas más oscuras que las del viejo PRI, para recibir cuotas electorales disfrazadas de “colaboración institucional”.

El mensaje es claro: afiliar, capacitar, movilizar. Y entregar votos.

En el corazón de esta estrategia está Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del presidente y actual secretario de Organización de Morena. Él no se manda solo, pero sí ejecuta. La misión que le encargaron es titánica: juntar diez millones de almas bajo el padrón guinda y asegurar que la elección judicial de junio no sea un descalabro como el ensayo fallido de revocación de mandato en 2022.

Y el objetivo no es menor: acabar con un Poder Judicial independiente para reemplazarlo con uno a la medida. Un tribunal domesticado, que no incomode, que no cuestione, que no revise.

Mientras tanto, el INE es reducido presupuestalmente, no por casualidad, sino para que el operativo de acarreo no tenga contrapeso. Que no se documente el exceso. Que no haya ojos vigilantes.

La operación no busca una victoria legítima. Busca una narrativa de fuerza, aunque la participación real apenas roce el 15%. Y si hay que inflar urnas, se hará. La maquinaria ya está en marcha.

Y todo esto ocurre mientras el poder busca blindarse, no solo electoralmente, sino también jurídicamente. Porque lo que viene podría cimbrar hasta los cimientos más altos del sistema político: la entrega de narcopolíticos a Estados Unidos.

Narcogobierno: cuando el Estado se convierte en sospechoso.

Lo que antes era un susurro en los pasillos diplomáticos, hoy comienza a tomar forma de dossier judicial.

La posibilidad de que México entregue “narcopolíticos” a Estados Unidos ya no es una teoría conspirativa, sino una negociación en curso. Y lo más grave: una admisión implícita del colapso del Estado mexicano en zonas clave.

Sí, la Casa Blanca tiene una lista. Donald Trump ya la tiene sobre su escritorio. La pregunta ya no es si hay culpables, sino cuántos, cuándo y hasta dónde llegará la purga.

Lo dijo el propio magnate, entre halagos diplomáticos a Claudia Sheinbaum y advertencias veladas: “México tiene mucho miedo a los cárteles. Los cárteles controlan grandes zonas del país.” Palabras que suenan a acusación, pero también a ultimátum.

Y no están vacías.

Las agencias estadounidenses —DEA, FBI, ICE, el Departamento del Tesoro— han documentado nexos, movimientos bancarios, redes de protección y silencios cómplices. Ya hay cuentas congeladas, órdenes de vigilancia y restricciones de ingreso para funcionarios en activo.

Uno de los casos más inquietantes: Durango.

Recientemente, en una reunión regional de seguridad, trascendió que el gobierno de esa entidad fue señalado como un “narcoestado” por las autoridades estadounidenses. Las consecuencias son reales: prohibición de exportar ganado, congelamiento de cuentas, y la clasificación del estado como fallido por su nivel de infiltración criminal.

El gobernador Esteban Villegas no supo dónde meterse. Literalmente. Le avisaron ahí mismo, y la vergüenza se le notó hasta en la voz. ¿Por qué? Porque no es el único. En la lista también figuran un exsecretario de Estado, un actual secretario en funciones, y al menos un gobernador en activo.

Es el nuevo rostro de la diplomacia: no se piden acuerdos, se exigen cabezas.

Y todo esto ocurre en el contexto de una elección en la que el gobierno federal necesita controlar el discurso, los votos y la narrativa. ¿Cómo sostener la moral de una “transformación” cuando tus propios cuadros no pueden cruzar la frontera sin riesgo de ser arrestados por narcolavado?

La historia se repite: Rubén Zuno Arce, Salvador Cienfuegos, Tomás Yarrington… La diferencia es que hoy los presuntos implicados ocupan cargos clave en gobiernos estatales de Morena. Y eso cambia todo.

Se negocia desde Palacio. No solo la justicia, también el silencio.

Y mientras el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, enfrenta un “susto” en Brownsville por unas horas de detención, otros ya saben que no se pueden parar ni en Houston, ni en Laredo, ni en Miami. Tienen órdenes de restricción no declaradas.

Estamos ante un escenario de alta tensión diplomática, de impacto electoral y de colapso moral. Lo que antes era del PRI y después del PAN, hoy también es de Morena: el narcogobierno, el encubrimiento, el uso del poder para blindar la impunidad.

Y no hay retórica que lo oculte.

Así, entre narcolistas y listas de votación judicial, México se encuentra atrapado entre dos presiones: la de Estados Unidos que exige justicia, y la de un régimen que exige lealtad a toda costa.

Sube la tensión: elecciones judiciales y municipales en la cuerda floja.

El primer domingo de junio no solo definirá el futuro del Poder Judicial. También marcará un nuevo pulso electoral en Durango y Veracruz, donde la contienda municipal se ha vuelto otro frente de confrontación.

En Durango, uno de los dos últimos bastiones priistas, la presión se siente en el aire. Morena acusa al gobernador Esteban Villegas de utilizar recursos y medios para silenciar a la oposición, y alista una queja formal ante el Instituto Electoral. Se habla de un cerco mediático y de violaciones graves a la equidad de la contienda.

En Veracruz, la tensión no solo es entre partidos, sino dentro de Morena. Las pugnas internas están al rojo vivo, mientras la oposición —particularmente MC y PRI— ha tomado vuelo y presume triunfos “asegurados” en zonas clave.

El país entra así en una recta final marcada por el corporativismo reciclado, la presión internacional, la fragmentación interna y el uso del aparato gubernamental como maquinaria electoral.

México se aproxima a una elección donde no solo se juega el poder, sino la legitimidad de todo un sistema.

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