A partir del pasado fin de semana la llamada “comida chatarra” ha sido expulsada de las escuelas. Después de muchísimas luchas ciudadanas, con el apoyo de la academia, finalmente se reconoce que no bastan los sellos negros en los que se nos advierte del excesivo nivel calórico de las botanas para combatir la epidemia que azota a nuestra población, particularmente a los niños.

Con un paladar colonizado por dulces pastelillos y papitas saladas, es imposible que un niño pueda optar por comida saludable. Sobre todo, porque los paladares de padres y abuelos también están bajo la dependencia de sabores artificiales de productos ultraprocesados. Por ello no era extraño ver a alumnos y profesores consumiendo estos productos en la escuela, o ver como las mismas madres de familia ponían (ponen) en la mochila de sus hijos el pastelillo o el dizque jugo para que lo consuman a la hora del recreo.

 El solo hecho de que este tipo de pseudo alimentos representan el 98 por ciento de la oferta alimentaria escolar del país muestra la gravedad de una situación que ha hecho estragos en la salud, sobre todo, insisto, de los niños. Baste decir que se calcula que alrededor de la mitad de los niños nacidos en 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida.  Si en ese año contábamos con una Secretaría de salud, la pregunta obvia es ¿Qué hacía para proteger la salud de nuestros infantes? La respuesta, igualmente obvia es: nada. La razón es que esa Secretaría, al igual que toda la parte del Estado mexicano diseñada para el cuidado de la salud, estaba secuestrada por intereses tanto de la industria alimentaria como de la farmacéutica.

A partir del sexenio pasado la correlación de fuerzas permitió que un nuevo proyecto se materializara en las políticas de gobierno. Primero el llamado “etiquetado frontal” o “sellos negros” que advierten del excesivo contenido en sales, grasas o azúcares y que sustituyeron las mentirosas y escondidas etiquetas de “información nutrimental”. Estas nuevas disposiciones que literalmente expulsan de las escuelas a los alimentos chatarra constituyen una nueva política que acaba de entrar en vigor y que, además, está precedida del programa ‘Vive Saludable, Vive Feliz”. Este es un proyecto iniciado el 15 de este mes, que implica la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social con médicos y enfermeras que levantarán un Censo de peso y talla, se detectarán deficiencias visuales, así como problemas de salud bucal en estudiantes de escuelas públicas.

¿Lo anterior significa que el problema de obesidad está resuelto? Estamos muy lejos de eso, pero es importante reconocer que a quienes engordan sus carteras engrosando la cintura de la niñez mexicana se les ha arrebatado parte del Estado que estaba a su servicio, y eso no es poca cosa. Falta mucho por hacer, pero ya es ganancia que, quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos, dejen de proteger a quienes nos envenenan. Falta, por ejemplo, ver como es que el Estado mexicano cumple con la obligación que le asignan estas nuevas disposiciones, en el sentido de ofertar o propiciar la venta de alimentos saludables en las escuelas, así como la implementación de prácticas de activación física que, incluso, deben formar parte de los planes de estudios. A final de cuentas lo que se requiere es la construcción de una cultura de alimentación saludable que, necesariamente, pasa por la recuperación de nuestro paladar para reconciliarlo con los sabores que la naturaleza, de la que formamos parte, crea y recrea continuamente. Ahora hay que dar la batalla en el hogar contra los ultraprocesados.