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Son sin duda noticias aterradoras, ya teníamos un fuerte precedente con las fosas de San Fernando en que fueron ultimados 72 migrantes en el año 2010 y con los más de tres mil restos óseos encontrados en Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila. No obstante, y no resulta más relevante por tratarse de connacionales, pero el escándalo, el horror y la indignación resurgen con más fuerza tras los hallazgos del campo de exterminio en Teuchitlán, un pueblo a poco más de una hora de Guadalajara, la capital de dicho Estado. Se trata de un mal sistemático, que no se reduce a estos nefastos y calamitosos escenarios, pues es cien por ciento seguro que existen decenas o quizá cientos de lugares similares en donde los cárteles tiene presencia y en donde incrementan sus miembros en procesos de reclutamiento forzado; por eso debemos estar listos para próximos hallazgos. Y es que, a unos días del descubrimiento en Jalisco, colectivos ciudadanos de búsqueda anunciaron el descubrimiento de otro en Tamaulipas. Son varios los lugares descubiertos en donde se cometieron asesinatos en masa, lo cual, desde luego, no supone que debemos perder la capacidad de asombro e indignación, sino que nos obliga a exigir al gobierno acciones al respecto, pues resulta patético para el gobierno que sean ciudadanos quienes realizan labores de búsqueda sin presupuesto ni apoyos y sin embargo superan en eficiencia a un Estado que ya fue rebasado por el crimen, porque es inconcebible que estos centros operen como campos de adiestramiento en que definitivamente debe haber detonaciones de armas de fuego, tráfico constante de vehículos sospechosos y después se conviertan en centros de exterminio como si no existieran autoridades encargadas de proteger a los ciudadanos. Y no se trata de politizar lo sucedido ni repartir culpas, pero todo esto tiene tinta de permisividad gubernamental o por lo menos indiferencia y por ello los cárteles siguen incólumes, creciendo y afectándonos no solo en los temas de seguridad, sino en cuestión económica porque son los culpables de que el gobierno norteamericano nos tenga amenazados durante estos primeros tres meses del año (y lo que falta) en cuestión arancelaria precisamente por permitir que estos lugares sigan proliferando en total libertad e impunidad. Las acciones gubernamentales en respuesta a este terrible suceso son hasta el momento la atracción del caso por parte de la fiscalía general de la república y, por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investiga cuentas en redes socio digitales usadas para el presunto reclutamiento que hacen estos grupos que siguen activos. Como sociedad queremos responsables, autoridades que hayan cometido omisiones o actos de complicidad y sobre todo garantías de que se diseñarán políticas públicas para evitar que esto siga sucediendo como si viviéramos en un Estado anárquico, es decir, vacío de autoridad, en donde la delincuencia se pasea a sus anchas sin restricción alguna.