El juicio a que está siendo sometido Ismael “Mayo” Zambada en una corte norteamericana es hoy el pretexto, uno más, para que la oposición intente incriminar al gobierno de Sheinbaum por supuestos vínculos con el crimen organizado. Una y otra vez han tratado de construir la imagen de un gobierno que, de algún modo, tiene pacto con quienes se dedican al narcotráfico. Una y otra vez han intentado posicionar la narrativa que une a la 4T con la delincuencia, y una y otra vez han fracasado.
El pretexto lo obtuvieron con la política de “abrazos, no balazos” con la que el gobierno de López Obrador pretendió abordar un problema que, si bien tiene expresiones coyunturales muy explosivas, también tiene raíces profundas, ancladas, sobre todo, en las abismales desigualdades generadas por un modelo económico de explotación y marginalidad. Nunca hemos sido un país de iguales oportunidades para todos, eso es cierto, pero también lo es el hecho de que los desniveles sociales nunca habían sido tan pronunciados como desde los años 80 del siglo pasado.
EL empobrecimiento persistente de cada vez más amplias capas de la población mexicana empezó con el gobierno de Miguel de la Madrid, régimen con el que se inauguró un periodo de desregulación de la economía mexicana que, en términos prácticos, significó descobijar a la población trabajadora para dejarla a merced de las ambiciones patronales que disminuyeron salarios reales, aumentaron carga laboral, debilitaron sindicatos y encarecieron la vida al deshacer los soportes construidos por el llamado Estado de Bienestar.
Si algo ha intentado la Cuarta Transformación ha sido el resarcir el poder adquisitivo de trabajadores aumentando salarios y, sobre todo, con los programas sociales que facilitan la adquisición de alimentos y medicinas a la población que ya no tiene posibilidad de obtener ingresos porque viven de magras pensiones. La marginación provocada por los más de 40 años de políticas neoliberales se expresa en delincuencia, problemas de salud, pobre alimentación y muchas otras dificultades que ponen en crisis la convivencia social.
Combatir delincuencia con programas sociales difícilmente puede generar efectos inmediatos, lo que permite exhibir dichas políticas como un gran fracaso. Si a eso se agrega el hecho de que los norteamericanos culpen a nuestro país de la enorme crisis de salud que tienen por el consumo de fentanilo, tenemos como resultado la imagen de un México que nada hace por salvaguardar la integridad de ciudadanos norteamericanos que, estrictamente hablando, son responsabilidad del gobierno gringo.
Sin embargo, esa situación ha permitido muchas actitudes intervencionistas como el secuestro del narcotraficante “Mayo” Zambada, detenido de manera ilegal en nuestro país e internado en Estados Unidos donde está siendo juzgado sin haber respetado ni las leyes mexicanas ni las norteamericanas para su detención. Estamos pues ante una situación en la que el gobierno de Sheinbaum está obligado a defender a Zambada, no de las acusaciones que tiene de aquél y este lado de la frontera, sino de los abusos y prepotencia de autoridades norteamericanas que violentan fronteras para aplicar extraterritorialmente su legislación.
Se trata entonces de defender integridad territorial, respeto a nuestro país y a nuestros connacionales, así sean delincuentes, porque nuestras leyes les otorgan derechos, como a cualquier ciudadano mexicano que se presume inocente mientras no sea declarado culpable por las correspondientes autoridades judiciales. La oposición seguirá haciendo lo que sabe hacer: traicionar, mentir y exigir la aplicación de la ley según convenga a sus intereses. Al gobierno le corresponde simplemente la aplicación de nuestra legislación, cuidar la integración del territorio y seguir impulsando la construcción de un país más justo.