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La medición 2024 sobre la percepción de la corrupción por país que realiza Transparencia Internacional (TI) nos ha colocado en el rango 140 de los 180 países en que se mide este mal endémico que parece no dar tregua; y es que en comparación con 2023 descendimos cinco puntos al pasar de 31 a 26 y según el informe, la causa principal fue la inacción del poder judicial sobre dos evidentes casos de corrupción de dos sexenios anteriores: Odebrecht, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y Segalmex, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El informe puntualiza que el sexenio anterior de AMLO quedó a deber en materia anticorrupción porque no hubo condena alguna sobre casos de corrupción. La verdad es que hay algo de razón en lo dicho; y es que el expresidente dejó la idea de castigar a posibles corruptos a la voluntad ciudadana a través de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes y que al final terminó con muy poca participación ciudadana y por tanto sin efectos legales los resultados de la consulta; y es que el simple hecho de haber iniciado investigaciones con la idea de enjuiciar a exmandatarios hubiera mejorado la percepción ciudadana sobre la corrupción en nuestro país y hoy no estaríamos en la lista negra de Transparencia Internacional. Soy un convencido que este tema no requiere respaldo ciudadano, son decisiones ejecutivas que se deben tomar y con ello enviar un mensaje claro que no se van a tolerar felonías ligadas a la corrupción. Ahora bien, Segalmex fue un evidente caso de corrupción que el mismo expresidente señalo como la única mancha con la que se iba su gobierno y es que se trató de un fraude al erario que significó alrededor de 9,500 millones de pesos, y aunque varios de los implicados ya están presos, quedó la sensación de que se requería la captura de un “pez gordo” en esta estructura delictiva que desfalcó a Segalmex; además el hecho de minimizar el caso comparándolo con otros en sexenios anteriores no abonó en nada para mejorar la percepción sobre el combate a la corrupción. Al final se trata de percepción, condicionada por el impacto mediático sobre el tema, y tenia razón el expresidente que se trató de “mala suerte”, pues es imposible escanear el grado de propensión a la corrupción en cada persona que es designada en cargos públicos que manejan recursos públicos, sin embargo, lo que sí se puede medir es la cantidad de procesados por este tipo de casos y que con ellos se demuestre compromiso gubernamental con las buenas prácticas y el combate a la corrupción y esta es la parte que le falta a los gobiernos de izquierda que nos siguen gobernando para poder hacer la diferencia y mejorar la percepción ciudadana que nos conduzca a mejores peldaños en el listado de Transparencia Internacional, cuyo informe no debe ser minimizado, sino tomado muy en cuenta como referente para tomar medidas en el combate a la corrupción en todas las esferas gubernamentales. Por lo pronto tenemos el mismo azote encima, perceptivo o no, las medidas para combatirlo deben ser contundentes y ejemplares.