La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El presidente Joe Biden mandó a México como embajador a Ken Salazar, que de joven estudió en un seminario católico y después estudio Derecho en la Universidad de Michigan. Ken es devoto guadalupano.
Donald Trump nos enviará a Ronald Johnson, ex miembro de las fuerzas especiales del Pentágono, conocidos como Boinas Verdes, con una larga experiencia como agente de la CIA, especialista en contrainsurgencia, terrorismo y narcotráfico. ¿Quién es el personaje? ¿Rambo?
Johnson fue embajador en El Salvador, donde trabajó incansablemente con las autoridades salvadoreñas para reducir la delincuencia violenta y la migración ilegal a los niveles más bajos de la historia. Como ustedes saben, el presidente salvadoreño es Nayib Bukele, quien ha llenado la prisión de presuntos delincuentes, a veces sólo por su apariencia física.
Además, Johnson tiene más de veinte años en la Agencia Central de Inteligencia tras una distinguida carrera en el Ejército estadunidense como boina verde. Se graduó de la Universidad Nacional de Inteligencia con una maestría en inteligencia estratégica.
El nombramiento es una manifestación de intenciones. Anuncia el tipo de tratamiento que la embajada de Estados Unidos dará a la migración y al tráfico de drogas, en particular, el fentanilo. Al rato no faltará quien diga: Vuelve Ken, te perdonamos.
Trump muestra sus cartas. Nadie del lado sur de la frontera se podrá llamar sorprendido cuando se concrete el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero próximo. Ya falta poco.
La reforma Judicial recientemente aprobada, aunque por su denominación pareciera debía centrarse sólo en el Poder Judicial de la Federación y/o en los tribunales locales, lo cierto es que ello no debió ser así, pues existen diversos órganos con actividades jurisdiccionales que imparten justicia en aspectos de suma importancia para la ciudadanía que dependen del Ejecutivo Federal, como son los tribunales agrarios, militares, de justicia fiscal y de justicia administrativa quienes ejercen actividades materialmente judiciales e imparten justicia en esos rubros, por lo cual debieron ser incluidos en el análisis de sus sistemas de selección y designación, pues son los antecedentes inmediatos de las problemáticas jurídicas más recurrentes.
Resulta relevante que la reforma Judicial no incluyera a tales tribunales pues sus juzgadores y juzgadoras no serán seleccionados vía elección popular; lo anterior tiene un impacto importante, pues la justicia agraria y fiscal, por ejemplo, aunque tiene aristas distintas, detenta gran relevancia, la primera, en atención a grupos vulnerables, y la segunda, tanto a sectores económicos de poder, pero también a pequeños contribuyentes que podrían ser catalogados como vulnerables. Si la elección popular se dice es el mejor mecanismo para democratizar y legitimar a las judicaturas, debió aplicarse también a este tipo de tribunales.
Pero no se buscó reformar a los tribunales dependientes del Poder Ejecutivo. La respuesta más lógica obedece a que ese tipo de tribunales al no depender del Poder Judicial de la Federación ni de los poderes judiciales locales, sino que pertenecen al Ejecutivo Federal, están de cierta manera capturados por el poder político, no era necesario partidizarlos o politizarlos con una elección popular si ya están –dado su mecanismo de selección– al servicio del gobierno; ese tipo de justicia agraria y fiscal –sin dejar de lado la militar– son las que muchas veces afectan a grupos de personas más vulnerables y, por ende, la reforma Judicial debió, bajo el estandarte de la idoneidad de la elección popular como mecanismo de selección, también incluir a este tipo de órganos para reflexionar sobre el sistema actual de designación de sus juezas y jueces o magistradas y magistrados. Veremos si más adelante se incluyen.
Los “errores’’ técnicos que se conocieron en las listas a candidatos de juezas y jueces del bienestar de los poderes Ejecutivo y Legislativo, son apenas la muestra de lo que será el proceso final, cuya organización y destino son inciertos.
El comité revisor del Legislativo justificó los errores argumentando “pruebas del sistema’’ y si bien pudo ser esa la causa, lo que no tiene remedio es el descuido con el que se manejaron listas y pruebas. Ya ni hablar de la duplicación de los nombres de candidatos.
Todos estos “errores’’ le restan mérito y credibilidad a un proceso de por sí cuestionado.
No hay confianza en los nombres de los personajes inscritos, no hay confianza en el proceso de selección ni en quienes integran los comités evaluadores, que serán los que definan los nombres que irán en las boletas.
No se confía en el proceso de “insaculación’’ o rifa con el que se ajustarán las listas. No se sabe con cuánto dinero contará el INE ni el número de casillas que instalarán. Si el proceso estaba cuestionado, los “errores’’ lo sepultaron. El 15 conoceremos las listas preliminares.
En Coahuila, con el “Conversatorio Estatal: La Reforma Judicial en Coahuila”, dieron inicio los foros sobre la reforma constitucional que armoniza la legislación local con la reciente reforma judicial a nivel federal, los cuales son un espacio abierto para escuchar ideas, inquietudes y propuestas sobre el tema.
El foro incluyó la participación del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local, diputada Luz Elena Morales Núñez, el consejero jurídico del Ejecutivo, Valeriano Valdés Cabello, así como las barras y asociaciones de abogados, cámaras empresariales, entre otros.
El secretario de Gobierno expresó que la reforma Judicial aprobada a nivel federal representa uno de los cambios estructurales más significativos en nuestra historia reciente, que, como Estado, nos obliga a realizar adecuaciones profundas en la Constitución local y en la normativa secundaria para garantizar su correcta aplicación.
Señaló que entre los aspectos más relevantes de esta reforma se encuentra la elección popular de magistrados y jueces, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, la consolidación de la Carrera Judicial, así como el principio de paridad de género como eje transversal de esta reforma.
Además, la reforma establece límites claros respecto a la administración de recursos públicos, lo que garantiza una mayor transparencia y rendición de cuentas, lo que es un paso crucial para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Es decir, estamos ante una oportunidad histórica para transformar el sistema judicial estatal y fortalecer el Estado de Derecho en beneficio de todas y todos los coahuilenses.
Por su parte, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup realizó una exposición sobre la iniciativa de reforma del Poder Judicial en Coahuila, en la que destaca la reforma constitucional federal que reorganiza el Poder Judicial de todo el país. Y que fue aprobada por más de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos estatales, convirtiéndose en un tema constitucional.
Mencionó que Coahuila, como parte integrante de la Federación, está obligado a homologar su Constitución local conforme a los lineamientos federales, y que este proceso incluye la colaboración de universidades y otros actores relevantes para garantizar una homologación eficiente y acorde a las necesidades del Estado.
Fue asesinado en Acapulco el magistrado del Poder Judicial estatal Edmundo Román Pinzón.
Se trata de un ataque de alto impacto. El magistrado Edmundo Román Pinzón había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Paradójicamente, un día antes se había realizado en Acapulco la reunión entre el gabinete de seguridad y todos los gobernadores del país, a la que acudió la presidenta Sheinbaum.
Se desconocen las causas del asesinato que, en otros tiempos, habría provocado la reacción de los líderes de los tres Poderes. Pero como era un magistrado, hubo silencio.
Le dispararon a plena luz del día a la salida de los juzgados en el centro del puerto, una zona con mucho movimiento y numerosas cámaras de videovigilancia. Los sicarios confían ciegamente en que se saldrán con la suya y que la impunidad de nueva cuenta terminará imponiéndose. ¿Será diferente esta vez?
Ya hay voces de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República todavía que la fiscalía local acaso no tenga la libertad de ir a fondo. Como es costumbre el gobierno local envió un comunicado con las condolencias y las ofertas de rigor de realizar una investigación. Nunca se llega a nada. Ya veremos si la ejecución del magistrado Pinzón es la excepción de la regla.
Coahuila concluye el año 2024 como líder nacional en la producción de autopartes, que es un filón estratégico de la industria automotriz.
Se confirma así la confianza de empresas mexicanas y extranjeras en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas que se ha concentrado en crear condiciones óptimas para los capitales que llegan a la entidad y que generan empleos bien pagados.
El gobernador pone de relieve las ventajas comparativas de la entidad. Para Coahuila representa un negocio de casi 14 mil millones de dólares que incluso pueden aumentar el año próximo ya que las giras promocionales por el extranjero del gobernador han dejado buenos resultados.
Junto a la unidad en torno al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a los priistas les caracteriza el trabajo y el sentido institucional.
En 35 de los 38 municipios, el Comité Directivo Estatal que encabeza don Carlos Robles Loustaunau, entregó a los titulares de los comités municipales el documento que describe a detalle el primer Informe de Gobierno.
En cada uno de los 35 consejos políticos, los militantes y los dirigentes priistas dieron cuenta del cumplimiento de los compromisos del mandatario estatal.
En los tres municipios que faltan, el documento se entregará durante la toma de protesta de los nuevos alcaldes.
El significado del evento político ratifica el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al cumplir sus compromisos en áreas prioritarias como la seguridad pública, la educación, la salud, las inversiones y la generación de empleos.
Además, el respaldo a los más desprotegidos mediante novedosos y efectivos programas, como “Inspira”, que dirige la esposa del mandatario, la señora Paola Rodríguez, y el programa “Mejora Coahuila”, que tiene un amplio alcance social, junto a los programas integrantes de apoyo a la familia de DIF Coahuila.
Durante los consejos políticos, los priistas subrayaron que Coahuila tiene rumbo con un Gobierno ciudadano, apegado a cumplir las demandas sociales de los habitantes de los 38 municipios.
El objetivo de mejorar las condiciones de vida de los coahuilenses lo cumple el gobernador del estado, así lo ratificaron los representantes de los diversos sectores sociales priistas.
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