La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®
La escasa respuesta a la convocatoria para ganar en las urnas un puesto de juez, magistrado o ministro de la Corte, provocó que salieran la ministra Yasmín Esquivel y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, a invitar a las mujeres, particularmente, a inscribirse en el proceso.
Los números no les dan.
Sea por desinformación, porque no se creen con aptitudes, porque desconfían del procedimiento o por incapacidad, no hay suficientes interesados en concursar para jueces, magistrados y ministros.
¿De dónde sacar algo así como 18 mil aspirantes para un cargo al cual no están preparados y legitimar la elección, si no tienen garantías y para colmo queda a juicio de comités de evaluación sin reglas claras?
Bien a bien aún no se conoce el número exacto de aspirantes inscritos, pero, según información de quienes están supervisando el proceso, no pasan de 2,400 aspirantes a juzgadores para más de 800 posiciones, ojo, debe haber al menos 10 aspirantes para cada cargo: anotados en el Poder Ejecutivo, el Senado y la Corte.
No se ve cómo el Gobierno federal cumpla su propósito de anotarse un éxito con la peor de las reformas judiciales. ¿Con nombres ficticios? ¿Con abogados sin carrera? ¿Cómo dijo Ricardo Monreal, con cualquier título?
Esto se debe, en buena medida, a que, de acuerdo con algunos candidatos, las plataformas de inscripción no son nada amables a la hora de ingresar documentos.
El proceso puede durar horas, lo que ha desalentado la participación.
Pero lo que realmente ha pesado en el ánimo de los eventuales juzgadores es la reducción significativa del salario y prestaciones, la cual, colocada en la balanza de costo-beneficio, implica un gran costo personal.
Imagine a un juez federal, con un salario de 40,000 pesos, sin escoltas ni auto blindado, que tenga que enjuiciar a un narcotraficante, ¿Cree que arriesgaría la vida tratando de cumplir su deber?
Si el incentivo que tienen, de acuerdo con la 4T, es “servir al pueblo desde la impartición de justicia’’, resulta muy pobre por muy comprometidos que estén los nuevos juzgadores.
Lo que sí hace la austeridad en las retribuciones de los futuros juzgadores, es incrementar por mil el riesgo de actos de corrupción.
Imagine un juez en Sinaloa o en Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Chiapas o el Estado de México, con un salario que podrían superar desde la práctica profesional privada, sin los riesgos que implica el cargo oficial, ¿Cuál sería su reacción ante una amenaza? ¿Cuál sería su reacción a la oferta de plata o plomo?
Muchos policías estatales y municipales han renunciado a sus cargos porque ante el embate de la delincuencia organizada, con mejor armamento y recursos casi ilimitados, no cuentan con los incentivos necesarios para arriesgar sus vidas, ni económicos ni de prestaciones sociales.
Tal parece que será el mismo caso de los nuevos juzgadores.
Los 13,205 millones de pesos solicitados por el INE para llevar a cabo el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, son apenas la punta de una montaña de recursos que el país, en este momento, simplemente no puede pagar.
Estos recursos corresponden a la elección de juzgadores federales, pero falta sumar al proceso los recursos que todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) o INE’s locales, como quiera llamarles, requieren para realizar la elección de los juzgadores a nivel local.
Pongamos por ejemplo a Coahuila.
La entidad norteña cuenta con un padrón aproximado de 2 millones 400 mil personas con posibilidad de votar.
Para elegir, por ejemplo, al actual gobernador, se mandaron a imprimir 2,411,529 boletas, con todos los candados de seguridad posible, en un papel especial también.
Ahora, para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial local, se espera que por lo menos se emitan unas 20 boletas, considerando todas las ramas del derecho sujetas a la elección, desde los jueces penales, laborales, civiles, mercantiles, familiares, etcétera.
Si en la elección pasada, cada boleta tuvo un costo de 1.80 pesos, esa cantidad deberá multiplicarse por 2 millones 411 mil 529 y el resultado multiplicarse por 20 veces.
De ese tamaño será el gasto para cumplir el capricho… perdón, las nuevas disposiciones constitucionales para la elección de juzgadores a nivel local.
Hablamos, desde luego, de un supuesto, porque ningún Congreso Local ha armonizado su legislación a la Constitución en materia de elección de funcionarios del Poder Judicial.
Se calcula que el proceso de elección en estados “chicos”, como el nuestro, quizá el presupuesto requerido no supere los 300 millones de pesos, de acuerdo a su padrón electoral.
Lo mismo podría costar en Tamaulipas, San Luis Potosí y Sonora, cuyos padrones son similares al nuestro.
Y en los estados grandes como Ciudad de México, Veracruz, Estado de México y Jalisco, el presupuesto podría superar los 1,500 millones de pesos.
Sumadas las 32 entidades federativas, ¿Cuánto dinero más tendría que destinarse a un proceso sobre el cual no existe mayor información, que no ha despertado el interés de su público objetivo debido a que, en el balance de beneficios-riesgos, tienen un mayor peso específico los últimos?
Siendo conservadores, duplique el monto de los 13,205 millones solicitados por el INE para la elección de juzgadores federales para la elección a nivel local y entenderá que los legisladores aprobaron la reforma al Poder Judicial sin tener la menor idea del gasto que representará. Es lo que hay.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que la austeridad presupuestal para el próximo año, es en realidad un “freno’’ al gasto que este año se escurrió en las obras faraónicas del expresidente tabasqueño.
Cómo ya no hay que construir, hay que restringir, lo cual suena lógico para los políticos, pero no para la población que verá recortados los presupuestos en renglones importantes como seguridad, salud y medio ambiente.
Se entiende la necesidad de ahorrar y eficientar el gasto para el próximo año, pero lo que no se entiende es cómo es que el Gobierno federal decidió reducir drásticamente los recursos para la seguridad y la salud, los principales problemas que enfrenta el país.
Alguna explicación lógica debe haber para tal despropósito.
Reducir el presupuesto a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud, sin contar la reducción de 35,000 millones de pesos a la Secretaría del Medio Ambiente, resulta totalmente ilógico y además contradictorio con las ofertas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es tradición que, en los presupuestos anuales, la Secretaría de Hacienda siempre deja rubros con cierto margen para la negociación con las bancadas en la Cámara de Diputados.
Un poco para bajar la presión sobre los gastos que realmente le interesan a la administración y otro poco para que los legisladores tengan algo que presumir.
Sin embargo, esta ocasión parece diferente, no solo por los altísimos montos que se redujeron a rubros como seguridad y salud, sino porque, a diferencia de otras Legislaturas, en ésta, los diputados están advertidos de no cambiar ni una coma, ni un cero, a menos que reciban una instrucción precisa desde las alturas.
Cerca de los 4,000 asesinatos desde que comenzó su gestión, el primer día de octubre, la administración de Sheinbaum ha visto como la delincuencia se va apropiando de más extensiones del territorio nacional.
Tabasco está incendiado; Chiapas, carente de gobierno, vive la migración forzada de miles de campesinos acechados por la delincuencia organizada; Tamaulipas, ni se diga.
Sinaloa con un gobernador de parapeto, sin lograr frenar la violencia, y otras entidades como Guerrero y el Estado de México, que han normalizado la convivencia entre criminales y autoridades, merecían un presupuesto mayor para capacitación y equipamiento de las policías estatales y municipales.
Como ejemplo, Coahuila es de las pocas entidades que ha mantenido la seguridad como la prioridad de su Gobierno, somos la entidad con menor registro de violencia por parte del crimen organizado. Aquí, sí manda la policía estatal.
Sobre el tema de la salud, no se ve cómo con esa restricción presupuestal Sheinbaum pueda cumplir su compromiso de elevar no solo la cobertura, sino la calidad de los servicios médicos del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
Sin juzgar sobre las optimistas variables macroeconómicas para el próximo año (tipo de cambio, precio del barril de petróleo, inflación, crecimiento económico), no parece haber buenas noticias en el presupuesto para los temas que día a día preocupan al mexicano promedio.
En campaña, Sheinbaum rechazó la posibilidad de una reforma Fiscal pero ya en la Presidencia sufrió un golpe de realidad: no hay suficientes recursos para mantener los programas sociales y pagar los que ella prometió.
Por eso el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que “ya viene’’ una profunda reforma Fiscal con la justificación de poder redistribuir mejor la riqueza.
Quién sabe qué nuevos impuestos aplicarán o que tasas impositivas se modificarán, pero lo cierto es que el país no enfrentaría este problema si se hubieran invertido mejor los recursos públicos el sexenio pasado y en crear paquidermos que serán rentables en 30 años. Si acaso…
Lo de Jalisco y su amago de salir del pacto federal es una novela muy vista.
El gobernador saliente, Enrique Alfaro, así como los exgobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco’’, así como el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, propusieron lo mismo iniciando el sexenio lopezobradorista.
Bastó una cita individual del expresidente con cada uno de los “alebrestados’’, para que el asunto desapareciera de la agenda nacional.
El tema no es nuevo.
De hecho, desde la Presidencia de Vicente Fox, cuando se creó la Conago, el planteamiento principal fue un nuevo pacto federal que redistribuyera mejor la riqueza entre las entidades federativas de acuerdo a su aportación al PIB nacional.
La propuesta de Alfaro es otra llamarada de petate y no es porque no le falte razón, sino porque nadie acompañará su planteamiento.
Morena y aliados gobiernan 24 entidades federativas, entre ellas las más pobres y las más conflictivas. ¿Cree de verdad que le harán segunda al emecista, por muy fregados que estén?
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