La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Los procesos legislativos que han generado polémica y escozor en la oposición que alegan caracterizar el gobierno de Claudia Sheinbaum como una dictadura, no implican otra cosa que la deconstrucción del Estado después de un periodo neoliberal que desmanteló las instituciones públicas.
La experiencia de los cambios que quitaron los pilares del constitucionalismo mexicano identificado con la Revolución Mexicana, fueron más graves que los discutidos ahora, anticonstitucionales e ilegales, autoritarios y dictatoriales; pero la memoria histórica de la oposición manipula las evidencias y el proceso de contrarreformas.
El rostro de la Revolución Mexicana comenzó a cambiar desde el gobierno de Miguel de la Madrid, no fue del modo amable y democrático que ahora exigen los opositores a la Cuarta Transformación.
Es cierto que la tarea parlamentaria requiere el protagonismo del PAN, PRI y PRD, pero también deberían acudir a las acciones que ellos impulsaron en las reformas que implementaron el neoliberalismo.
El problema de la oposición fue creer que el neoliberalismo era para siempre y que, efectivamente, representaba el fin de la historia.
No se prepararon para escenarios competitivos y tampoco contribuyeron al desarrollo de los elementos que son los pilares de la democracia liberal capitalista.
No cambiaron la constitución de 1917, no desarrollaron una clase media amplia y boyante, no modernizaron la estructura productiva y, sobre todo, se olvidaron de la importante tarea que implica la educación en el país.
Desperdiciaron más de treinta y cinco años. Echaron a perder la integración con Norteamérica. Ahora sólo queda pagar las consecuencias.
El nacionalismo revolucionario y el progresismo populista de izquierdas retoman el control institucional del Estado que perdieron en esta larga trayectoria.
Fueron pacientes y constantes, el mérito radica en no perder la esperanza y confiar en los errores de los neoliberales que fueron casi todos.
La oposición tiene más responsabilidad en la supervivencia del lopezobradorismo que las características culturales de la sociedad mexicana.
Frente al cambio constitucional que vive el país, la oposición no puede llamarse a engaño: gobernaron de la peor manera el país.
La oposición no puede seguir atada a un proyecto socioeconómico que ha fracasado y al que nunca apostaron en serio por conseguir.
Las coyunturas los abruman y pierden el tiempo en pretender obstaculizar una Cuarta Transformación que tiene un apoyo social vasto. Así funciona el poder político en México y la hegemonía legítima la posee Morena. Ya no hay resistencia.
La oposición, conocida como la conocemos, pero humillada en junio pasado, ya no existe en el espectro político ni en las Cámaras. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última barrera de contención contra la reforma en su perjuicio ha dejado de ser esperanza y opción.
A Morena se le está haciendo costumbre comprar, al precio que sea legisladores de la oposición. Puede ser por dos razones: la primera para afianzar su mayoría calificada de dos tercios de los 128 que integran el Senado, y dos, para debilitar a los opositores.
Desglosemos los datos: después de días de especulaciones, el 28 de agosto, los perredistas José Sabino Herrera Dagdug (Tabasco) y Araceli Saucedo Reyes (Michoacán) consuman su alianza con el oficialismo; la entonces presidenta electa les agradeció su decisión de sumarse a Morena.
Luego, el 11 de septiembre, cuando los veracruzanos Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, padre e hijo, se sumaron al oficialismo en la reforma Judicial, se acabó la esperanza.
Por si ellos no bastaran, Movimiento Ciudadano prestó a su senador campechano, Daniel Barreda, con sospechosa ausencia para dejar vía libre a la alianza gubernamental.
Algo peor: pasan los días y la cooptación de supuestos opositores no tiene fin, a pesar del presunto compromiso suscrito antes de las postulaciones de los candidatos del PAN, PRI y PRD.
La más reciente adquisición de Palacio Nacional es la priista Cynthia López Castro, quien se ausentó para facilitar la llamada “supremacía constitucional” de Morena, PT y Verde.
Con esos cinco senadores, no dude que ya les alcanza para conformar la bancada “de los Judas”, pues todos ellos han sido factor importante para que Morena logre sacar sus reformas.
El costo que han pagado es muy sencillo, hay expedientes que se los revivieron con aroma de cárcel y, aunado a ello, una maleta de mucho dinero, y así ¿quién se puede resistir?
Aun así, la senadora Cynthia López Castro mintió con todas las agravantes cuando justificó su ausencia en la votación de la “supremacía constitucional’’ argumentando que se le “había bajado la presión’’.
En realidad, lo que le ocurrió fue todo lo contrario, le aumentó la presión, pero de Adán Augusto López, para que se escondiera en ese momento clave para la vida política del país.
En la antesala de la votación para la reforma que evitaría impugnar las reformas constitucionales, nadie se imaginó que ya la tenía en sus manos para ausentarse en la votación y ayudar asegurando la mayoría calificada de la alianza oficialista ante la rebeldía del senador morenista Ricardo Sheffield que andaba presionando para que cesen las investigaciones que existen en su contra sobre corrupción en cierre de gasolineras.
Con Ricardo Sheffield, Morena suma 86 votos, cifra exacta de los dos tercios para aprobar las reformas constitucionales. Su ausencia puso en riesgo esa votación, por eso la compra de la priista.
Cierto es que el voto de López Castro no fue necesario para que pasara la reforma morenista, pero fue el “voto de emergencia’’, por si algo no salía como los morenistas esperaban.
Entre los amarres con Adán Augusto López, a Cinthya le ofrecerían que al salir del PRI le conservarían su presidencia de la Comisión de Defensa de los Consumidores y firmó el documento donde pide al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se avale con la mayoría de los votos del pleno.
Al día siguiente, la legisladora anunció que abandonaba la fracción del PRI “por diferencias’’ con su dirigencia nacional y se asumió como “independiente”.
No hay, no existe en la Constitución ni en ninguna ley secundaria, un artículo que habilite a la Cámara de Diputados o de Senadores, de la facultad expresa para que “autoricen’’ o “recomienden’’ al Ejecutivo el cumplimiento o no de un mandato judicial.
Lo visto en el Senado fue un episodio más en esta tragedia de enredos y chicanas en los que ha caído el Ejecutivo, con tal de justificar su rechazo a cumplir el mandato de una juez que le ordenó eliminar o bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial.
La consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, pudo haber recurrido la orden por la vía judicial, pero optó por la politización del tema, lo que ha llevado al gobierno de Claudia Sheinbaum de traspié en traspié.
Los obsequiosos diputados y senadores de Morena y sus rémoras quisieron regalarle a la presidenta una reforma constitucional que atentaba flagrantemente contra los derechos humanos, en busca de garantizarle “la supremacía constitucional’’ y la de los propios legisladores.
La presión social hizo que tal iniciativa fuera matizada, pero conservó el fondo: que ninguna reforma o adición a la Constitución pueda ser recurrida, combatida o controvertida, ni por la vía del amparo ni por las vías de la controversia o acciones de inconstitucionalidad.
El colmo fue la carta de “opinión” que envió la consejera Jurídica al Senado. Pero, la gravedad del tema radica en el hecho de que la propia consejera Jurídica no exhibió el sustento jurídico de su petición, simplemente porque no existe.
Y si bien los senadores de Morena y sus socios le “autorizaron’’ al Ejecutivo incumplir con la resolución de la juez, la que quedó peor fue la propia consejera Jurídica, que se supone está ahí para asesorar correctamente a la presidenta de México.
Como escribió el doctor en derecho, Ignacio Burgoa, no se trató de una “consulta’’ sino de una “coartada’’ con la que el Ejecutivo busca justificar el desacato a un mandato judicial.
Tras 68 días sin actividad en los juzgados y tribunales, el Poder Judicial de la Federación enfrentó un paro laboral con un impacto económico sin precedentes, de acuerdo con cifras extraoficiales, las pérdidas estimadas suman más de 12 mil millones de pesos; el paro se suma a los desafíos que enfrenta el sistema judicial en un momento crítico de su historia.
El paro, inició el 19 de agosto de 2024 y concluyó el 28 de octubre. Por mayoría de votos, los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) resolvieron la reanudación de labores el lunes 28 de octubre y no el jueves anterior como lo resolvió el Consejo de la Judicatura Federal.
Por su parte, la organización de funcionarios del PJF emitió un comunicado en respuesta a la circular 23/2024, en el que afirma que la reanudación obedece a la determinación libre y autónoma de las personas juzgadoras en beneficio de la población.
La JUFED indicó que esta decisión significa que no claudican en su convicción de rechazo de la, que calificaron de injusta e inconvencional reforma Judicial, y en contra de las acciones emprendidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo que atentan gravemente contra las libertades, derechos y garantías de todas y todos los mexicanos.
Cuando escuchamos hablar de “crisis de Constitucionalidad”, ¿en realidad, de qué estamos hablando?
Hablamos de la ruptura de la relación institucional entre los Poderes. Uno no le hace caso al otro, el otro se opone al otro y el Poder Legislativo está a contentillo del Poder Ejecutivo.
Si ya estamos en una evidente crisis de inconstitucionalidad, ¿qué le espera al país si, en el próximo 5 de noviembre, la mayoría de la Corte vota a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone declarar inconstitucional una parte de la reforma Judicial?
La pregunta no es ociosa, sobre todo porque, aun cuando se trata de un proyecto que tiene que ser votado por los 11 ministros de la Corte y que, para ser vinculante, requiere de una mayoría de 8 sufragios a favor; sin embargo, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ya aseguró que no lo acatarán.
El proyecto de González Alcántara (que consta de 366 cuartillas), se pronuncia por invalidar o declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados federales, debido que no se ofrece a los candidatos a dichos puestos un proceso equilibrado y justo.
No es así en el caso de los 11 ministros de la Corte, a quienes González Alcántara ve como sujetos de la reforma más por un acto de propia “contención’’, que por un análisis de fondo del tema.
En el propio documento se válida la elección de los ministros de la Corte, de los magistrados electorales y de quienes integrarán el Tribunal de Disciplina, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
También se manifiesta en contra de “los jueces sin rostro’’ y propone invalidar la reforma que cancela los efectos generales de un amparo.
Bajo esta última reforma, Morena y sus aliados, que aprobaron la reforma al Poder Judicial, pretenden que la concesión de un amparo no implica la suspensión de la norma impugna y no tiene efectos generales, es decir que la norma seguirá vigente y el amparo solo protegerá a quien lo solicite y no será de aplicación general.
La Corte discutirá y votará el proyecto de González Alcántara en los próximos días, y es previsible que el debate se lleve más de una sesión pues hasta el momento se da por un hecho que las tres ministras abiertamente morenistas, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz Ahlf, votarán en contra.
La duda es la ministra Margarita Ríos Farjat, también designada por López Obrador como lo fueron las tres anteriores y el ministro ponente, González Alcántara.
Y, aunque en Morena sigan diciendo que se trata de un exceso de la Corte, el proyecto deja la parte que le interesa al gobierno, es decir, la reducción de los integrantes del máximo Tribunal, la desaparición del CJF y la extinción de los fideicomisos que suman unos 20 mil millones de pesos y que, incluso, ya tienen destino.
Sumado a ello, está la reducción de los salarios de los ministros y magistrados, tal como demandó López Obrador.
Si esos no son guiños de la Corte para superar la crisis, lo siguiente es que les pidan la inmolación.
Ya quedó conformado el Comité que se encargara de la evaluación para los aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros, naturalmente que el que dio el plumazo de “okey” para los integrantes, fue el líder de San Lázaro, Ricardo Monreal.
Arrancó el proceso para que Morena tome control del Poder Judicial. Ése es el propósito real de la reforma Judicial lopezobradorista. Eso de que van a “democratizar” la elección de jueces, magistrados y ministros, o que van a limpiar a ese Poder de corrupción, son puros cuentos.
Lo que sí es real son las amenazas de Morena de no reconocer las renuncias de los ministros que, como dijo uno de ellos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no se consideran candidatos idóneos para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular. No aceptarles la renuncia, como amenaza Gerardo Fernández Noroña, implica la pérdida de sus haberes de retiro.
Sin embargo, al presidente senatorial se le olvidó que en la reforma al Poder Judicial está estipulado que los ministros que renuncien antes del 30 de octubre se irán con sus haberes de retiro.
Durante una mañanera, la presidenta hizo un comentario humillante. Dijo que los ministros quieren renunciar para llevarse “un montón de dinero”. Se le olvidó que dos exministros de la Corte están en su equipo: Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ellos ya cobraron sus haberes de retiro.
La mayoría de Morena, Verde y PT en San Lázaro aprobó con 326 votos, el acuerdo de la Mesa Directiva que propone a cinco integrantes del “Comité de Evaluación” que determinará la idoneidad de los candidatos a jueces, magistrados y ministros.
Se trata de cuatro mujeres y un varón: Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briseño Torres, María Gabriela Sánchez García y Andrés Norberto García Repper Favila. ¿Y qué cree? De esos cinco, por los menos tres están plenamente identificados con Morena, las otras dos sólo simpatizan.
Mientras tanto acá en Coahuila, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Mery Ayup, conocido por su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el sistema judicial, anuncio públicamente estar listo para postularse en el inédito proceso y participar en la elección de jueces y magistrados del 1° de junio, en 2025.
Desde que asumió el cargo el 1° de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que lidiar con el incremento de la violencia en varios estados del país, lo que ha generado dudas en diversos sectores sobre la estrategia de seguridad.
En opinión de algunos, la violencia fue heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, provocada por la política de no confrontar a los cárteles de la droga y de usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública.
El sexenio inició con el asesinato de seis migrantes a manos del Ejército, y con la muerte de tres personas en Nuevo Laredo, 10 días después. La tercera semana de la presidenta en el cargo culminó con el asesinato del sacerdote católico en Chiapas, que había sido amenazado, y con un enfrentamiento en Sinaloa en el que soldados mataron a 19 presuntos miembros de cárteles.
Y la semana pasada, el jueves, un cártel hizo estallar casi simultáneamente dos coches bomba en Guanajuato, uno en Acámbaro y otro en Jerécuaro, lesionando a tres policías.
Por su parte, Claudia Sheinbaum ha dicho que todos los incidentes están siendo investigados, pero sólo ha dedicado unos minutos, en sus conferencias matutinas, a comentar los hechos violentos, en sus primeras tres semanas en el cargo.
“La estrategia de seguridad va a funcionar, esto es para el pueblo, para la gente, va a funcionar. Eso no quiere decir que sea de un día para otro, pero va a funcionar”, ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo cierto es que, el narcoterrorismo en Guanajuato, las balaceras en calles de Sinaloa, el asesinato del sacerdote en Chiapas, las refriegas en Tabasco y los ataques a policías en Guerrero, son alertas de que algo no está funcionando en el plan de seguridad anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el corte del Informe de Seguridad diario del propio gobierno federal, sólo en los primeros 24 días del sexenio, mil 792 personas fueron asesinadas, un promedio de 74 homicidios cada día.
El clima de terrorismo que vive el país es contrario a los indicadores favorables de seguridad pública y paz social que tienen las familias coahuilenses, esto, gracias a la buena coordinación en materia de seguridad que preside el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el resto de los Poderes, incluyendo las corporaciones de los tres niveles de gobierno y el Ejército.
Cabe mencionar que Manolo Jiménez Salinas ocupa el tercer lugar nacional entre los gobernadores mejor evaluados, con un nivel de aprobación del 64.4%, de acuerdo con una encuesta publicada este miércoles. Superado tan solo por la gobernadora de Baja California (65.4%) y prácticamente empatado con la de Aguascalientes (64.5%).
Una muestra de que aquí, sí se respeta la ley, fue la vinculación a proceso de la exregidora torreonense, Xóchitl “N”, ya que representa un logro para la Fiscalía General del Estado en combate a la violencia de género por el incidente ocurrido en 2022, contra una exfuncionaria estatal y dos mujeres más.
Las cinco medidas cautelares que impuso la juez de control a la hoy imputada es muy significativo, porque en términos reales equivale a que la justicia alcanza a todas y todos, no importa si se trata de alcaldes, ediles o servidores públicos en funciones o de administraciones anteriores. En Coahuila, la integridad prevalecerá, es el mensaje.
Por otro lado, quien últimamente se la pasa rifas de boletos para conciertos a través de los famosos “giveaways” para aumentar likes en sus redes sociales, es ni más ni menos que el bello alcalde Román Alberto Cepeda, tal parece que su “equipo creativo” le ha copiado la estrategia al legislador coahuilense Jericó Abramo Masso.
Así que no dude ni tantito que el nuevo modelo promocional de Comunicación Social incluya los gritos en calles: ¡se compraaaan colchoneeees, refrigeradoreeees, estufaaas, lavadoraaaas, microondaaas o algo de fierro viejo que vendaaaaaaannnnn!... Con tal de llamar la atención a cualquier costo y minimizar los escándalos de corrupción en las direcciones municipales que han sufrido bajas durante el último mes. Algo visto como normal, desde que arrancó la administración cepedista.
Si tiene dudas, écheles un vistazo a los resultados de la Auditoria Superior del Estado durante el ejercicio fiscal del 2022, solamente en ese año, hay 132.8 millones de pesos no comprobados, es decir, que no tienen ni justificación ni respaldo contable que demuestre en que lo aplicaron. ¿Se imagina qué otras sorpresas nos podemos llevar en las auditorias del 2023 y 2024?
Mire usted, la rebelión declarada por parte de Román Alberto Cepeda a Manolo Jiménez Salinas no es otra cosa que un resentimiento añejo no superado, del primero, por la disputa de la candidatura tricolor al gobierno de Coahuila.
Sin duda, este asunto no tendrá un buen final ni tampoco durara un breve tiempo, va para largo. Nos recuerda aquel pleito entre el exalcalde José Ángel Pérez y el exgobernador Humberto Moreira Valdés. El final de esta historia, usted la conoce.
Por lo pronto, el gobierno estatal se alista en disminuir sus participaciones al municipio de Torreón, habrá recortes. Para sorpresa de miles, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ya instruyó a todo su gabinete a trabajar con programas sociales en beneficio de las familias torreonenses. Ha comunicado con ellos para tratar proyectos, necesidades, peticiones y por supuesto ofrecerles apoyos.
El gobernador de Coahuila es un hombre de enorme peso político y sensible a las necesidades de la ciudadanía.
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