La Reforma Judicial aprobada durante los últimos días del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado una desbandada en el Poder Judicial, pues ya han presentado su renuncia Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como otros ocho ministros que ya presentaron sus dimisiones ante el Senado de la República.
Asimismo, más de 400 jueces y ministros también han decidido presentar sus respectivas renuncias. El senado informó que, en total, hasta el cierre de la presente edición, han presentado su renuncia 157 jueves y juezas, así como 255 magistrados y magistradas.
El primero en presentar su renuncia fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el 29 de octubre, quien declaró: “hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia”. Evidentemente, optó por la segunda opción.
Al día siguiente, 30 de octubre, se le sumó Norma Piña Hernández, presidenta del máximo tribunal de la república, quien tiene un largo historial de confrontaciones con el gobierno federal que encabezó el ex presidente López Obrador, quien afirmó que su decisión fue tomada como un “acto de congruencia”. De los 11 ministros que integran la SCJN, solo tres han manifestado su intención de participar en el proceso de elección popular, mismos que, se afirma, son afines y se identifican con el partido en el poder.
La dimisión de los ocho ministros de la corte se dio durando el último día que tenían de plazo, al tiempo que declinaron participar en el proceso electoral que tendrá verificativo en el 2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros. Los integrantes de la Corte que renunciaron fueron los ya mencionados Norma Piña y Alfredo Gutiérrez, a quienes se sumaron Jorge Mario Pardo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar Morales.
Con lo anterior, los ministros se apegaron al artículo séptimo transitorio de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece que para poder acceder al haber de retiro los ministros debían presentar su renuncia a más tardar el 31 de octubre, aunque la medida surtirá efectos hasta el año entrante.
Cabe destacar, que la todavía ministra Margarita Ríos Farjat también renunció a su haber de retiro, uno de los aspectos que más se ha criticado a los integrantes de la SCJN, pues una vez que dejan su encargo dentro del máximo tribunal de la república pasan a un retiro dorado que incluye un pago mensual de 500 mil pesos, que en caso de morir siguen recibiendo en un 50 por ciento sus hijos y viuda o viudo. Asimismo, el haber de retiro incluye la asignación de tres camionetas blindadas con chofer renovables cada cuatro años, seguridad para ellos y sus familias, alimentación, combustible, pago de casetas, pago de servicios de telefonía celular, seguro de gastos médicos mayores, pago de marcha por defunción equivalente a cuatro meses de sueldo, ayuda de gastos de defunción para los deudos del ministro equivalente a dos meses de sueldo, entre otros, que en total, conforman una lista de 42 beneficios para los ministros en retiro y sus familias.
Quienes sean electos como integrantes del PJF en el 2025, no podrán superar el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que para el ejercicio fiscal entrante se estima en alrededor de 130 mil pesos mensuales. De igual manera, los ministros que no concluyan el periodo para el que sean electos no serán beneficiarios del haber de retiro.
Como se mencionó, solo las ministras Lania Batres, Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz, han expresado su deseo de presentarse como candidatas a la SCJN el próximo año, las tres, son conocidas por su cercanía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, principal promovente de la reforma judicial. Mientras tanto, la desbandada en el PJF continuaba, pues la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), convocó a una renuncia pública masiva el 31 de octubre a las 11 de la mañana frente al Senado de la República, para llevar a cabo una ceremonia donde las personas juzgadoras declinarán de manera pública su participación en las elecciones judiciales a llevarse a cabo el próximo año.
