Cada vez que el Estado mexicano otorga una concesión para que el agua de consumo humano sea gestionada como negocio está perdiendo soberanía, es decir, su razón de ser. El aparato estatal es el instrumento a través del cual el pueblo ejerce su soberanía, su poder máximo, sobre sus recursos naturales, sobre su territorio. Concesionar es ceder ese poder a quien posea la concesión y, por tanto, será ese concesionario el que fije los criterios de acceso a ese recurso vital que es el agua.
Quien quiera que pretenda una concesión para el manejo del agua de consumo humano es porque quiere lucrar con la satisfacción de una necesidad vital. EL negocio de unos cuantos estará por encima de la sed de la gente. Es cierto que la gestión pública, particularmente la que se encarga del agua en el municipio de Torreón, no es muy transparente que digamos y, también es cierto, no se caracteriza por su eficiencia administrativa. Pero eso no quiere decir que lo harían mejor quienes buscan obtener ganancias satisfaciendo la sed de los torreonenses. La administración pública puede ser tan eficiente como la privada y ésta última puede ser tan corrupta e ineficiente como la primera. Finalmente estamos hablando de actividades humanas.
En todo caso tendríamos que preguntarnos porqué una gestión determinada puede ser o no eficiente y, seguramente, encontraríamos que en buena medida se debe a que los dueños de la inversión y del recurso en cuestión, cuentan con los mecanismos necesarios para vigilar que la gestión se haga sin lastimar los recursos de los dueños. Así de simple, capacitación, información y organización es lo que permite a los inversionistas privados vigilar el destino de sus inversiones y eso es justamente de lo que se carece en los negocios públicos.
De manera que lo que tendría que plantearse es la generación de los mecanismos que permitan a la sociedad (que es la dueña del recurso agua) el ejercicio de su capacidad de gestión sobre el vital líquido de manera que, aunque nos cueste, finalmente nos ofrezca el servicio de acceso al agua por que se trata de un derecho humano fundamental. Por esa razón la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el agua es un asunto de seguridad nacional, de lo que se deriva que, en la medida en que se concesione, en esa misma medida se renuncia a la soberanía sobre ese recurso y, en esa misma medida, nos volvemos dependientes de quien controle el acceso al agua.
Por lo mismo la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sugiere que cada país invierta por lo menos el 1,3 por ciento del PIB Regional (AL), mientras que la ONU considera que los esfuerzos de inversión deben multiplicarse por 14 para alcanzar los objetivos para el desarrollo sustentable. De hecho ya se está haciendo un esfuerzo considerable e materia de inversión en gestión del agua mediante el programa Agua Saludable para la Laguna, misma que, al parecer, hace más apetitosa la privatización del agua.
Si ahorita ya es un gran negocio la venta de agua en botella o en bolsas, imagine lo que sería para una empresa privada quedarse con la concesión que pondría en sus manos la llave o válvula que permite que el agua llegue a las tomas domiciliarias, con el poder de cerrar esa llave a quien no quisiera o pudiera pagar el precio determinado por esa misma empresa. Un negociazo ¿no le parece? Nuestra sed en manos de negociantes que buscan la utilidad mas que satisfacer un derecho humano fundamental.