Que muchos jueces y funcionarios judiciales se opongan a la Reforma del aparato judicial se entiende, son los mas visibles afectados en sus privilegios, pero no en sus derechos. Que los varones del dinero se opongan, también es lógico porque son los principales compradores de la justicia convertida en mercancía. Lo que tampoco debería sorprender es que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos también sean opositores a cualquier cambio en la estructura judicial. A través de sus embajadores han defendido los intereses económicos de sus paisanos que tienen inversiones en nuestro país, algo perfectamente válido (esa es su función, siempre y cuando lo hagan respetando las leyes mexicanas.
En el fondo, lo que se está evidenciando, desde 2018, es que el entramado institucional y legal mexicano sufrió profundas transformaciones desde los años 80s, durante el llamado periodo neoliberal. Leyes e instituciones fueron modificadas con el único propósito de facilitar la entrada de inversiones y la salida de sus ganancias. Poco importaban la depredación ambiental o la explotación ilimitada de la población trabajadora. Fueron los años felices para los capitales extranjeros que se dieron el gran banquete, así como para los capitalistas mexicanos que se peleaban por las migajas. Soberanía o nacionalismo dejaron de ser los valores que daban sentido al concepto de nación.
Cambiaron reglas, instituciones y, sobre todo, los valores que imponían limites al capitalismo depredador. Para acabar con esas limitaciones el capital extranjero exigió garantizar sus inversiones y sus ganancias, garantías que se convirtieron en reglamentaciones, instituciones y, sobre todo, en una cultura de la depredación, de la competencia sin límites. Salinas, Zedillo y Peña Nieto le llamaban reformas estructurales.
Pues bien, la Reforma judicial trata justamente de cambiar esas reglas y el funcionamiento del aparato judicial, particularmente una profunda transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancias que sirven, por ejemplo, a evasores de impuestos como Salinas Pliego que, gracias a sus abogados y a la complicidad de jueces y magistrados, judicializa sus deudas fiscales para tratar de eludir el pago.
Las empresas extranjeras que vinieron a aprovechar la bonanza neoliberal, pudieron multiplicar sus inversiones gracias a los cambios que los gobernantes neoliberales hicieron. El gobierno mexicano confrontó antes a las empresas españolas vinculadas a la generación de energía, ahora toca el turno a norteamericanos y canadienses mismos que ven amenazadas sus cuantiosas utilidades si cambian a los jueces, sobre todo si se cambia la forma de elección de jueces y magistrados.
Por eso están tan preocupados, afirman que se lesionan partes de los acuerdos firmados como parte del Temec, el tratado diseñado por el equipo salinista para facilitar la depredación de nuestros recursos por parte de inversionista extranjeros. Depredación que tendrá su freno con la reforma judicial. Por eso el enojo con cara de justicieros, de preocupación por el medio ambiente y los derechos humanos. Pero los mexicanos ya los conocemos, particularmente el papel de la embajada norteamericana que, históricamente, ha sido de intervencionismo en cuestiones que solo atañen a los mexicanos. El presidente ha confrontado a los embajadores de Estados Unidos y Canadá, naciones con las que tenemos firmado un tratado comercial del que, sin duda, ellas han sido las grandes beneficiarias. En términos simples el presidente suspendió cualquier tipo de conversación con ambos embajadores, las puso en pausa. Por supuesto que las presiones van a aumentar. Hay que aguantar, es mas lo que podemos ganar o conservar que lo que podamos perder.