La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

Solo en México la palabra de un delincuente tiene más credibilidad que la de un gobernador.

La carta en la que Ismael “El Mayo” Zambada narra cómo fue emboscado y secuestrado para llevarlo a Estados Unidos, embarra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un comandante de la Fiscalía del Estado, que fungía como su guardaespaldas, fue publicada exactamente el día en el que López Obrador y Claudia Sheinbaum visitaban la entidad. Por supuesto que no fue casualidad.

La carta, si bien parece dirigida a Rocha Moya para reclamarle una traición, también tenía de destinatario al presidente, quizá como una forma de medir su reacción.

Porque López Obrador se ha desligado, personalmente, y a su gobierno en general, de la detención del capo más importante del país, con la historia de que “no estuvieron enterados’’, pero eso suena más bien como a un deslinde dirigido no precisamente al pueblo bueno y sabio.

Dice en su defensa Rocha Moya, que él “ni estaba en el Estado’’ cuando ocurrió el presunto secuestro de “El Mayo” y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, con quienes se supone se reuniría el capo.

“Me quieren hacer narco a la fuerza’’, dijo en su defensa el gobernador de Sinaloa, pero parece que, al menos en la entidad, a nadie le importó la declaración del gobernador.

Porque entre la sociedad se ha dado como cierta la versión de “El Mayo”, debido a dos factores: la ausencia completa de transparencia del gobierno mexicano de informar qué es lo que pasó y, segundo, que muchos presuntos delincuentes, entre ellos Genaro García Luna, están presos por los dichos de terceros.

Si les han creído a delincuentes que han testificado hechos de “oídas’’, ¿por qué no creer que la versión de la carta es real? ¿Son demasiadas dependencias para no tener datos, no cree usted?

Forzosamente el Instituto Nacional de Migración (INM) debió contar con información previa y autorizar el viaje de los ocupantes, según la versión del gobierno mexicano, una avioneta salida de Hermosillo en Sorona, a Santa Teresa en Nuevo México, a donde llegó un “Beechcraft King Air” con matrícula ficticia N287KA, pero no ha aportado sus archivos.

Esta información debieron tenerla también los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), sin cuya autorización no aterriza ni despega ninguna aeronave.

Después, está el rastreo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para dar seguimiento a la ruta de toda unidad en territorio mexicano o si viaja al extranjero.

Y por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), para la cual la unidad salió de Hermosillo.

Sin embargo, Estados Unidos tampoco aplicó la Ley, y allá no existe la laxitud jurídica. Se supone que toda aeronave en territorio estadounidense debe contar con permiso de tránsito aéreo o de lo contrario ser advertida y forzada a aterrizar en la pista más cercana.

O de lo contrario, según el acta publicada desde la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, las autoridades tienen autorización para derribar al invasor.

Esto no sucedió el jueves 25 de julio, cuando el FBI (Federal Bureau of Investigation) tenía agentes vigilados por la DEA (Drug Enforcement Administration, en inglés) para detener con diligencia a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López.

Todo sincronizado, todo perfectamente ejecutado mientras el gobierno de López Obrador quedaba pasmado con esa operación de sincronía.

Como antecedente, esta el caso de Humberto Álvarez Machain, el doctor secuestrado en Guadalajara por medicar supuestamente al exagente de la DEA para soportar mayor tortura por parte de personeros de Rafael Caro Quintero.

Al menos eso argumentaron los fiscales en la Corte Federal de Los Ángeles cuando lo presentaron como máxima prueba del crimen del exagente Enrique “Kiki” Camarena Salazar junto con Rubén Zuno Arce, excuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Eso pasó en el siglo pasado.

Hoy la estrategia se revive. Humberto Álvarez Machain fue llevado de Guadalajara a Texas, previo pago de 50 mil dólares de recompensa de la DEA, y de ahí a California para ser juzgado.

Al cabo de los años el galeno resultó exonerado y regresó libre de culpa a México por un hecho jurídicamente vigente: nadie puede ser secuestrado en otro país para ser juzgado en Estados Unidos.

Hoy hay un gran apoyo en ese plan. Según el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, hay una investigación por traición a la Patria y eso es justamente secuestrar a alguien y llevarlo a proceso en territorio ajeno.

Eso dijo exactamente “El Mayo” en texto difundido el sábado pasado por uno de sus abogados, Frank Pérez: “…no me entregué ni vine voluntariamente a Estados Unidos. Al contrario, fui secuestrado y traído por la fuerza y en contra de mi voluntad”.

El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue colofón de una larga disputa entre el fallecido y el gobernador Rubén Rocha Moya, por el control político y financiero de la institución educativa.

Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio, en la noche, cuando hacía un recorrido por una colonia de Culiacán. Días antes le había sido retirada la escolta de la Guardia Nacional, sin mayores explicaciones y sin saber quién dio la orden para que la protección le fuera retirada.

El exrector fue aliado de Rocha Moya en el 2021, para que el morenista ganara la gubernatura; el partido de Cuén Ojeda, el Partido Sinaloense (PAS), le aportó al hoy gobernador 90,000 votos.

Cuén Ojeda fue señalado como un intermediario entre “Los Chapitos” y Rocha, durante la campaña de 2021, aunque nunca se comprobó el vínculo. Cuén Ojeda acusó una persecución política y judicial no solo del gobernador, sino principalmente del secretario de Gobierno y hoy senador electo, Enrique Inzunza Cázarez, señalado por varias trabajadoras por agresiones sexuales. Ninguna acusación prosperó en su contra, pero ahí siguen las carpetas de investigación.

Cuén Ojeda pactó con el PRI, el PAN y el PRD una alianza con el PAS para las elecciones del 2024. Como su partido, por ser estatal, no podía postular a candidatos al Congreso federal, “renunció’’ a la dirigencia del partido que fundó para afiliarse al PRI con lo que pudo acceder a una candidatura a diputado federal, cargo que obtuvo.

“Se acabaron los intocables en el PRI’’, aseguró “Alito” Moreno, reelecto para un periodo más de cuatro años al frente del tricolor. Si la afirmación del campechano se cumple, es probable que en los próximos meses veamos la caída de mitos formados por el propio partido, personajes a quienes casi casi se les concedía la posesión de superpoderes.

“Alito” Moreno fue reelecto como presidente del PRI por los próximos 4 años, ante el reclamo de los expresidentes Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa.

Sin embargo, hay detalles que quizá este grupo de exlíderes del tricolor pasaron por alto o por conveniencia o franca ignorancia. Por ejemplo, argumentan que la “esencia’’ del PRI era la “no reelección’’, pero en el 2015 votaron en la Cámara de Diputados por la reelección de congresistas y de presidentes municipales.

Sostienen también que no puede hacerse una modificación de los Estatutos de los partidos políticos sino hasta el término del proceso electoral, pero existe una jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Electoral en la que se concede que dichos cambios pueden hacerse después de la jornada electoral. Es decir, después del día de las elecciones.

Con este escenario se ve complicado que el grupo que impugna a “Alito” pueda ganar la batalla legal con lo que el campechano tendrá el control del tricolor los próximos 4 años.

Nada evitará, al menos así parece hasta hoy, que el INE y el Tribunal Electoral avalen la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso.

El Tribunal Electoral desechó los recursos interpuestos por la oposición para anular algunas casillas impugnadas en varias entidades por supuestas irregularidades.

Pero es una interpretación de la Ley; lo más seguro es que será el Tribunal Electoral el que decidirá cuántos diputados y senadores tendrá cada partido.

La estrategia de los órganos electorales se enfoca al objetivo de dar a este gobierno y al próximo una maquinaria aplastante en todo el Poder Legislativo. Es decir, darles a sus aliados el poder para cambiar a su gusto la Constitución y por supuesto las reformas ordenadas por el presidente López Obrador. Todo sin mayor trámite.

De acuerdo con información de los cabilderos de oposición, no se ve, primero en el INE, que las interpretaciones jurídicas presentadas por la coalición opositora tengan prioridad en la discusión interna.

Así las cosas, Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada en San Lázaro y necesitarían tres senadores para alcanzarla en la Cámara Alta, lo cual, conociendo cómo se manejan algunos políticos, parece que no será problema.

Ahora sí concluyó el proceso electoral 2023-2024. La última etapa fue el cómputo final y la validación, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del triunfo en la elección presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo casi 36 millones de sufragios, lo que la convierte en la persona más votada en la historia del país.

Claudia ya cambio de paradigma, el cambio de política ya se dio bajo la puerta. Sheinbaum se reunió con un grupo de gobernadores a quienes dijo que durante su gobierno cada entidad tendrá una obra emblemática realizada con recursos federales. Y se hará sin distingos de colores partidistas.

Esa fue la clave la reunión con los mandatarios estatales. Es cierto que la mayoría de los asistentes eran de Morena y ya se han reunido con ella en otras ocasiones, pero en esta oportunidad también se incluyeron gobernadores de oposición que, tome nota, no se habían reunido con Claudia.

Es el caso del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, del PRI. La panista de Aguascalientes, Tere Jiménez. El priista de Durango, Esteban Villegas. También asistió Samuel García de Movimiento Ciudadano, emecista, pero de corazón guinda que ya antes ha visitado la casa de transición.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas lanzó un programa con el que quiere fortalecer el conocimiento de matemáticas, inglés y dominio del español en la educación básica y media en Coahuila.

Con este “Impulso”, nuestra entidad no sólo está dispuesta a coordinar la educación en cuanto a nómina y otros rubros administrativos; la intención es que la educación coahuilense sea una garantía de capacidades altas para quienes pasen por sus escuelas. ¡Bien por Coahuila!

El proyecto coahuilense suena muy interesante y, punto aparte, también llamó la atención que en primera fila estuviera Aurelio Nuño, quien fuera secretario de Educación Pública de Enrique Peña Nieto.

Entre las acciones preparatorias del próximo gobierno, hay una que, poco publicitada, puede ser muy importante: Claudia está escuchando a expertos en torno a órganos autónomos y las implicaciones internas e internacionales que acarrearían su desaparición.

Tocó el turno hace pocos días al tema de telecomunicaciones. La premisa de López Obrador era simple, por no decir simplista: “lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que lo haga la Secretaría del ramo”.

Pues bien, lo que los expertos expusieron a Claudia fue radicalmente distinto, el ordenamiento y vigilancia del espectro radioeléctrico y redes de comunicaciones que incluyen frecuencias policiales, de emergencia y de celulares sólo puede hacerse desde el IFT. La Secretaría de Comunicaciones no tiene el conocimiento, personal y capacidad técnica.

¿Y es efecto sólo local? No, el IFT representa a México y en algunos casos a América Latina entera para el ordenamiento internacional de las radiofrecuencias. Es bueno escuchar para no equivocarse.

Muchas personas entienden en México lo que es la democracia y sus reglas: la democracia es la voluntad de las mayorías, pero protegiendo el derecho a existir de las minorías, porque en el futuro esas minorías se pueden volver mayorías.

Incluso en lo mejor de nuestro país, en las universidades, en la academia, muchos pasaron su vida escribiendo sobre cómo se fue erosionando un sistema hegemónico en el Siglo XX.

Marcharon contra fraudes electorales el siglo pasado (reales, no deseados) y hoy se topan de frente contra la denominada sobrerrepresentación.

Bien lo decía Obama: en democracia no hay que dar nada por sentado, hay que defenderla cada día o la perderemos.

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