La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Si las recurrentes crisis de los partidos de la oposición se resolvieran solo cambiando a sus dirigentes, no estarían en la crisis que padecen desde el año 2000.
Quienes piden a gritos las cabezas de Marko Cortés y “Alito” Moreno, no tienen un proyecto de reconstrucción del PAN y el PRI respectivamente.
No se trata del “quítate tú para ponerme yo’’, porque ambos partidos enfrentan la disyuntiva de reconstruirse o perder el registro en las próximas elecciones intermedias.
“Alito” Moreno no quiere aguardar un par de elecciones más para terminar con el PRI, el dirigente lo quiere liquidar desde ahora mismo. Con tal de no presentar su renuncia.
El PRI comenzó los preparativos para su asamblea nacional, en la que se definirá no solo el dirigente nacional, sino temas como la sustitución del nombre, el cambio de emblema, el cambio de colores, y asuntos más de fondo como la reorientación ideológica.
“Alito” es capaz de cambiarle el nombre y despojar sus colores al PRI como si ese fuera el problema y no el hecho de que sus dirigentes se estén sirviendo con la cuchara grande sin voltear a ver a los ciudadanos.
La distancia entre el PRI y la población es cada día más grande. Los dirigentes no la quieren cerrar y buscar nuevos vínculos. No quiere escuchar lo que la gente tenga que decir.
Piensan que buscando algún color bonito y un nombre adecuado puede recuperar el terreno arrebatado. Están perdidos.
Son 6.5 millones de votos los que obtuvo el PRI el 2 de junio, un porcentaje nada despreciable de mexicanos que creen que todavía es opción política.
Los dirigentes tienen sus cargos y una plataforma del 10 por ciento de los votos suficiente para hacer negocios espléndidos. Por eso “Alito” no quiere esperar más para terminar con el tricolor, lo quiere sepultar ahora mismo.
El PAN obtuvo 9 millones de votos, pero, a diferencia del PRI, no se conoce que haya iniciado un proceso de análisis y menos de relevo porque, como responsables del manejo de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, al interior ha comenzado el ajuste de cuentas.
Se pueden ir Cortés y Moreno, pero sin un proyecto de reconstitución fundamentada en el México actual y no en el posrevolucionario, quienes los sustituyan serán, en tres años, las siguientes reses.
Parece que la candidata presidencial ganadora, Claudia Sheinbaum, necesita del circo mediático que significan las “encuestas’’ de Morena para legitimar una decisión que está tomada desde hace meses en Palacio Nacional.
De hecho, Sheinbaum se ha enredado con el tema con el que, si bien está de acuerdo, mantiene algunas reservas sobre los puntos intransitables enlistados por López Obrador.
Primero pasamos de las declaraciones del diputado Ignacio Mier, de que las reformas pasarían en septiembre, así como las envió el Ejecutivo, aprovechando sus mayorías en el Congreso.
Ese mismo día Sheinbaum matizó las poco inteligentes declaraciones del líder de su bancada en San Lázaro, argumentando que se darían tiempo para consultarlas con la población.
Desde ahí partió el discurso de los foros y las consultas con los sectores involucrados, aunque el matiz fue eliminado día tras día por el propio López Obrador, quien declaró que antes que el tipo de cambio y los mercados financieros estaba la reforma al Poder Judicial.
Ahora salen con que Morena hará tres encuestas, quién sabe entre quienes, para determinar no se sabe qué, pero que en el fondo serán un montaje que servirá sólo para legitimar una decisión tomada.
No hace falta perder tiempo y gastar recursos en una simulación, como ocurrió con “la consulta’’ para cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, cuando ya se conoce el final de la historia.
Lo novedoso sería que Sheinbaum determinará una pausa en esa discusión para analizar auténticamente una modernización del Poder Judicial que no pase por la subordinación al Ejecutivo.
Por cierto, Morena presentó los resultados de las tres encuestas que supuestamente realizó el fin de semana para conocer la opinión del pueblo bueno y sabio sobre la reforma al Poder Judicial.
Según esto, el 80% “de los mexicanos entrevistados’’ dijeron estar a favor de una reforma al Poder Judicial. ¿Por qué ese porcentaje tan bajo si bien pudo haber sido el 200% de los mexicanos?
Como sea, cualquier ciudadano de este país está consciente de la urgencia de una reforma al Poder Judicial, pero muchos no están con la reforma lopezobradorista que quiere una Corte domesticada y doblegada a sus intereses.
Nadie sabe, solo los líderes de Morena, qué se preguntó y a quienes se preguntó. No se conoció la metodología de la muestra ni el número de encuestados. La realidad es que los llamados “foros’’ y el dizque “parlamento abierto’’ para discutir la reforma son una farsa.
Claro que urge una reforma judicial que combata la corrupción, que haga cumplir el mandado de justicia expedita -hay presos que tienen decenas de años sin sentencia-, que acerque al Poder Judicial a la ciudadanía.
Pero hay un mar de diferencia entre lo que realmente se necesita y lo que cree el presidente saliente que se necesita.
Los foros son simplemente “para oír’’ lo que la gente tenga que decir “y no para debatir’’. Es decir, es una tomadura de pelo con el único fin de que Morena y sus legisladores se laven la cara, legitimen una decisión que hace meses se tomó en Palacio Nacional y que ahora, con la mayoría calificada en San Lázaro y a cuatro senadores de tenerla en la Cámara Alta, están dispuestos a sacarla al precio que sea.
Se imagina usted los ríos de dinero que correrán para las elecciones de los jueces. ¿De dónde saldrán los cuantiosos recursos que se necesitarán para promover a personas desconocidas para la mayoría?
Se leerá en bardas y espectaculares, con el hashtag: #EsFulanitoParaJuezDeDistrito porque si no, no lucen. O sea, igualito a los procesos internos del oficialismo.
La transformación del Poder Judicial va. Es un hecho irreversible por lo que hay que tener cuidado en los detalles.
Por cierto, durante la “Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2024” de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), celebrada en Parras, Coahuila, se destacó el papel que juegan los poderes judiciales locales en la construcción del Estado de Derecho.
Al inaugurar los trabajos, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, afirmó que la consolidación de un Estado democrático y de Derecho, requiere de poderes judiciales locales autónomos y sólidos.
Ante la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la diputada Luz Elena Morales, el magistrado presidente de la Ciudad de México y Presidente de la CONATRIB, Rafael Guerra, invitados especiales de organismos nacionales e internacionales, y magistraturas de los 32 estados del país, Miguel Mery dijo: “Hoy nos toca participar activamente en un momento histórico en nuestro país en el que como nunca antes la impartición de justicia se ha puesto en agenda nacional”.
En su mensaje, añadió: “Entramos a un proceso de reflexión de la justicia. Si bien se vota por un poder ejecutivo que puso en la agenda su visión particular en el debate de la justicia, esta agenda judicial del México que se acercará a la mitad del siglo, tiene que construirse con quienes atienden con un alta responsabilidad y pocos recursos, los conflictos cotidianos de nuestra sociedad”.
Como testigo de honor en el evento inaugural, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que, en Coahuila se respeta la autonomía de cada poder y se trabaja de manera coordinada por el bien de la gente.
Por último, Miguel Mery Ayup propuso que la CONATRIB entable un diálogo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, así como con las y los legisladores federales, para abordar la iniciativa de reforma del Poder Judicial.
La virtual presidenta Claudia Sheinbaum, presentó esta semana a su gabinete, en el Museo Interactivo de Economía, en el centro histórico de la Ciudad de México. Son los nombres de quienes se encargarán de la administración del país los próximos seis años.
Sheinbaum rompe así la tradición de presentar al gabinete la última semana previa a su toma de posesión, como se hizo por décadas.
Se entiende que la exjefa de Gobierno capitalino quiere que los integrantes de su equipo se hagan cargo personalmente de la transición en sus respectivas carteras.
Ello no solo ahorra tiempo, sino también recursos, pues en cada cambio sexenal se destinaba una cantidad millonaria a “la transición’’.
Las huestes morenistas de Coahuila andan dolidas por la secuencia de derrotas que han padecido a lo largo y ancho del Estado. En la pasada elección para gobernador, Manolo Jiménez Salinas los arrolló, algo inusitado en el contexto nacional que hace ver a esos morenistas como el negro del arroz.
Por eso trataron de emprender un contra ataque aprovechando la presencia en Coahuila del presidente López Obrador y de la doctora Sheinbaum. Pero les falló.
Fue el propio presidente saliente quien los paró en seco, recordándoles que la elección ya pasó. El gobernador Manolo Jiménez Salinas está haciendo en el gobierno lo que prometió en la campaña, atrayendo inversiones y conservando la paz, de ahí la reacción furibunda de algunos grupos que les cuesta trabajo asumir esa realidad.
Después de analizar y repasar los números de la elección una y otra vez, después de escuchar a expertos y gente de a pie, la conclusión es que ganó Román Alberto Cepeda.
Contexto: si en una elección extraordinaria con alta participación ciudadana como la que vimos en Torreón, donde Morena con todo el dinero que corrió por las calles, no pudo ganarle al PRI. Entonces, se puede advertir, sin error a equivocarnos, que, en los próximos 6 años, el PRI seguirá gobernando la “Perla de la Laguna”. La votación del domingo 2 de junio no se volverá a repetir ni en el mediano ni largo plazo. Por eso fue histórica.
Ahora bien, se habla de que habrá enroques y varios cambios en tanto dependencias municipales y estatales. Eso es buena señal. Ya se requiere una depuración de operadores políticos que cayeron nuevamente en simulación y otros en traición. Esperemos que la guillotina política haga justicia. A ver.
En Coahuila, los resultados electorales obligan al “círculo del poder”, el que toma las decisiones, a reconfigurar actores políticos en La Laguna, en términos de lo que viene: las próximas elecciones locales (diputados y alcaldes) y, por supuesto, la sucesión estatal que ya comenzó.
De entrada, en esta reconfiguración del poder público, los políticos laguneros más influyentes a nivel estatal lo encabezan: el alcalde Román Alberto Cepeda, el magistrado presidente Miguel Mery Ayup y el secretario Eduardo Olmos Castro. No hay más.
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