Arrancamos… EL ESTADO DELINCUENTE.- En el 2000, el problema más grande de México era la precariedad ética de su clase política. La corrupción avasallaba todos los ámbitos de la administración pública, y la percepción era que el gobierno formaba parte de la infraestructura de asignación ilegal de privilegios. La "existencia de la corrupción" no era aceptada porque en el fondo había resultado tener cierta eficacia. El régimen sustentado en la piedra angular de un solo partido repartía prebendas a partir de un menú de opciones económicas: de cargos, puestos y nombramientos, además de otorgar la administración discrecional de empresas públicas y un surtido variado de contratos, concesiones o licencias de toda índole que servían para negociar, intercambiar, pactar o cumplir con compromisos. Carlos Salinas había dejado un país en llamas y Zedillo, para proteger a sus amigos (especialmente a Guillermo Ortiz Martínez, quien había sido el autor, del desaguisado de los bancos), había decidido crear un gran bote de basura (el Fobaproa) donde el gobierno guardara y escondiera del pueblo sus quebrantos. El Estado había pasado de ser tutelar a delincuente y parecía que lo último que importaba a los políticos era la gente. Asimismo, algunos partidos se asemejaban más a ser cárteles criminales que instituciones sustentadas en corrientes ideológicas. Por otra parte, la derecha parecía haberse convertido en la ventanilla de gestoría de la clase empresarial de cuello blanco y la izquierda se desdibujaba errática en un mosaico de reivindicaciones personales. Los mexicanos, preocupados por obtener el sustento diario, observaban a la clase política desde abajo como si fuera un mal necesario de la historia. La clase política, al margen de las tareas de gobierno, se enfrascaba en la lucha por conquistar el poder y los territorios (sindicatos, el campo, las organizaciones populares, los consejos coordinadores empresariales). A su vez, los jóvenes, agobiados por el desencanto y la desolación perpetrada ante la falta sensible del empleo, salían de sus comunidades en un trágico éxodo masivo al extranjero. La realidad se impuso muy temprano en el sexenio. Los bancos quedaron al final en manos extranjeras y los partidos aumentaron como nunca sus prerrogativas, nacieron nuevas leyes para cerrar el paso a nuevas concesiones, las permisionarias se pertrecharon con la ayuda del gobierno y el Fobaproa quedó más impune que nunca. A su vez, el influyentísimo seguía intacto en el gobierno del cambio. Por eso el 2006 planteaba, una vez más, poner a juicio los privilegios de las élites. El proyecto de Vicente Fox, se había quedado solo, flotando en el discurso. Ante ello, el gobierno no podía resolver los problemas de México, porque el principal problema de México era el gobierno. MI VERDAD.- El Fobaproa se alzaba como el símbolo de la quiebra ética y administrativa