Son una forma de “guardadito”, dice López Obrador, como cuando un ama de casa separa una parte de su ingreso y lo pone a trabajar”, es decir, lo invierte para que genere rendimientos y, de esa manera, conserve su poder adquisitivo. Nos referimos a los fideicomisos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido desde hace años para beneficio de los propios magistrados, aunque ahora digan que es para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.
Si bien es cierto que la Constitución no los prohíbe, también lo es que dichos fideicomisos no tienen razón de ser ya que, año tras año, el poder ejecutivo le provee al judicial los recursos suficientes para su funcionamiento. Sin embargo, los responsables de la administración de la justicia en nuestro país, descubrieron que había maneras de eludir la obligación de regresar al erario lo que no se pudieran gastar.
Ya sea ahorrando, dejar de gastar en lo que decían necesitar, o inflando sus necesidades la Suprema Corte se las ingenió para que, año tras año, le quedar un remanente, una cantidad variable del presupuesto asignado y, lejos de devolverlo, descubrieron que se podía ahorrar justamente bajo el formato del fideicomiso.
La mejor manera de demostrar que los recursos metidos en un mecanismo como el fideicomiso, constituía una forma no muy sofisticada de usar recursos para resolver problemas personales de los magistrados, consiste en constatar que dichos recursos no se han tocado para resolver necesidades cuya satisfacción redundaría en un mejor servicio de administración de la justicia en México. Se han usado para resolver problemas que nada tienen que ver con el funcionamiento del aparato de justicia, simulando que se preocupan por las condiciones de vida de sus trabajadores.
¿Tiene sentido conservar y, por tanto, seguir alimentando los fideicomisos de la SCJN? Considero que no y, por lo tanto, se justifica su desaparición para que, en todo caso, sen los magistrados los que, con sus propios recursos, hagan las inversiones que consideren pertinentes y puedan satisfacer lo que a su juicio sea considerado como necesario, pero no con recursos públicos.
Los trabajadores del poder judicial, presuntamente damnificados por la extinción de los fideicomisos, tomaron las calles en diversas partes del país para protestar por la iniciativa de Morena. Están en su derecho. Sin embargo, como ya se demostró, los recursos incorporados a los fideicomisos no se usan para satisfacer sus necesidades. Son, por lo tanto, expresión de un privilegio que no se justifica en un país con más de la mitad de su población viviendo en la pobreza.
Así las cosas, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 fideicomisos, decisión que luego fue ratificada por el Senado funcionando en comisiones. Por supuesto, es seguro que en las manos de esos mismos magistrados quedará la última decisión pues, como ya se ha visto, se vendrá una “lluvia de amparos” que darán al poder judicial, es decir, a la misma Corte Suprema la oportunidad de decidir si las decisiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, están apegadas a lo que dicta nuestra Constitución. Por lo pronto, el “guardadito” desapareció y lo que falta es ver si la población apoya a los magistrados, algo improbable porque, parodiando al gran José Alfredo, “los pobres pa´rriba voltean muy poco, y los ministros pa´bajo no saben mirar”. Ya veremos cuando estos mismos ministros dicten sentencia sobre este asunto del que deberían excusarse porque, de no hacer, terminarán siendo juez y parte. Pero bueno, ese es su concepto de justicia.