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Con este concepto clave, los Estados Unidos durante la pandemia emitieron la orden de salud pública para expulsar inmediatamente a todos los migrantes que cruzaran la frontera allende el Río Bravo con la intención de mejores condiciones de vida, pues la pandemia y la intención de frenar su expansión y consecuencias dieron motivo a esta cláusula de salud pública para frenar las oleadas de migrantes sin retenerlos en centros de detención temporales bajo solicitudes de asilo como a veces sucedía. Pues bien, esta cláusula o decreto llega a su fin el 11 de mayo y ha desatado polémica ante el inminente arribo de miles de migrantes de diversos países que se aprestan a intentar cruzar solicitando asilo para protección de Derechos Humanos y que ven el final de esta cláusula como la posibilidad de alcanzar el llamado “sueño americano”, pues es cierto que la nombrada cláusula fue usada a todas luces no solo como instrumento de protección sanitaria, sino como herramienta para expulsión inmediata de migrantes. Al respecto, Human Rights First reporta que bajo la excusa de este decreto sanitario se tienen identificados más de 10 mil casos de secuestro, tortura, violación y otras vejaciones en contra de Derechos Humanos de personas migrantes. Preocupa también que a pesar del escudo anti migrante que suponía ser el título 42, tan solo en el año 2022 se registraron más de dos millones de intentos de cruces humanos ilegales hacia los Estados Unidos, lo que desde luego se anticipa que se incrementará exponencialmente al no haber ya disposición legal para expulsión inmediata de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera. También supone ser un problema serio para nuestro país, sobre todo para los Estados fronterizos que reciben a caravanas de miles de migrantes y para cuyos efectos sociales, ambientales y económicos no están preparados. Un ejemplo de las nefastas consecuencias lo vimos hace algunos días en Ciudad Juárez, en donde aproximadamente 38 migrantes murieron calcinados en un incendio dentro de un centro de detención para migrantes, en donde más que centro de detención con fines de deportación, parecía una cárcel de tercer mundo en donde las personas estaban prácticamente encerradas y nadie les abrió las celdas cuando el incendio comenzó, lo cual deja en evidencia no solo la negligencia de nuestras autoridades, sino la ausencia total del respeto a los Derechos Humanos y la falta de organización y logística para el adecuado procesamiento de quienes son detenidos con fines de deportación. Ya no hablemos de los índices de violencia e inseguridad que representan estas caravanas para ciudadanos mexicanos. Se anticipa una oleada humana en busca de la cobertura del título 8 que permite que toda solicitud de asilo sea atendida por autoridades estadounidenses antes de la deportación, lo cual alimenta falsamente las esperanzas de estas personas que huyen de sus países ante la precariedad, el hambre, la inseguridad y la muerte. Se aproximan tiempos difíciles que requerirán esfuerzos binacionales bajo un enfoque de Derechos Humanos.