Después de las reformas a diversos ordenamientos legales que impulsó Carlos Salinas de Gortari, y sobre todo, después de las reformas “estructurales” que se llevaron a cabo durante el gobierno de Peña Nieto, la superficie terrestre, especialmente los recursos naturales del subsuelo, quedaron a merced de quien tuviese los recursos económicos para explotarlos.

Particularmente las empresas mineras canadienses, aunque no solamente, obtuvieron acceso a riquezas que durante años fueron consideradas como patrimonio de la nación, de acuerdo con el espíritu de la Constitución de 1917. Sin embargo, desde los años 80, particularmente a partir del régimen de Miguel de la Madrid, empezó una sistemática demolición de la estructura institucional y legal que sintetizaba la experiencia de un país víctima recurrente de los saqueos que potencias, vecina y lejanas pero casi siempre con la complicidad de apátridas, habían cometido contra México.

El marco constitucional funcionó durante mucho tiempo como un dique contra las ambiciones de empresas petroleras y mineras que ambicionaron nuestros recursos. Por eso invirtieron mucho tiempo y, sobre todo, recursos para modificar ese entramado institucional. Hasta que llegaron los neoliberales. Sobre todo a partir del sexenio anterior se modificaron la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Pues resulta que el pasado 28 de marzo el presidente López Obrador presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones legales entre las que se encuentran las mencionadas en el párrafo anterior, todo un paquete de ajustes legales conocidas como la Reforma Minera. Con esta medida se pretende poner un freno al saqueo indiscriminado que las grandes compañías mineras están haciendo en nuestro país. 

Por ejemplo, hoy se pueden otorgar concesiones y asignaciones sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, y la Reforma Minera pretende que se hagan sobre la base de un concurso público, además de que se prohíba el otorgamiento cuando la zona no cuente con disponibilidad de agua o se ponga en riesgo a la población. Tal como están ahora las leyes vigentes la población sale sobrando, si hay algún riesgo será la población la que cambie su ubicación para no interferir con la explotación de las compañías mineras.

Actualmente las concesiones mineras se otorgan con una vigencia de cincuenta años, susceptibles de ser renovadas por un periodo similar, pero la Reforma Minera se propone limitar el periodo de concesión a 15 años, susceptible de renovarse por una sola ocasión por un periodo similar.

De acuerdo con la legislación actual la ocupación de los predios sobre las minas puede obtenerse mediante expropiación; ocupación temporal; o constitución de servidumbre, mientras que en la reforma propuesta se elimina la figura de la expropiación y únicamente se mantiene la ocupación temporal y la constitución de servidumbre.

Por otra parte, en la legislación actual se establece que la concesión para usar, explotar o aprovechar aguas nacionales no será menor de 5 años ni mayor de 30 años, mientras que la Reforma establece que las concesiones de aguas nacionales para uso en minería tendrán una vigencia máxima de 5 años.

Y así por el estilo están los cambios impulsados en ese paquete llamado Reforma Minera, con el objetivo de limitar, que no evitar totalmente, los saqueos que han caracterizado a ese conjunto de sexenios que López Obrado llama “el periodo neoliberal”.

Con razón se quejan, aunque sin generar nuevos argumentos. Que habrá incertidumbre jurídica, que no se podrán recuperar las inversiones, que se ahuyentan inversiones, etc.