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El veredicto contra Genaro García Luna ante la justicia estadunidense es “culpable”. El exsecretario de seguridad pública y hombre fuerte en el sexenio de Felipe Calderón fue encontrado culpable de los delitos de tráfico de cocaína, delincuencia organizada y declaraciones falsas en la corte de Brooklyn. Las declaraciones de los testigos que presentó la fiscalía norteamericana se basan en espeluznantes y lamentables sucesos ubicados en el contexto de la más cruenta guerra contra el narcotráfico emprendida por un gobierno federal en la historia de México. Paradójicamente, la declaración de guerra iba acompañada de un macabro contubernio digno de una novela de Katzenbach. El slogan sexenal “para que la droga no llegue a tus hijos” era una farsa mediática que escondía corrupción y sobornos al más alto nivel gubernamental al estilo colombiano en donde el mismo gobierno se encargaba de eliminar rivales del cartel del Chapo Guzmán y una policía federal al servicio no del pueblo, sino de capos de la droga. En dichas declaraciones se mencionaron sucesos preocupantes que implican al exgobernador Humberto Moreira quien según lo dicho de las arcas públicas coahuilenses pagaba sobornos al periódico El Universal para trabajar en la buena imagen del entonces secretario de seguridad pública. Más allá de las declaraciones y el veredicto final de la justicia yanqui, vale la pena analizar algunos puntos relacionados con este caso, el primero es constatar una vez más que la justicia en México está muy lejos de ser efectiva y sobre todo con los llamados “peces gordos”, pues pareciera que solo basta con enviar a los sospechosos de delitos al país vecino para que la justicia los alcance como si en este país no existieran las instituciones encargadas de castigar a funcionarios o exfuncionarios acusados de corrupción o cualquier otro delito. El segundo punto es la facilidad con que el crimen organizado seduce no a las instituciones, sino a los hombres que las dirigen y en ese sentido hace mucha falta comenzar a endurecer las reglas para la selección del personal en áreas tan delicadas como la seguridad pública y que el “amiguismo” y “compadrazgo” político no sean más los poderes decisorios en la designación de este y otro tipo de cargos, tal vez es hora de que la seguridad pública encuentre más filtros dentro del poder legislativo para mejorar sus resultados. Finalmente, es deseable que el caso García Luna sea solo la cloaca que ha sido destapada y comience un efecto dominó que provoque que exfuncionarios de alto nivel sean enjuiciados y sentenciados para que la impunidad no sea la constante que caracteriza a los políticos en México y suceda lo que, en otras latitudes como Perú con Alberto Fujimori, Panamá con Ricardo Martinelli, y Argentina con Carlos Menem. Que no se estanque el suceso, que deje secuelas y siente precedentes para que la corrupción realmente comience a erradicarse en nuestro sistema político, caiga quien caiga y entre más gordo el pez, mejor la sensación de justicia en un pueblo azotado por la corrupción y la impunidad desde sus orígenes como nación.