Todas las cosas tienen dueño, si vamos hablar del Instituto Nacional Electoral, INE, que está dentro de la género de cosa, luego el INE tiene dueño. Como el INE es un instrumento orgánico, es decir, integrado por personas, normas y recursos materiales, para prestar un servicio a su dueño, luego el INE es propiedad de los ciudadanos, pues es el instrumento que le sirve al pueblo para garantizar la legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad en los actos y hechos para elegir a sus gobernantes.
Recordemos lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; “Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Con lo anterior no queda duda de quién es el dueño del Instituto Nacional Electoral.
Ciertamente que el dueño está en todo su derecho de cambiar, modificar, corregir, perfeccionar el instrumento que no le está dando los beneficios para el cual fue creado y diseñado. Como el caso que nos ocupa, el INE, es uno de los órganos autónomos de México con funciones de máxima autoridad electoral, los interesados en su mejoría somos todos los ciudadanos mexicanos.
Por lo tanto es absurdo pensar que un solo ciudadano trate de convertirse en un supermexicano y él solo quiera obligar a cambiar a su muy personal gusto una institución que es de los mexicanos y para servicio de todos y más indebido es si pertenece a uno de los Poderes de la Unión pues sería juez y parte. Como absurdo sería que un partido político, grupo de poder o colectivos de cualquiera índole quisieran ser competidores y árbitro al mismo tiempo en la contienda electoral.
Ya mencionamos que cuando un instrumento no está dando lo mejor de sí y es pertinente buscar su perfeccionamiento, serán los dueños los que soliciten o demanden, si fuera necesario, al INE a convocarlos para que de manera individual o constituida en personas morales presenten las iniciativas de reforma ante la cámara de diputados.
Luego el camino correcto y seguro es que el propio INE convoque a todos los mexicanos, en goce de sus derechos y obligaciones a presentar sus enmiendas y perfecciones para el Instituto y los diputados, representantes de la voluntad popular, las aprueben en el congreso y el INE mantenga su autonomía ante cualquiera otro poder o autoridad.
Es la sociedad civil (pueblo), de donde dimana todo poder público, la única facultada para modificar los órganos de gobierno para acomodarlos a su propio beneficio, incluido el INE.
Siendo la sociedad civil la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y generalmente de manera comunitaria, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo persona situado fuera de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, las empresas o poderes económicos o de otra naturaleza, es ella la facultada para perfeccionar al INE.
Por tal motivo cualquiera intento de autoridad pública o poder formal o de facto que atente contra la integridad del INE violenta la Constitución, el Estado de Derecho y comete grave agravio contra la soberanía del pueblo de México. La única garantía que tienen los pueblos y países democráticos, incluido México, de ser gobernados por autoridades legítimas, vivir en libertad y en paz, es que exista una institución autónoma emanada de la propia sociedad civil, que organice como máxima autoridad electoral las elecciones y declare ganadores a los que obtuvieron la mayoría de los votos de los mexicanos. Usted ciudadano dice la última palabra.