La mala racha de la Cuarta Transformación se extiende. Los operativos de defensa y contraataque digital, tan eficientes en la primera mitad del sexenio, ya no alcanzan rápido sus objetivos. Los casos “Guacamaya Leaks” y “El Rey del Cash” lo confirman. En ambos casos el operativo de control de daños ha multiplicado los perjuicios.
Es un panorama poco halagüeño para el cierre del sexenio. ¿Qué le queda a Morena? Los programas sociales son su seguro de vida. Puede afirmarse, sin exagerar, que el programa de la Secretaría del Bienestar —60 y más— es la acción de política pública más determinante en lo que va del siglo XXI.
Es lo que mantiene a Morena en la pelea e incluso con posibilidades de repetir en el 2024, sobre todo porque la oposición atraviesa por una crisis existencial, al grado de que, a estas, alturas el PRI todavía no sabe si oponerse o de plano sumarse al partido mayoritario.
Aunque el presidente López Obrador ha intentado minimizar el caso del grupo hackers—activistas denominados “Guacamaya” y el mega hackeo a los servidores de la Sedena, la verdad es que se trató de una violación a la seguridad nacional y varios personajes relevantes de la Cuarta Transformación ya están pagando un alto precio.
Ya hay un marco legal de seguridad informática, pero ha mostrado ser insuficiente ante la realidad de los delincuentes que han conseguido nuevas vías de acceso a la información clasificada.
Por eso el senador Ricardo Monreal, tiene prisa en plantear una nueva legislación en materia de ciberseguridad que proteja a las instituciones del Estado. En ese nuevo marco legal deben asentarse las bases de la integración institucional de las autoridades encargadas de preservar la ciberseguridad, de manera que las nuevas tecnologías sean confiables y seguras.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, descalificó tajantemente el contenido del libro “El Rey del Cash”. Quien aseguró que no hay pruebas de lo que se publica, donde se habla de un presunto esquema de financiamiento ilegal al movimiento de la Cuarta Transformación.
Y señaló que es un acto de deshonestidad intelectual de la autora del libro, la periodista Elena Chávez, la expareja de quien por muchos años fue el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, quien narra detalles sobre los 18 años que vivió con César Yáñez.
La alianza política “Va por México”, como coalición parlamentaria, está rota. Los dirigentes del PAN y PRD anunciaron la suspensión temporal de acuerdos con el PRI. Responsabilizan a su dirigente nacional “Alito” Moreno, quien promovió en la Cámara de Diputados una iniciativa que prorroga hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En lugar de los cinco años estipulados en la reforma constitucional de 2019 por la que se creó la Guardia Nacional, ahora el gobierno federal tendrá nueve para convertirla en la institución civil y profesional de la que habla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tres años, el avance en la desmilitarización ha sido prácticamente nulo. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá concluir su sexenio sin ninguna presión para que la Guardia Nacional se vuelva un cuerpo profesional separado del ejército, bajo la conducción de un mando civil.
Por ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, instruyó a las bancadas de Morena, PT y Partido Verde para apoyar la propuesta de los diputados del PRI. Juntos lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para sacarla adelante.
En el Senado, los operadores políticos del presidente López Obrador lograron quebrar al “bloque de contención”. Fueron nueve senadores del PRI que terminaron votando a favor de la misma iniciativa con algunos cambios menores, a pesar que casi todos se habían pronunciado públicamente en contra, incluida la coahuilense Verónica Martínez. Dos senadores más del PRD aportaron los votos adicionales que Morena y sus aliados necesitaban para conseguir la mayoría calificada en la Cámara Alta.
La nueva versión de la iniciativa se encuentra de regreso en la Cámara de Diputados, será aprobada y, luego, iniciará su recorrido por las legislaturas estatales. Así se consumará la primera reforma constitucional desde las elecciones legislativas de 2021, en la que se formó la moratoria legislativa “Va por México”.
En realidad, la reforma no cambió nada. Se hizo para que todo siga igual en materia de seguridad pública. Pero la iniciativa para prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha servido para poner en jaque a la alianza opositora. Falta por saber si seguirá en pie en las elecciones de gobernador del Estado de México y Coahuila de 2023. Si se disuelve, será todavía más difícil reconstruirla para el 2024.
El rompimiento de la alianza “Va por México” abre de par en par las puertas para que Morena consolide su dominio territorial y llegue a las elecciones presidenciales de 2024 sin competencia real. El principal afectado sería el PRI, que sin los votos del PAN y PRD corre el riesgo de perder dos de los tres estados que hoy gobierna.
La alianza opositora tiene mucho sentido electoral para el PRI. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, no ha sido capaz de retener uno solo de los estados donde gobernaba. Ha entregado las plazas una tras otra. Su único triunfo lo tuvo en Durango, gracias a los votos del PAN.
La coalición “Va por México” representa para el PRI la mejor oportunidad de pretender una línea de defensa ante el avance de Morena y sus aliados en los estados que aún gobierna. Pero los intereses personales de sus dirigentes parecen ir en otra dirección. Si prevalecen, terminarán convirtiendo al PRI en un partido satélite de Morena. No habrá PRI—Mor, el tricolor correrá la misma suerte que el Partido Verde.
Sin máscaras, el titular de la secretaría de Gobernación, reveló que buscará revivir la Reforma Eléctrica, además, de construir una verdadera Reforma Electoral, por lo que pedirá apoyo al PRI. Precisó que, ante la alianza política entre Morena y el PRI para ampliar la presencia del Ejército en las calles, no duda que la bancada tricolor se sume a otras reformas. Las revelaciones hechas por Adán Augusto López, sobre el ofrecimiento del dirigente nacional del tricolor “Alito” Moreno, para cooperar con el gobierno federal, confirma la imposibilidad de la alianza “Va por México”, fractura que tiene en vilo al PAN, PRI y PRD. La pérdida del registro de alguno de ellos está a la vista.
Una cosa es la euforia con que la oposición se ve y otra muy distinta es la que provoca. Algo de esto pasó con motivo de la creación de “Unid@s”, proyecto de seis organizaciones de la sociedad civil al que pretenden sumar al PAN, PRD y parte del PRI.
La propuesta es organizar un nuevo frente opositor que permita sumar a todas las fuerzas sociales y políticas posibles de cara a la nueva obsesión en que se han convertido las elecciones del 2024.
La oposición no puede desarrollar una estrategia sólo con voluntarismo y buenas intenciones. Sus proyectos han venido permeando poco o nada en el grueso de la sociedad. Es precisamente en este sector en donde el presidente López Obrador tiene el control, que a estas alturas se ve muy difícil de poder compartir.
La oposición parece tener un proyecto fundamentalmente en contra de López Obrador, éste es su punto de partida. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador siga con altos niveles de popularidad y siga teniendo entre sus millones de seguidores actitudes de incuestionable militancia y de admiración las cosas van a seguir por el rumbo en que andamos.
La estrategia presidencial ha sido efectiva. Responde al aquí y ahora y por lo mismo para sus furibundos seguidores no hay manera de ver más allá que el presente. No se puede ver el futuro porque a mucha gente se le está resolviendo su presente, que en el fondo es también una forma del gobierno de invertir electoralmente en el futuro. En algunos casos se resuelve el presente como nunca antes había pasado.
Es lógico que la oposición quiera unirse en un frente amplio ante la evidente fuerza del gobierno, no hay manera de que se tenga otra estrategia.
No es casual que el presidente López Obrador ironice y hasta se ría. No es un problema de quién tiene la razón lo que importa, cómo se dice en “Alicia en el País de las Maravillas”, es quién tiene el poder, porque además de tenerlo lo ejerce a plenitud.
El debate sobre la reforma electoral puede definir parte del futuro de la alianza opositora en su conjunto. A pesar de la división que hay entre la oposición, ponerse de acuerdo en un tema de tanta relevancia puede atemperar los ánimos.
Sin embargo, la verdadera tarea está en construir proyectos, porque sin ellos, por más que les dé por la algarabía y la euforia, no les va a alcanzar.
Los integrantes de la tambaleante alianza PAN—PRD y el frente de organizaciones sociales agrupadas en “Unid@s” dicen que la confluencia con los priistas aún es posible, pero la verdad es que ninguna candidatura común de la que sea parte el tricolor es factible —ni en el Estado de México ni en Coahuila ni en ningún lado, ni para gobernador ni para regidor siquiera—, si no lleva la firma de “Alito Moreno”, porque él se encargó de modificar los estatutos para que dijeran eso.
El estilo del dirigente nacional del tricolor ya cobró sus víctimas. El lunes, el exgobernador sonorense Eduardo Bours puso en pausa su militancia en el PRI, inconforme con las formas y actitudes de “Alito Moreno”, que han afectado, dijo, al partido y su agenda legislativa.
El responsable del priismo rumbo a 2024, “Alito Moreno”, convocó a una pasarela de aspirantes presidenciales para la próxima semana, la cual podría ser el preludio de una participación electoral en solitario, noticia que ansía y promueve el oficialismo.
Entre los invitados para hablar está la senadora Beatriz Paredes. También, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo; la senadora y excanciller Claudia Ruiz Massieu; Ildefonso Guajardo, diputado federal y exsecretario de Economía; el exgobernador Alejandro Murat; el excanciller, exsecretario de Hacienda y exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, así como los gobernadores Alfredo del Mazo, Esteban Villegas y Miguel Ángel Riquelme, aunque no estaba claro, al momento de escribir estas líneas, cuántos habían confirmado su participación.
Los nombres de los posibles sucesores del dirigente nacional del PRI ya empiezan a sonar y a pesar de que “Alito” Moreno, se quiere aferrar al puesto hasta 2024, todo parece indicar que una vez que concluyan las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, será quien ocupe las oficinas de Insurgentes Norte. Al tiempo.
El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, en su libro “Jaque Mate al crimen organizado”, hace una reflexión, e incluso una autocrítica, a las estrategias que emprendió como gobernador de Coahuila entre 2011 y 2017.
Entre otras cosas, pone como culpables de la ola de violencia, que nos azotaba, a la industria del juego y las apuestas, que nunca dudó en mostrar aversión. En 2015, Rubén Moreira impulsó un cierre indiscriminado de esos negocios tras promulgar la famosa Ley Anticasinos, donde dejó claro que esa actividad también se vincula a delitos como la prostitución y el narcotráfico.
Es claro que la estrategia del exgobernador de Coahuila, al menos en ese punto de sacar a una industria que genera más de 50 mil empleos directos y otros 120 mil indirectos en el país, fue equivocada. La realidad es que el cierre de las salas de juegos y apuestas no trajo más tranquilidad a los coahuilenses, y demostró que una cosa no tenía que ver con la otra.
Y en cuanto a la relación apuestas—delitos, habría que informarle al exgobernador Rubén Moreira que en septiembre del 2010, la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, encargó a académicos criminólogos de la Drexel University y Temple University un análisis del impacto que habría tenido la apertura de un nuevo casino en la ciudad; luego de numerosos análisis, los investigadores concluyeron que a pesar de las creencias, la apertura del casino no tuvo un efecto significativo en delitos callejeros violentos, robos de vehículos, delitos relacionados con drogas o robos.
Por lo cual, culpar a la industria de juegos por la actual crisis de violencia que vive México, resulta algo ambiguo, pues es bien sabido que se trata de un fenómeno que se ha expandido por el país conforme los grupos criminales buscan controlar el comercio de las drogas y se disputan el territorio nacional y las rutas de exportación.
Es un hecho que a pesar de tener cifras positivas en varios rubros, Coahuila no es el estado pacífico que tanto presume Rubén Moreira, y en cambio, la entidad que gobierna Miguel Ángel Riquelme Solís perdió inversiones y una derrama económica importante con el cierre de casinos si pondera que a nivel nacional ese sector sólo en la parte de impuestos genera una derrama de más de 5 mil millones de pesos a nivel federal y otros 2 mil 500 millones de pesos en tributos municipales.
También habría que subrayarle a Rubén Moreira que estos negocios se encuentran bajo la permanente supervisión de la Secretaría de Gobernación, además, de tener a todos sus casinos vinculados en tiempo real al Sistema de Administración Tributaria —SAT—, que recientemente dirige el Maestro Antonio Martínez Dagnino, por cierto, muy cercano a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El legado de Rubén Moreira persiste y Coahuila dejó pasar una alternativa de entretenimiento que hace que sus pobladores acudan a estados vecinos como Nuevo León, Durango y Sinaloa, por lo que ojalá los nuevos tiempos políticos que vive el país, y que seguramente se verán reflejados en las elecciones de 2023, permitan tener una visión más realista de los casinos en esa entidad.
Ya arrancó el proceso electoral para las elecciones en dos estados el próximo año, Estado de México y Coahuila, y de los dos sólo se conoce, con certeza, a una candidata que va a competir, se trata de la maestra Delfina Gómez, quien en el proceso pasado perdió frente a Alfredo Del Mazo y la maquinaria del PRI.
¿Qué falta para que los partidos, en general, definan con quién van a competir?, o siquiera saber ¿cómo será su proceso de definición?
En el Estado de México el PRI, el PAN, PRD y MC, deben definir su suerte y clarificar el camino. Primero si habrá alianza opositora con los tres partidos que compitieron juntos en el pasado proceso federal y en algunos estados, PRI-PAN-PRD, y luego saber si MC va solo o se suma a la alianza.
El PAN dice tener gallo en la persona del exalcalde de Huixquilucan y ahora diputado local Enrique Vargas del Villar, así lo canta y anticipa su presidente Marko Cortés, y el PRI está deshojando la margarita en manos del gobernador Alfredo Del Mazo, quien tiene por lo menos a tres aspirantes listas para tomar la salida. La flamante secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, la diputada Laura Barrera y la diputada federal, exsecretaria de Educación de la entidad, exsenadora y favorita de la clase política y de la militancia mexiquense, Ana Lilia Herrera.
Ni Morena se decide en Coahuila entre el expanista Luis Fernando Salazar, el senador Armando Guadiana o el exdiputado y actual subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja. Ni la posible alianza que deberá definir entre el excandidato y exsenador José Guillermo Anaya y los exalcaldes de Saltillo, Jericó Abramo Masso y Manolo Jiménez. Dicen los que saben, que de estos 6 nombres saldrá el próximo gobernador.
Faltan exactamente 232 días para la elección, nada está definido y las encuestas, que son el retrato del momento, han demostrado que son sólo eso, un reflejo del sentir, pero la definición, en muchos casos, se toma cuando el elector está en la fila y hace su reflexión final.
El proceso de campaña será muy importante y hoy más que nunca definirá al ganador. Los candidatos deberán estar muy enfocados en el proceso sin permitir distracciones, deberán ser cautos en sus afirmaciones y más en sus luchas.
La contienda será una prueba para la elección presidencial en el 2024, así que los partidos, candidatos, estrategas y encuestadores se pondrán a prueba. Y aunque los números dicen lo contrario. Ni el PRI gana aun Coahuila con la alianza del PAN y el PRD, ni Morena puede decir que la del Estado de México la tiene en la bolsa.
Quien no para y cada fin de semana se moviliza para sumar respaldos en el proyecto de hacerse de la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila es Ricardo Mejía Berdeja. La semana pasada se reunió con alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes le reconocieron el interés por sumar al sector. Les comentó que el estado tiene los recursos y capacidades para convertirse en una potencia nacional, además, cuestionó que directivos de la institución hayan buscado convertirla en oficina tricolor. Fue el mensaje.
Sonaron muy fuerte los señalamientos de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal, en contra del senador Armando Guadiana —el viejo del sombreron— mejor conocido como “El Piporro”, contra quien pende la amenaza de una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada.
En una entrevista —en cadena nacional— el senador Armando Guadiana, asegura que desde 2012 fue exonerado de los delitos que se le imputan, pero no exhibe nada que lo avale. Según el artículo 195 del Código Nacional de Procedimiento Penales, es un juez de control quien fija el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años.
Tampoco acredita algún documento que especifique “el no ejercicio de la acción penal” por parte del ministerio público federal encargado de realizar las investigaciones. Lo que nos hace suponer que sigue siendo investigado por delitos penales en mención.
Al que se le cayeron las pantaletas, perdón los calzones, fue a su discípulo en el Cabildo de Torreón, Cristian Manuel López Chávez, el famosísimo “Brassier”, el mismo que atropelló un camión de transporte urbano con matrícula “Lalo Olmos” en el proceso electoral del 2020, quien ya se hacía con la candidatura en la bolsa a una diputación local, claro, en el remoto caso que el senador Armando Guadiana fuese ungido como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila.
Ya que hablamos del Cabildo de Torreón, nos comentaron que hubo réplicas sobre el amorío entre la regidora priista Ana Luisa Cepeda Álvarez y su pareja sentimental, el regidor José Armando González Murillo mejor conocido como “Lumba”. Nos hacen ver que la dama en cuestión es adicta a los hombres prohibidos —por sus anteriores conquistas— que incluso ya la conocen en los pasillos de la Plaza Mayor como la “Lily Téllez” de Torreón. ¿Será?
Y que los que se traen una pelea al estilo “amores perros” son Leticia Castaño Orozco, mejor conocida como “La Mafalda” del PRI y el director de Egresos del Ayuntamiento de Torreón, Raúl Garza del Valle, por la disputa del trabajo territorial en el sector poniente.
Que el coraje de Doña Leticia Castaño fue a parar con el gobernador Miguel Riquelme, quien, dicen, solo se aguantó la risa por los berrinches de una mujer en decadencia.
Otro dato, se les vio comiendo juntos en reconocido restaurante a Doña Leticia Castaño y al cuarto regidor Enrique Sarmiento Álvarez. Al final de la reunión se le vio discutiendo intensamente.
Como lo comentamos la semana pasada, Raúl Garza del Valle, se metió hasta las entrañas del poniente en la operación política a favor de su jefe, Román Alberto Cepeda.
A propósito de candidaturas a las diputaciones locales del 2023, nos dicen que la lista oficial ya avalada por Manolo Jiménez serán, anote usted: el primer regidor Luis Jorge Cuerda, la segunda regidora Xóchitl Cepeda Rodríguez —con esto pagaran al Profe Mario Cepeda su permanencia en el PRI—, el tercer regidor —secretario general del comité municipal del PRI— Felipe González Miranda, y por último, la reelección para la diputada Olivia Martínez Leyva. Y que el diputado local “traga de oquis” Hugo Dávila se irá a calentar a la fría banca. ¿Será?.
El PRI de Coahuila se encuentra copado por no más de tres grupos de poder, pero ninguno de estos se identifica con Manolo Jiménez Salinas. Por ello, suena fuerte el rumor que Óscar Pimentel González actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila, es quien llegará a dirigir el instituto político tricolor. Es el momento de las definiciones en el PRI. ¿Será?Nos leemos en la próxima… ¡no olvides compartirla!