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En el marco de la convocatoria emitida por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila (SEA) para renovar a uno de sus consejeros ciudadanos del consejo de participación ciudadana, vale la pena echar un lacónico vistazo al desempeño de dicho órgano en cuanto a sus resultados en su misión institucional de combate a la corrupción.
De entrada, y para no andar con rodeos, el SEA no es hasta el momento más que un carísimo elefante blanco que solo sirve de adorno; cuesta mucho y no ha hecho nada en cuando a su misión del combate contra la corrupción.
Para empezar, el presupuesto que ejerce este organismo para este año es de 28 millones de pesos y sus actividades se han remitido exclusivamente a visitar a los alcaldes del Estado y “dialogar” con ellos sobre la vinculación de los municipios con el SEA, lo cual dista mucho de su objetivo primigenio; por su parte, los sueldos tampoco guardan relación con los resultados de dicho organismo, pues el secretario técnico de dicho ente “autónomo” gana más de 100 mil pesos mensuales; y los logros obtenidos como institución se remiten exclusivamente a la simulación ecologista de la llamada oficina verde y en el periodo 2020-2021 sus logros más trascendentales fueron un concurso de dibujo, distribución de pósters y un programa de cómo hacer una queja; y al respecto en este último punto, ya sea por queja o investigación propia, el SEA no ha hecho una sola recomendación a organismo público alguno por casos de corrupción, y por supuesto estos casos abundan, pues en el informe del año pasado se presentaron 142 inicios de presunta responsabilidad administrativa por casos de corrupción de los cuales solo el 9% recibieron sanciones sin especificar el tipo de castigos que bien pudo quedar en una amonestación por escrito.
Así mismo, en el indicador de procedimientos contra municipios, presumen más de 115 sanciones, pero ninguna con algún monto financiero, lo cual termina en un simple exhorto a que “ya se porten bien” los alcaldes en futuras ocasiones.
Llama la atención como es que municipios como Allende que cuenta con 117 inicios de procedimiento administrativo y Morelos con 226 no han terminado con ni siquiera una simple sanción verbal.
Ante tan patéticos resultados y evidente ineficiencia, vale la pena preguntarse si tiene sentido y razón de ser un organismo que no combate a la corrupción y solo sirve para entregar jugosos sueldos a sus integrantes en un ostensible escenario de simulación en donde la corrupción parece no existir ni en los municipios ni mucho menos en el gobierno del Estado. Por ello es bastante cuestionable la designación de sus consejeros ciudadanos y desde luego a su secretario técnico y directores de área o departamento que en conjunto nos cuestan más de dos millones de pesos mensuales a los coahuilenses, pues con esos resultados parece que las designaciones obedecen a designios que buscan mantener a la SEA en estado de letargo y simulación institucional en lugar de ser un instrumento efectivo y contundente contra la corrupción que permea incólume en todos los rincones de Coahuila.